12 de diciembre de 2015
12.12.2015
El mundo por de dentro

Presión e impresión fiscal

12.12.2015 | 05:29
Presión e impresión fiscal

Uno de cada diez españoles no ha hecho este año la declaración de la renta, otros dos no tienen obligación de hacerla; declaran el IRPF el 68'4% según confesión propia al CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). El último barómetro de noviembre, iba acompañado de una encuesta sobre «Opinión pública y política fiscal». Este primer dato por sí solo resulta bastante estremecedor, y resulta especialmente preocupante si se acompaña con cierto grado de deslegitimación con que se percibe la actuación de la Hacienda pública.

La mayoría de los españoles creemos que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar los servicios públicos o para distribuir mejor la riqueza; pero uno de cada tres piensa que el «estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué». Es más, dos terceras partes piensa que recibe menos, tanto personalmente como la sociedad en conjunto, de lo que paga. Es mayoritaria la idea de que pagamos muchos impuestos, incluso que pagamos más, aunque no sea cierto, que en el resto de Europa. Aunque, de momento, la balanza se inclina por mejorar los servicios aunque haya que pagar más.

Los únicos servicios en que hay más satisfechos que insatisfechos son, por orden: transporte, seguridad ciudadana. En sanidad y obras públicas los bastante o muy satisfechos andan empatados con los que están poco o nada satisfechos. En servicios sociales, enseñanza, gestión de pensiones, la proporción es de dos a tres; pero donde los insatisfechos alcanzan el máximo es en la administración de justicia de la que ocho de cada diez están poco o nada satisfechos, y en las prestaciones a dependientes. Se debe aumentar la financiación, según los encuestados, en ayuda a dependientes, sanidad, investigación, enseñanza, y protección al desempleo; por el contrario, se gasta demasiado en defensa y obras públicas.

No evadir impuestos es para los españoles más importante incluso que respetar las leyes y bastante más que votar. Las clases medias son las más insatisfechas con los servicios como enseñanza o sanidad, están dispuestos a pagar más impuestos para mejorarlos. Están convencidas de que hay bastante fraude fiscal, pero creen que la administración hace bastante luchando contra el mismo.

Declaran menos la renta (IRPF) los trabajadores cualificados, no cualificados o en paro, por encima del 10%. Con los agricultores son los que consideran más injusto el sistema fiscal. Las categorías inferiores aparecen como reacias al fisco porque entienden que no se cobra con justicia, y sobre todo se ocultan los ingresos a Hacienda principalmente porque «la escasez de empleos obliga a aceptar cualquier trabajo aunque no se declaren los ingresos» o «los salarios son demasiados bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero». Coinciden todos en que el efecto del fraude es que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales, y que los que unos no pagan lo tienen que pagar otros, con lo que aumenta la presión fiscal sobre los que cumplen correctamente. Pero hay una coincidencia muy notable, dos terceras partes de los entrevistados, cree que la administración hace poco o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude; es una impresión generalizada en casi todas las categorías más entre los obreros y algo menos en la clase media tradicional y en la nueva clase media. Estas mismas clases están más convencidas de que existen mucho o bastante fraude fiscal.

La encuesta muestra una desconfianza en cómo se gestionan los presupuestos; y en la organización de los servicios públicos. Estamos dispuestos, en general, a pagar más impuestos para mejorar los servicios, pero los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad se muestran reacios porque piensan que las cargas recaen sobre los mismos. Las mujeres son más críticas con el funcionamiento de los servicios y también más contrarias a la subida de impuestos. Las clases medias, en particular las nuevas, son muy críticas con el funcionamiento de los servicios, reconocen que hay fraude, pero a diferencia de los trabajadores piensan en mayor proporción que la administración hace bastante para combatirlo. La deslegitimación del sistema fiscal, por el fraude como piensan los trabajadores; o por la mala gestión de los recursos, como piensan las clases medias, socava las bases del Estado del Bienestar. Las repetidas promesas de reducción de impuestos en España buscan el voto de estos sectores; y en cualquier caso desembocan en minimizar y reducir el Estado del Bienestar y la lucha contra la desigualdad.

PD.- La edad laboral la prolongarán los ejecutivos de las grandes compañías y técnicos superiores, -por una cuestión puramente física- que son los que tienen mayores retribuciones y más cotizan. La propuesta agravaría el déficit de la seguridad social.

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