Las clases medias españolas, situada mayormente en el centro político, todavía echan la culpa de los efectos de la crisis económica al periodo de Zapatero y su socialismo reformista, una crisis importada de los EE UU cuyos efectos negativos lo fueron más por negar lo que se nos venía encima que por aplicar determinadas políticas económicas. Puede que tengan razón y no hayan olvidado aún la ineptitud y la pasividad en la que se empleó al hacer seguidismo de las políticas de crecimiento que se emplearon en la etapa de Aznar y el Partido Popular. No podemos decir, pues, que su reformismo marcara una época.

Tampoco, y a pesar de haberle otorgado un poder cuasi absoluto, Rajoy y su política neoliberal han conseguido lo que sin duda pretendían, resolver una crisis económica convertida en social con equidad y justicia. No tuvieron en cuenta la economía sino la ideología y sólo las directrices del FMI y de la UE y sus políticas monetarias cuantitativas son las causas de que ahora mismo no nos encontremos en una posición muy parecida a la de los griegos. A la política de Rajoy le debemos no haber conseguido una mejora sustancial en la calidad y cantidad en el empleo y sí un aumento de las desigualdades sociales. Le debemos que la austeridad en el gasto público no haya servido para equilibrar nuestras cuentas y si para agravar las necesidades de los más humildes. Le debemos haber perdido cuatro años en no haber mejorado nuestro sistema educativo permitiendo a la vez la fuga de nuestros mejores talentos. A su inmovilismo y a su bajo perfil político también se le debe que una mayoría de ciudadanos reclame reformas en la Constitución y pida mayor calidad democrática, más transparencia a los poderes públicos y una nueva definición de nuestro modelo territorial. En ese despertar de la ciudadanía sí hemos ganado. La guinda la ponemos en los casos de corrupción que anidan en los dos partidos mayoritarios y que forman parte de un sistema de impunidad bipartidista que impide al poder judicial una investigación rigurosa y la aplicación de penas acorde con el daño causado a la credibilidad de las instituciones y de la democracia. Otro efecto más que requiere de reformas constitucionales.

Pues bien, ese centro político demanda ahora una nueva política y que los cambios no sean implementados por ninguna de estas dos fuerzas políticas, ni en solitario ni en coalición de gobierno. Se espera y se confía en que ninguna de ellas ni la suma de las dos sea suficiente para obtener una mayoría absoluta que silencie el verdadero cambio transformador que si representan los emergentes Ciudadanos y Podemos. Está por ver que van a decir los españoles el próximo 20 de Diciembre y no nos atrevemos a aventurar posible resultados sin haberse cambiado antes la ley electoral. Para eso ya está el CIS y su cocina. Así y todo, y a riesgo de equivocarnos si diremos que, si las nuevas clases medias, los intelectuales y los estudiantes votan masivamente, no sería extraño que fuera Ciudadanos la fuerza más votada y tuviera que formar gobierno con el apoyo de alguna de las tres restantes fuerzas políticas. Tendencia ilusionante en el nuevo panorama político español.