Tribuna

Minorías en democracia

18.12.2015 | 08:52
Minorías en democracia

Ya están aquí las elecciones generales! Ya tenemos nuevas promesas sobre la mesa, montones de ilusiones, de esperanzas, toda una batería de sueños para elegir y decidir nuestro futuro. Es el momento en el que los candidatos se acuerdan de todo el mundo. Todos los que aspiran a llegar a gobernar, obviamente, tratan de obtener la mayor cantidad de votos posibles, por eso no importa que seas blanco o de color, si eres capaz o incapaz, si eres rico o pobre, si tienes trabajo o si no llegas a final de mes; basta con que pertenezcas a un grupo mayoritario, que sumes votos para que tus preocupaciones queden plasmadas en los programas electorales, programas que luego deben tener su reflejo en las leyes. Por eso los políticos cambian sus programas electorales, sus prioridades, según la necesidad de votos. Basta con recordar que antes de Zapatero ya había dependientes en España y las mujeres morían a manos de sus parejas; o que antes de Ada Colau y del STOP-Desahucios también se arrojaban a la calle a familias enteras o que sin Podemos ni Ciudadanos ya existían niños que hacían sólo una comida al día y los centros sociales hace mucho tiempo que tienen sus puertas abiertas. En estas elecciones del 2015, no nos engañemos, estos grupos de ciudadanos están en los programas electorales porque, por desgracia, son muy numerosos, o bien tienen el reconocimiento social, lo que los convierte en un granero importante de votos que ningún político va a dejar escapar.

Pero a veces lo verdaderamente difícil es sobrevivir en una sociedad democrática cuando perteneces a un grupo minoritario y tus votos no son decisivos para gobernar. Los «raros», las minorías tienen que buscar y rebuscar en los programas electorales para ver o más bien intuir dónde están las soluciones a sus problemas; vienen siendo como «la letra pequeña» de los programas de los partidos políticos. Las minorías casi nunca tienen cabida en los mítines, pocos hablan de ellos, pero aun siendo «esa letra pequeña», promesas dichas en voz baja de un gran programa electoral, algunas tienen posibilidad de verse reflejadas en una ley. Leyes que permitan a los políticos ayudarlos, aun siendo minoritarios; eso sí siempre y cuando no perjudique a las mayorías, las que con su inmenso número de votos les posibilitó alcanzar el poder. Por eso no es de extrañar que cuando un político, cuando un dirigente tiene que elegir entre favorecer a minorías o mayorías, lo tiene claro; le basta con sumar con los dedos de la mano, faltaría más. Y si no, dejen que les cuente lo que está ocurriendo en la Vega Baja con los alumnos con necesidades educativas especiales, grupo minoritario donde los haya.

En el sistema educativo español los alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos niños y niñas que requieren durante su escolarización apoyos y atención específica que derivan de su discapacidad. La atención para este tipo de alumnado está recogida en todas las leyes educativas de la democracia española, y todas bajo el epígrafe «de contribuir a una sociedad más plural y menos discriminatoria» han ido sufriendo modificaciones. La última en la LOE que recoge «el principio de inclusión» para este tipo de alumnado. La inclusión viene a decir que los apoyos, la atención, los recursos tienen que llegar allá donde se necesiten, sin tener que ser los alumnos los que tengan que desplazarse en busca de ellos. Pues bien, a pesar de que desde 1974 las leyes contemplan la escolarización de niños discapacitados en aulas específicas dentro de centros ordinarios, al sur de la provincia de Alicante, en la Vega Baja como os decía , todavía estamos interpretando las leyes. Y es que las autoridades competentes no terminan de decidir cuántas y dónde tienen que ir estas aulas específicas y están dejando que sean los propios colegios quienes tomen esta determinación. Así con argumentos tan peregrinos y dolorosos de oír como que «se nos va a llenar el colegio de niños de estos», son los directores, los claustros y alguna que otra Asociación de Padres de los centros públicos los que deciden si van y dónde van las aulas de la discordia. Mientras los Servicios Psicopedagógicos Escolares de Sector (SPES), los inspectores y los responsables políticos de educación miran hacia otro lado y con la burda, anticuada y recurrida excusa de la falta de recursos, pisotean los derechos de una minoría para no soliviantar a la mayoría. Y mientras las aulas específicas no llegan, o lo hacen con cuentagotas, tarde, mal y no siempre bien vistas a los colegios públicos de la comarca alicantina.

Mucho me temo, visto lo visto en la campaña electoral, que las criaturas, niños y adolescentes en edad escolar, marcados por una discapacidad en la Vega Baja volverán a ser «la letra pequeña» de otra legislatura más. Otros cuatro años que muchos de ellos tendrán que desplazarse para buscar los recursos educativos que necesitan en lugar de acercarlos a sus colegios, a sus localidades como dicta la ley; y todo por conservar un puñado de votos. No serán los únicos, los acompañarán, volviendo a ser «letra menuda», los que agonizan en un hospital suplicando una muerte digna, los afectados de enfermedades raras, la mujeres que comercian con su cuerpo para llegar a fin de mes, los inmigrantes que seguirán dejándose la dignidad, y muchas veces la vida, para alcanzar un hogar donde descansar; todos, todos y cada uno de ellos tendrán que esperar, luchar y soñar para que dentro de cuatro años quizás sean una prioridad política, quizás sus problemas se digan en voz alta en un mitin, quizás sus necesidades abran programas y debates electorales y así , quizás, de una vez por todas, dejen de ser minoritarios en democracia.

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