Tribuna

Programas de prevención necesarios

04.12.2015 | 04:45
Programas de prevención necesarios

Hoy en día es práctica habitual que muchos ciudadanos desarrollen su actividad y ejercicio profesional bajo la forma de una sociedad, bien por efectos fiscales, o para un mejor desarrollo de su actividad en sus relaciones con terceros, a la hora de redactar contratos o por dar también una mejor forma de «marca» al desempeño profesional. Nótese que hoy en día en la práctica y ejercicio de las profesiones liberales la implementación de mecanismos formales societarios permite exponer su actividad de esta manera para dar una mayor imagen profesional bajo la cobertura de una marca, lo que da una mejor consistencia exterior que la de una mera persona física.

Este es un modelo extendido en la actualidad, pero que frente a sus indudables ventajas de proyección externa de la imagen de la actividad tiene, también, que asumir las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone y exige a las sociedades y a aquellas personas físicas que constituyan también comunidades, no con forma societaria, pero sí que operen en el mercado, y también en el de arrendamiento de servicios. Ahora bien, la cuestión que surge y queremos trasladar es que si se opera bajo la forma societaria, o con ese objeto, se podrá asumir también la responsabilidad penal que resulte por los delitos cometidos por sus directivos o empleados que supongan un beneficio para la sociedad, salvo que haya puesto en marcha un plan de prevención jurídica bajo el modelo previsto en el actual Código Penal. Algo que ya se exigía desde 2010, pero que ciertamente no se ha puesto en marcha hasta que, finalmente, en la reciente reforma del Código Penal se ha incidido en cómo implantarlo y las consecuencias de su incumplimiento, ya que puede llevar aparejado la propia responsabilidad civil de la empresa si un empleado, por ejemplo, comete un delito con consecuencias económicas. Pero no solo es el tema jurídico y económico, sino la pérdida de la imagen que le puede suponer a la sociedad que con toda la ilusión han creado una o varias personas y que uno de sus componentes cometa un delito estafando a un tercero, por ejemplo, y al no disponer de un plan de prevención se vean sometidos a la apertura de unas diligencias penales con consecuencias civiles, también, debiendo responder de la actividad delictiva de uno de sus miembros. Ello sabemos que, sobre todo, lleva una pérdida tremenda de imagen para la sociedad que puede determinar que los ciudadanos potenciales clientes se nieguen a contratar con esta sociedad, sea del tipo que sea, y por mucho que sus responsables envíen comunicados a sus clientes advirtiéndoles que ha sido un caso puntual de un empleado que ya ha sido despedido, porque al no disponer del plan de prevención se habrá introducido en el proceso penal a la empresa como «encausada» que es la nueva forma de denominar ahora a quienes antes se denominaban «imputados», término ya desaparecido.

Los profesionales anglosajones tienen muy claro que la forma societaria para trabajar en cualquier orden, arrendamiento de servicios, o cualquier objeto social, es muy eficaz para poder proyectarse ellos a sus clientes y publicitarse, pero también que lo que ellos denominan como business benefit supone que es más beneficioso gastarse el dinero en disponer de un plan de prevención interno que evite estos riesgos que no tenerlo y que pueda ocurrir un hecho que al final le resulte mucho más caro, obviamente, que el dinero que está invirtiendo en prevención. Sin embargo, en nuestro país está costando trasladar este mensaje a los ciudadanos, como también está costando trasladar las ventajas de la mediación como método eficaz de resolver conflictos. ¿Y saben por qué? Pues porque no puede concebirse que la eficacia de una aprobación de una ley, por buena que esta sea, esté desconectada de la idea de publicitar realmente a la ciudadanía en qué consiste esa normativa nueva y de qué manera un ciudadano se puede beneficiar de la misma. Porque desde que aprobó la ley de mediación en el año 2012 nos está costando mucho que los ciudadanos acudan a los despachos de todos aquellos profesionales que han hecho los cursos de mediación de 100 horas, y, de igual modo, los profesionales que están diseñando programas de prevención para cualquier sociedad no pueden ponerlos en marcha porque no hay todavía una «cultura» de que estos programas son positivos. Y lo son no solo para evitar que ocurra una situación en su sociedad en la que un empleado o persona con poderes cometa un delito, sino por la propia protección interna que ello conlleva y el aseguramiento de que en su seno se controla a los empleados y apoderados, evitando hechos como los que están ocurriendo en la actualidad en muchos casos.

En cualquier caso, los responsables políticos deben ser conscientes de que las mejoras que introducen en las reformas legales, que son buenas y positivas, deben ser explicadas a la ciudadanía, porque la proyección de sus ventajas, sobre todo en casos como los antes explicados encontrarán una plasmación social y económica y revitalizarán el trabajo si se entienden por los ciudadanos y gracias a ello se utilizan.

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