Las sociedades cuando tienen problemas para los que no encuentran soluciones fáciles suelen dejar al albur en que el transcurso de tiempo los resuelve; así ocurre con la contaminación y el efecto invernadero, que en la última cumbre del clima de París se ha aplazado al menos en cinco años la toma de medidas al respecto. Algo parecido ha ocurrido con el fenómeno del independentismo catalán, que al final ha encontrado a nuestros dirigentes políticos en calzones. Por fin ha ocurrido lo que nos barruntamos hace tiempo: un nuevo Molt Honorable de la Generalitat Catalana plantea la desconexión en el plazo de 18 meses de ese país que milenariamente se ha llamado España.
El problema catalán, o mejor el problema del independentismo catalán, acelera su larvado en el mismo momento en que las competencias de educación se trasfieren en su totalidad al gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña; es en este momento en que los independentistas empiezan a construir una historia que ha configurado a los españoles como enemigos de los catalanes.
La Historia es una ciencia bastante inexacta por lo proclives que somos los humanos a darle un sesgo interesado; y desde la visión segada e interesada se generan sentimientos, que indudablemente son los que han animado a muchos españoles residentes en Cataluña a votar por opciones independentistas.
Pero hoy no toca hablar de Historia, en la que soy un aficionado, toca hablar de Economía, materia en la que no sé si soy experto, pero en la que al menos estoy titulado. La Economía también es otra ciencia inexacta que curiosamente suele explicar los hechos cuando estos han ocurrido. Y dado que pretendemos hablar de Economía, no nos queda otra opción de preguntar ¿quién va a pagar los gastos derivados de este dislate que es la declaración de desconexión (independencia) de Cataluña?
Pasamos de la lírica y tratamos de responder a una pregunta que nadie, de los que pilotan el proyecto de desconexión (independencia), ha sabido o querido explicar. Bueno, y ni falta que hace, porque ha sido finalmente la CUP (anticapitalista y antieuropea) la que ha apuntalado el proyecto, eso sí «dando 18 meses de plazo para la constitución de una República Catalana, prestando para ello dos de sus diputados que trabajarán con JxSí». ¡Para echarse a temblar!
De todos es conocido que la Generalitat Catalana, al igual que otras autonomías, anda un tanto relajada en el cumplimiento de su equilibrio presupuestario; a lo mejor es que ya saben que, al final, alguien pagará los gastos y que el ministro Montoro, que no ha tenido problema en abrasar a impuestos a sus votantes del 2011, está demostrando bastante magnanimidad en cubrir (tapar) los derroches de Mas «el Astuto».
Volviendo al tema principal de quién va a pagar los gastos, como tengo una cierta edad, me preocupa lo que pueda pasar con las pensiones si se produce la desconexión de Cataluña. España tiene un sistema de pensiones que se basa en la solidaridad, esto es que los cotizantes actuales mantienen con sus cuotas las prestaciones que perciben los jubilados. Estoy entre los que opina que el sistema de pensiones debe de ser revisado por la evolución de nuestra pirámide de población y un simple cálculo actuarial, pero es un modelo que hasta ahora ha garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestras clases pasivas.
Nuestro sistema de pensiones garantiza la percepción de las pensiones a sus beneficiarios desde la jubilación hasta el fallecimiento, con independencia de la nacionalidad de los cotizantes; parece justo que un ciudadano que ha cotizado solidariamente, perciba su pensión con aportaciones solidarias cuando le llega su jubilación.
En Cataluña reside algo más del 16% de la población de España y los pagos totales previstos, en concepto de pensiones para 2016, son de más de 120.000 millones de euros, por lo que la hipotética nueva República debiera aportar, al menos, 20.000 millones al Estado del que se pretender segregar. Sin embargo, no creo que entre las previsiones de estos astutos promotores de la secesión figure el comprometerse a un sistema solidario para mantener las pensiones en España, de la que son perceptores los españoles residentes en Cataluña. Esta encrucijada histórica, que se inicia el 10 de enero de 2016, va a significar una reválida para nuestros diputados nacionales que han de empezar a decidir el futuro de esta gran nación que se llama España y que muchos deseamos que siga manteniendo su integridad y, por supuesto, su nombre.
Y sigue preocupándome quién va a pagar los gastos.
