Soy partidario de lo público en los servicios esenciales, fundamentalmente en educación y sanidad. Y público en un sentido amplio, tanto en lo referido a la prestación del servicio, como a su gestión, que no puede someterse a criterios privados por cuanto, cabe presumir, no se pretende la obtención de beneficio alguno, sino la eficiencia, debiendo este criterio responder, en el ámbito de lo público, a la correcta satisfacción del interés general y del ciudadano. Por tanto, como principio, apoyo la iniciativa de la Generalitat de proceder a la reversión de aquellos servicios privatizados.
No se trata solo de que el prestatario, el ciudadano, tenga una educación y una sanidad gratuita, sino de que éstas le sean satisfechas por la Administración sin intervención de elementos privados. La razón es tan simple como la necesidad de que prime la igualdad, valor que no se da en situaciones en las que el mismo bien es concedido de formas diferentes.
Ahora bien, dicho esto, es necesario igualmente llamar la atención sobre disposiciones que se adoptan anteponiendo principios, aunque se compartan, sin atender a la realidad, que se pretende ajustar a la voluntad forzándola sin analizar las consecuencias de lo dictado. En política lo posible no puede subordinarse a la ideología si ésta no se apoya en elementos ciertos y eficaces. El resultado en caso contrario puede conducir al desastre.
Hoy por hoy, la educación concertada es una necesidad derivada, aquí y en comunidades regidas por gobiernos de distinto signo, de la falta de inversión en la pública. De igual modo, la financiación de esa educación, a medio camino entre la pública y la privada, es manifiestamente insuficiente para el sostenimiento de los centros educativos. Por esa razón se ha ignorado y no tenido en cuenta, a pesar de las advertencias legales, el hecho notorio del pago por los padres, de forma indirecta, de este tipo de educación, pues se ha asumido como solución a una manifiesta falta de financiación. Prohibir la misma, sin previamente valorar la viabilidad de los diferentes centros, no todos y como medida general, puede conducir a situaciones no deseables. No hablo del sostenimiento de instalaciones de lujo, que no deben ser satisfechas con fondos públicos, ni permitir que sean pagadas por quienes pueden permitírselo en centros concertados en los que la igualdad debe ser la norma para la admisión según la ley. Lo hago de centros modestos cuyo mantenimiento no es posible con los medios que la Administración provee.
No hay centros públicos para atender a las necesidades mínimas. Tampoco existe una financiación adecuada de muchos centros concertados. De este modo, pretender un cambio de la realidad sin analizar la misma y sin proveer las necesidades básicas o las alternativas ante las posibles consecuencias derivadas de la decisión política, es un riesgo que no debe correrse. La solución es una y solo una si se quiere una enseñanza pública. El diseño de ésta a medio plazo de forma que cubra las plenas necesidades. Todo lo demás es voluntarismo que puede llevar a que muchos concertados no puedan desarrollar su labor.
Algo similar cabe decir de una sanidad pública mal financiada, con escasos recursos y en la que desde la política solo se escuchan grandes palabras, como la universalidad o no del servicio. Pero, eso sí, sin aportar los medios económicos que garanticen que la extensión de esa sanidad a toda persona que la precise se hará sin recortar las ya escasas prestaciones ordinarias o sin dilatar los tiempos de espera de las mismas, ya suficientemente amplios como para verse expuestos a más retrasos. Grandes palabras no acompañadas de financiación. Irresponsabilidad o ignorancia. La privatización de la sanidad, que se ha ido produciendo paulatinamente en el tiempo, tiene como causa la falta de inversión en la pública, de modo que si ésta no se remedia, acabar con los conciertos significará llevar al límite una sanidad ya muy saturada.
Cabe decir lo mismo de las residencias de mayores, pocas, siendo los conciertos una alternativa insustituible a lo que no se presta una adecuada atención pública. Cuidado con lo que se hace. Está en juego la vida de las personas mayores.
Y para todo lo anterior hacen falta tiempo y recursos. Tiempo hay si se redacta un plan a medio plazo, anteponiendo el interés general, no dependiente de lo que cada gobierno piense en cada momento. No se puede hacer política inmediata o de gestos en lo que exige un proyecto consensuado estable. Tal vez no se pueda imponer una solución radical que satisfaga plenamente a todos, pero sí una decisión común que haga frente a problemas que están en la base del modelo social. No puede cada gobierno de turno, en estas materias, imponer sus designios con un horizonte de tiempo tan escaso que inmediatamente el siguiente deshace. Menos política de cortos vuelos y más responsabilidad en asuntos tan sensibles. Pónganse a ello, acuerden y perfilen un modelo duradero. Renuncien a algo propio en favor de los intereses de la ciudadanía. Seguro que se lo agradeceremos todos.
