06 de diciembre de 2015
06.12.2015
Tribuna

La Constitución está viva: ideas para su actualización

06.12.2015 | 04:50

Se avecinan épocas de consensos y grandes entendimientos entre las fuerzas políticas, lo contrario sería caer en el desgobierno y daría la espalda a los anhelos de estabilidad social y política que reclama el pueblo español. En la creencia de que el Pacto volverá a ser la piedra maestra de nuestra arquitectura política, los exparlamentarios españoles venimos trabajando para nutrir de ideas a los futuros representantes del pueblo español y así cooperar a que se construya una nueva época política de mayor entendimiento.

Creemos que, a estas alturas, nadie en su sano juicio propugnará la petrificación eterna de la Constitución por razonables que sean sus preceptos ya que es metafísicamente imposible establecer preceptos de validez general de naturaleza atemporal salvo en lo que se refieres a los derechos que se derivan de la dignidad del ser humano. Como es sabido, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica o la Constitución alemana han sido alteradas con frecuencia precisamente para apuntalar sus valores y principios. Por tanto, sin sacralizar la Constitución, es lógico que periódicamente se revisen sus preceptos para comprobar si permiten el cumplimiento de sus objetivos.

La Constitución de 1978 es uno de los monumentos jurídicos y políticos más importantes de la historia de España. No sólo porque es nuestra Constitución más perdurable en el tiempo, lo que a juzgar por lo azarosa y movida de nuestra historia constitucional es bien relevante, sino porque ha permitido un largo período de paz y prosperidad, cerca ya de cuarenta años, en el que se han abierto espacios de libertad y solidaridad propicios para construir unas instituciones asentadas sobre el solar de la democracia.

Precisamos una reforma integral, inteligente, acordada entre todos los agentes políticos, sociales, económicos y culturales. Una reforma en profundidad que mejore el sistema de distribución de competencias, una mejor definición de las fórmulas organizativas de colaboración y coordinación, un nuevo Senado y, fundamentalmente, una clara definición institucional de la autonomía política propia de los Entes locales. Todo ello en el marco de un modelo administrativo más integrado, mejor sincronizado.

Desde 1978 hasta el momento el debate sobre la reforma constitucional ha tenido, con o más menos intensidad, según momentos y circunstancias, destacada presencia entre los asuntos de Estado más relevantes.

En efecto, la cuestión territorial reclama nuevos desafíos desde los principios constitucionales para encontrar nuevas soluciones. Desde la reforma del Senado hasta una mejor regulación de las competencias de los diferentes niveles de gobierno pasando por la recepción de principios tan importantes como el de cooperación, es posible encontrar, en el marco de los principios constitucionales (unidad, autonomía, solidaridad e integración), una mejor ubicación institucional de los diferentes gobiernos territoriales que componen España.

La dimensión social de los derechos fundamentales de la persona debe encontrar acomodo en la letra de la Constitución superando su actual configuración como principios rectores de la vida económica y social. Así, de esta forma, se reconocerían al máximo nivel y calibre jurídico derechos sociales fundamentales que imponen determinadas obligaciones y prestaciones a los Poderes públicos hoy simplemente considerados, no en todos los casos, derechos subjetivos, pero no derecho fundamentales de la persona.

El régimen general de partidos políticos, sindicatos y organizaciones representativas de intereses generales, igualmente demanda nuevos formulaciones que precisen y preserven, a través de nuevas previsiones constitucionales, la esencia democrática de estas instituciones. La población en este punto, como sabemos, lleva reclamando a través de diferentes sondeos y encuestas cambios urgentes que afecten verdaderamente a la transparencia y al fomento de la participación social.

Algunos aspectos del régimen general electoral son susceptibles, tras varias décadas de elecciones, de una mejor y más justa y equitativa regulación que asegure mayores cotas de pluralismo político. Incluso se puede revisar la concepción de la circunscripción electoral así como otros elementos de nuestro sistema electoral, petrificado desde hace más de treinta años.

También la integración de nuestro país en la Unión Europea aconseja que la Norma Fundamental regule determinados aspectos de esta histórica decisión política que en 1978 no se podían contemplar y que, sin embargo, ahora debieran tener rango constitucional.

Por supuesto, la igualdad entre hombre y mujer en la sucesión de la Corona debe reconocerse en la Constitución pues la discriminación existente no tiene justificación alguna en un mundo en el que afortunadamente la igualdad es una exigencia constitucional creciente.

También, entre otras materias susceptibles de revisión y reforma se encuentra la preservación de la independencia y la autonomía en el Consejo General del Poder Judicial y en la Fiscalía General del Estado. Del mismo modo, en la forma de selección de los miembros del Tribunal Constitucional podrán efectuarse algunos cambios, para lo que parece recomendable repensar la estructura y funcionamiento de estos órganos de relevancia constitucional.

Otras cuestiones pueden abordarse hacen referencia al estatuto de los parlamentarios, al procedimiento de elaboración y evaluación del cumplimiento de las leyes o a la mejor regulación de la iniciativa legislativa popular.

Pero todo el esfuerzo debe estar basado en una piedra angular, en la medida en que la Constitución es el pacto en el que se sustenta el régimen político, económico y social que rige la vida de todos los españoles. Es el pacto de todos, no cualquier cosa. Un pacto que es expresión de la generosidad y de la capacidad de entendimiento de personas de diferentes posiciones políticas que intuyeron y entendieron que era esencial para la convivencia pacífica la integración basada en el respeto a la identidad y a la diversidad individual y colectiva. Un pacto, que puede, que debe ser renovado en el tiempo para que sea útil a los ciudadanos, para que en él encuentren los medios y mecanismos para la mejora de sus condiciones de vida. Y hoy, treinta y siete años después, es lógico que haya algunos preceptos que precisar mejor, que haya que introducir otros nuevos y que también, por supuesto, se haya constatado la irrelevancia de algunos de ellos. La Constitución es un organismo vivo y como tal se debe adaptar a la realidad sin perder de vista que su sentido y funcionalidad reside nada menos que en un Pacto de todos y para todos.

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