La campaña ruin y cobarde, lanzada contra el concejal de Ocupación de Vía Pública por parte de personas que se esconden tras el anonimato, es la gota que colma el vaso de una estrategia de confrontación, absolutamente estéril, que el representante (?) de los empresarios de hostelería y de ocio de Alicante, Sr. Lalo Díez, portavoz así mismo de la ejecutiva socialista de Alicante, viene desarrollando desde que se constituyó el nuevo gobierno municipal.
Es la estrategia propia de la peor derecha, la de quienes piensan que el poder político debe someterse a determinados grupos o lobbys empresariales. Eso es lo que ocurría bajo el mandato del PP, que mandaban quienes no se presentaban a las elecciones y se escondían entre bambalinas, y es lo que pretenden ahora determinados personajes que, con tal de conseguir el fin que pretenden, no tienen escrúpulos en utilizar lo que haga falta, incluso a los sindicatos, que han desmentido rotundamente el apoyo a los locales de ocio en el tema de los veladores y manifestado su preocupación sobre la baja calidad del empleo en el sector de la hostelería.
La actual ordenanza de veladores fue aprobada en el Pleno municipal del 26 de marzo de 2013 con los votos del PP y el del representante de UPyD (hoy en Ciudadanos) y el voto en contra de Esquerra Unida y del PSOE. La ordenanza fue impuesta por el rodillo del PP, desatendiendo absolutamente todas y cada una de las alegaciones de las asociaciones de vecinos y de la oposición. A partir de ese momento, la concesión masiva de licencias ha saturado de veladores las calles del centro tradicional, privatizando buena parte de los espacios públicos a costa de los peatones y el descanso ciudadano, mientras se bloqueaban las denuncias vecinales. El resultado ha sido un modelo de monocultivo de locales de ocio, bares, restaurantes, pubs y discotecas, un fenómeno que, además de alterar el equilibrio entre vida económica y derechos ciudadanos, ha tenido como consecuencia principal la práctica desaparición en esas zonas del pequeño comercio plural y diversificado que es el que vertebra y anima la vida económica de cualquier zona de la ciudad.
Se ha sustituido la burbuja inmobiliaria por una nueva burbuja hostelera y de ocio. El proyecto de peatonalización del centro tradicional, bueno en principio, se ha convertido en un proceso de creciente privatización del espacio público.
El único responsable del conflicto provocado entre hosteleros y vecinos, que amenaza la convivencia en la ciudad, ha sido el gobierno del PP.
Guanyar Alacant se presentó a las elecciones municipales con el compromiso de poner las instituciones al servicio de las personas y del bien común y no de intereses privados como había ocurrido bajo el gobierno del PP. Las elecciones alumbraron un nuevo Gobierno municipal de coalición y un Pacto de Gobierno que, en su apartado 26, establece el compromiso de:
«Garantizar el cumplimiento de las vigentes ordenanzas de ocupación de la vía pública, de limpieza y sobre protección contra ruidos y vibraciones, estudiando la necesidad de su modificación y de declarar zonas acústicamente saturadas».
La Concejalía de Urbanismo y Ocupación de Vía Pública está cumpliendo escrupulosamente el pacto de gobierno y aplicando una ordenanza que fue impuesta por el PP y que los empresarios de hostelería y de ocio defendieron y aplaudieron en el pleno municipal que la aprobó. Ordenar y poner límites a la instalación de veladores y ocupación de la vía pública es la condición necesaria para alcanzar unas condiciones de convivencia y de equilibrio entre actividad económica, espacio peatonal y condiciones dignas de salud y de descanso.
El descanso ciudadano y el espacio público no pueden ser sacrificados en aras de un negocio, legítimo y respetable, pero cuya proliferación ha generado zonas claramente saturadas por la ocupación del espacio y los ruidos.
Apelar al alcalde y a una pretendida mesa técnica, como ha defendido el Sr. Lalo Díez y algún sector de la asociación de locales de hostelería y ocio, al margen del concejal de Urbanismo y Ocupación de Vía Pública al que corresponden las competencias, ni es aceptable ni puede suponer el sometimiento del poder político, cuya razón de ser es el interés general del conjunto de la ciudadanía, a la presión de determinados lobbys económicos, para dejar en definitiva las cosas como están.
Es la propia Concejalía de Ocupación de Vía Pública la que debe valorar la conveniencia y oportunidad de una mesa de diálogo entre las partes (vecinos, asociación de locales de hostelería y ocio y asociaciones de comerciantes ) y el papel de mediadora que le corresponde.
Más allá de la oportunidad o no de esa mesa, Guanyar Alacant exige el cumplimiento del Pacto de Gobierno, considera que el marco adecuado donde debe ser tratado y debatido este asunto es el Consejo Económico y Social y, al mismo tiempo, manifiesta que va siendo hora de crear una mesa de seguimiento del Pacto de Gobierno en su conjunto, para evaluar su cumplimiento y rendir cuentas a la ciudadanía.
(*) Firman también este articulo Luis Fernando Sevilla Marhuenda, Joaquina Casquet García, Rosa María Albert Sanchís, Vanessa Pinilla Guerra, Víctor García Font, Noemi de las Heras Sánchez, Guillermo Armengol y José Antonio Fernández Cabello
