Hoy conmemoramos treinta y siete años de vigencia de nuestra Constitución, treinta y siete años de convivencia en paz, basada en el diálogo, en el respeto y en la tolerancia. Treinta y siete años de progreso social y económico, no exento de vaivenes y de circunstancias difíciles como las que todavía afectan a millones de españoles y españolas, pero en definitiva casi cuatro décadas de esfuerzo colectivo por hacer de la nuestra una sociedad más libre, más justa y más solidaria.
Indiscutiblemente, la Constitución Española de 1978 ha favorecido un alto grado de desarrollo económico, progreso social y de las libertades públicas en la sociedad española y, en definitiva, ha transformado profundamente nuestro modo de vivir.
El voto mayoritario de los españoles aquel 6 de diciembre de 1978, ratificando en Referéndum la Constitución, nos transformó en un Estado social y democrático de Derecho, en el que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político se convirtieron en los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Aquel día el pueblo español expresó con rotundidad en las urnas su convicción y su deseo de convertir España en una sociedad democrática avanzada, bajo el imperio de la Ley, y en la que la actividad de los poderes públicos estuviera siempre encaminada a promover la convivencia democrática, el progreso de la cultura y de la economía, con la finalidad de asegurar a todos y todas una digna calidad de vida.
Su posterior desarrollo y su aplicación, ha proporcionado los mejores años de nuestra historia. Gracias a ella han sido posibles la garantía de los derechos y libertades, los fundamentos del Estado social, la participación democrática en la toma de decisiones, el desarrollo de una profunda descentralización política; y, con todo ello, el incremento del bienestar de los españoles y la convivencia en libertad y armonía de todos nosotros. En definitiva, el marco jurídico constitucional ha posibilitado que en estos treinta y siete años España se haya transformado profundamente, y que se haya producido un alto grado de desarrollo económico y social.
Sin embargo, un conjunto de factores, entre los que destaca la crisis económica, pero no únicamente la crisis económica, ha socavado la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el orden político surgido de la Constitución.
La España de hoy no es la de 1978. Es una España en la que la mitad de la población no participó en la aprobación de la Constitución; es una España más moderna, más descentralizada, integrada en la Unión Europea, inmersa en la globalización económica, afectada por unas tecnologías de la información y la comunicación que han cambiado la forma de entender el mundo y, también, la forma de hacer política y de gestionar los asuntos públicos. Es una España constituida por millones de ciudadanas y ciudadanos más plurales, más formados, más participativos y, sobre todo, más exigentes a la hora de reclamar el funcionamiento eficaz de sus instituciones y el respeto a sus derechos y libertades. Circunstancias todas ellas que, justifican una reforma constitucional en profundidad, que gire esencialmente en torno a tres ejes básicos.
En primer lugar, se hace necesario reconocer como derechos fundamentales, singularmente los derechos sociales básicos, el derecho a la educación, a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad previstas en la Ley, incluyendo el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna. Así como mejorar la regulación actual sobre protección a las familias de acuerdo con un concepto amplio de familia que comprenda las nuevas formas de convivencia y dotar de contenido el derecho a la vivienda mediante la previsión de obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio.
En segundo lugar, es preciso introducir cambios que den respuesta las exigencias de mejora de la calidad democrática que demanda la ciudadanía, hemos de avanzar hacia una sociedad y un Estado más democráticos, en el que se fortalezca la representación y la participación, como mecanismos para restaurar la confianza de los ciudadanos en las Instituciones y en la política.
Y en tercer lugar, es fundamental afrontar los retos del modelo territorial, actualizando y relegitimando nuestro modelo autonómico para mejorar la convivencia entre españoles y fortalecer nuestra unión ciudadana. Es necesario articular una organización del Estado que combine unidad al tiempo que reconocimiento, respeto, integración de la diversidad y de las singularidades de los territorios de España, propiciando la cohesión social y la igualdad en todos los territorios, a partir de una distribución de poderes y responsabilidades que conformen un Estado federal, integrador, eficiente y solidario.
En definitiva, considero que la nueva realidad de la España de hoy reclama una reforma constitucional que, a mi entender, resulta imprescindible para hacer frente a la crisis institucional y a la grave crisis territorial que también padece nuestro país. Una reforma constitucional que, en cualquier caso, se debe afrontar con la misma generosidad, la misma altura de miras y el mismo espíritu de consenso con el que se forjó el pacto constitucional del 78, para que las próximas décadas, para que el futuro de nuestros hijos e hijas, sean años de progreso social y económico y de justicia social.
