13 de enero de 2016
13.01.2016

Por un gobierno de emergencia democrática

13.01.2016 | 04:42
Por un gobierno de emergencia democrática

En las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo el pueblo alumbró el camino del cambio y nuevos gobiernos llegaron para dignificar y regenerar la vida política y defender los intereses de la mayoría social pero, presos de la negra herencia del PP, se han encontrado con las manos atadas e hipotecados bajo la bota de Montoro.
Si añadimos el marco legislativo reaccionario y ultraconservador que ha tejido el PP en estos cuatro años, nos encontramos con un escenario de recortes de los derechos sociales como no se recuerda en la historia democrática española y un retroceso de más treinta años en niveles de desigualdad, según certifica la ONU. Ese es el triste balance de la política conservadora y de austeridad del PP.
Las elecciones generales del 20 D han confirmado la voluntad de cambio del pueblo soberano que con su voto ha dicho:
1º) Que el PP, el partido de la corrupción y principal culpable de la desigualdad social y de la pobreza de amplias capas sociales, no puede ser la solución para este país. Su incapacidad de conseguir los apoyos necesarios es más que evidente.
2º) Que el cambio en este país pasa por articular una alternativa política de izquierdas que revierta urgentemente las reformas reaccionarias impuestas por el PP durante la anterior legislatura y abra cauces de diálogo y de pactos.
El apoyo popular a los partidos de centroizquierda y de izquierda ha superado en un millón de votos al de los partidos de la derecha. Por lo tanto el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana y las candidaturas de confluencia de Cataluña, País Valencià y Galicia, tienen la enorme responsabilidad de no frustrar las esperanzas ciudadanas y dar cumplida respuesta al deseo ciudadano de cambio.
Existe la posibilidad, la capacidad y la necesidad de un gobierno de emergencia democrática que, en una corta pero intensa legislatura, adopte medidas urgentes de regeneración democrática, de reversión de las leyes antisociales de la derecha más rancia y la puesta en marcha de las reformas que permita crear las condiciones de desarrollar un proceso constituyente para construir un nuevo país.
La elección de un nuevo president de la Generalitat de Cataluña y la continuidad del proceso soberanista catalán, se ha convertido en un nuevo y poderoso argumento que está utilizando interesadamente el PP para presionar a los sectores más conservadores del PSOE, bajo el chantaje de la necesidad de un Gobierno fuerte y estable para enfrentarse al desafío catalán y a los «enemigos de España».
Consentir por acción u omisión que el PP gobierne de nuevo o forzar unas nuevas elecciones que darían una clara ventaja al PP, supondría la mayor frustración ciudadana, el fin de la esperanza de transformación de este país y un altísimo coste que pagaría el partido que lo permitiera.
Es verdad que los problemas y los obstáculos que tiene planteados este país son múltiples y complicados, pero es la hora de la política y de pensar en la gente y en la ciudadanía más allá de los intereses de partido.
Esos problemas son fundamentalmente tres: El problema de la desigualdad social, el de la articulación territorial del Estado y el del modelo de construcción europea.
Cualquier intento de dar solución a todos estos problemas a un mismo tiempo es harto complicado por las posiciones tan distantes en el tema de Cataluña y el derecho a decidir pero, si hay voluntad política, las fuerzas del cambio son capaces de negociar y pactar un marco de prioridades y un calendario en la atención y solución de cada uno de ellos.
El problema prioritario y más urgente para un gobierno de emergencia democrática es, sin duda, el problema del desempleo y de la desigualdad que divide a la sociedad española entre una minoría cada vez más rica y una mayoría empobrecida. La respuesta es poner en marcha un plan de emergencia social, aumentar el SMI y las pensiones, revertir la reforma laboral, la LOMCE o la ley mordaza, garantizar los derechos sociales, poner en marcha medidas de regeneración democrática, cambiar la ley electoral, la ley contra violencia género o la puesta en marcha de la atención integral a los refugiados y a inmigrantes, etcétera.
La cuestión de la articulación territorial y nacional y el referéndum no es una prioridad y por tanto no debe convertirse en línea roja que bloquee el pacto. Es una cuestión que requiere una solución política y debe ser pactada en el marco de una reforma constitucional que garantice la consulta y el derecho a decidir, como se ha hecho en Escocia.
En definitiva, la condición necesaria para revertir las políticas antisociales del PP, disponer de una financiación digna y justa por parte de los gobiernos autonómicos y buscar una solución pactada a la reivindicación de la consulta y el derecho a decidir a través de la reforma constitucional, es la formación de un gobierno de emergencia democrática de izquierda que responda a la esperanza de construir un nuevo país.

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