Triste herencia

Sé lo que digo y digo lo que siento. En los últimos cuatro años es cierto que se han resuelto los más graves problemas macroeconómicos heredados del Partido Socialista, pero son demasiados también los perjudicados por el Gobierno del PP, presidido por Rajoy, que ha desatendido los problemas cotidianos de la vida nacional, utilizando su abrumadora mayoría absoluta para beneficiar a los más privilegiados en vez de a esa mayoría que lo votó creyendo que cumpliría unas promesas electorales ignoradas después ignominiosamente para desesperación de tantos, que han encontrado en los nuevos partidos revolucionarios cauce a su indignación. Hace cuatro años ni existía Podemos, ni se intuía su aparición. Este partido que ahora se alza como la gran esperanza para millones de votantes es la herencia que Rajoy nos lega. Este problema de ingobernabilidad al que se enfrenta la nación es la herencia que Rajoy ha producido, por no haberse preocupado de modernizar un sistema electoral caduco. Por no enfrentarse al desgaste de instituciones como el Senado, a la politización del sistema judicial, al desvarío de la clase política en su conjunto y del presidente del gobierno de Cataluña en particular. Porque la corrupción ha esquilmado la confianza en el PP, aunque se hayan tomado medidas a posteriori de tantos y tantos delictivos asuntos. Y por mucho insistir en que «hemos ganado las elecciones», eso no sirve de nada si no se puede gobernar, como no han podido gobernar en cientos de ayuntamientos ni en Asturias, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Canarias. Si la gran política consiste en prevenir, no en curar, está claro que el presidente Rajoy no pasará a la historia como un gran político, sino como el presidente pusilánime que acertó solucionando la crisis económica pero nos hundió en el abismo de los radicales y los antisistema, dispuestos a arrasar la democracia que tantos esfuerzos costó conseguir desde los negros años del franquismo, hasta desembocar durante la Transición en los laudables Pactos de la Moncloa, cuyos firmantes merecería la pena ahora recordar para ejemplo de quienes nos gobiernan o nos quieren gobernar: Leopoldo Calvo-Sotelo (por Unión de Centro Democrático), Felipe González (por el Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (por el Partido Comunista de España), Enrique Tierno Galván (por el Partido Socialista Popular), Josep María Triginer (por la federación catalana del PSOE), Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el Partido Nacionalista Vasco), Miquel Roca (por Convergència i Unió) y Manuel Fraga (por Alianza Popular), junto a Adolfo Suárez que presidía el gobierno de UCD.

Tal vez una purga revolucionaria es lo que necesite la nación para purificarse de todo lo que la está corroyendo, empezando por la vergüenza de una clase política que la ha conducido a una situación de ingobernabilidad, por anteponer sus intereses a los del pueblo que ha de servir, aunque ahora Rajoy se abra a propiciar «por amplios consensos las reformas que necesita España», eso sí con él como presidente. Seguramente deseo irrealizable, pues cuatro años de prepotencia y de displicente actitud han aglutinado a las demás fuerzas políticas contra él.

Pero no menos desvergüenza manifiesta el actual secretario general del Partido Socialista Obrero Español, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que con los peores resultados electorales jamás obtenidos por su partido está dispuesto a presidir el Gobierno de la nación, aunque sea a costa de unirse con una amalgama de partidos de izquierda radical que donde ya gobiernan gracias al PSOE en ayuntamientos y autonomías están causando toda clase de desquiciamientos. Y muchos son los problemas antiguos y nuevos que es necesario resolver para que nuestros gobernantes se enzarcen en cuestiones ramplonas e intrascendentes, demostrando la incapacidad o la superchería con las que han enmascarado sus promesas electorales.

Así, don Pablo Iglesias Turrión, líder de Podemos, que tanto ha clamado contra el sistema, bien que ahora quiere aprovecharse del mismo intentando que los socios con los que concurrió a las elecciones (En Común-Podem, Compromís-Es el Moment y En Marea) tengan grupo parlamentario propio en el Congreso, aunque su Reglamento en el artículo 23 establece que: «En ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido. Tampoco podrán formar grupo parlamentario separado los diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado». Podemos y sus socios han concurrido con la misma lista de partido y no se han enfrentado ante el electorado, por lo que la nueva Mesa del Congreso debería rechazar esta petición. Sin embargo, Pedro Sánchez se muestra dispuesto a permitir que Podemos tenga en el Congreso cuatro grupos parlamentarios pues parece «de justicia y es bueno para el país». Por ello los «podemitas» recibirían 2.735.125 euros anuales, en vez de 1.705.630 euros que les corresponderían como un único grupo con 69 escaños, además de tener más turnos de palabra en los debates del Estado de la Nación y en las sesiones de control al Gobierno. A cambio de alterar el Reglamento, los socialistas piden el apoyo de Podemos para alcanzar la presidencia del Congreso.

Así, los tres principales partidos que las elecciones del 20-XII-2015 han decidido son triste ejemplo de ambiciones que presagian una legislatura tormentosa. O nuevas elecciones.