La X legislatura presidida por el Gobierno de Mariano Rajoy ha estado marcada por el uso abusivo de la mayoría absoluta del Partido Popular para acelerar el proceso de implantación del Estado neoliberal a costa del desmantelamiento de los elementos de solidaridad asociados al Estado social, establecido en la Constitución española. Para ello, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha tenido escrúpulo alguno en traicionar el mandato popular expresado en las urnas en diciembre de 2011 imponiendo un plan de ajuste contrario a sus propias promesas electorales. En la consumación de un fraude de tal naturaleza ha colaborado de manera sustancial la mayor parte de los medios de comunicación, tanto públicos, convertidos en plataformas de propaganda política al servicio del Partido Popular, como privados, erigidos en portavoces mediáticos de los intereses de los grandes poderes económicos y financieros.
El objetivo real (no declarado) de las políticas públicas de ajuste impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido la consolidación del modelo neoliberal de redistribución de la riqueza y la renta en favor de las élites económicas y, sobre todo, financieras, vinculadas a las grandes empresas nacionales y transnacionales. Para ello, el Gobierno de Mariano Rajoy, fiel a la ortodoxia neoliberal, dominante en la Unión Europea, ha utilizado la crisis como la coartada idónea para desatar una ofensiva sin precedentes contra lo que, desde la óptica del gran complejo económico-financiero, obstaculiza la libre expansión de los grandes negocios: el salario social indirecto proporcionado por los servicios públicos (educación, sanidad, vivienda social, servicios sociales...) y las prestaciones sociales (pensiones, ayudas a la dependencia, subsidios de desempleo...) y el sistema de contratación laboral, regulado, supuestamente, «en exceso». De ahí que los multimillonarios recortes sociales y los fuertes gravámenes sobre los ya exiguos recursos de la ciudadanía, impuestos con el pretexto de reducir el déficit público, estén sirviendo tanto para pagar los vencimientos de la deuda pública en manos de los acreedores y especuladores financieros (bancos, fondos de inversión, compañías de seguros...), como para allanar el camino de las privatizaciones; que los bienes públicos se mercantilicen en beneficio de las élites empresariales; que las instituciones públicas se utilicen para favorecer intereses privados mediante prácticas ilegales; que la reforma laboral, implantada con el pretexto de crear empleo, tenga como finalidad el fortalecimiento del poder empresarial a costa del despido aún más fácil, la reducción de salarios, la precariedad laboral y el debilitamiento de los convenios colectivos. En resumen: lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy a lo largo de estos cuatro años ha sido castigar con la austeridad a la ciudadanía damnificada por la crisis para reforzar privilegios, fortunas y negocios.
Después de cuatro años de ejercicio del poder, el balance no puede ser más negativo. El legado del Gobierno de Mariano Rajoy es el de un país socialmente expoliado y fracturado. Desde el inicio de la legislatura, la brecha social entre la mayoría empobrecida y la minoría enriquecida no ha hecho más que crecer. A día de hoy, mientras el 30% de la ciudadanía vive en situación de pobreza o exclusión social, el 10% más acaudalado acumula ingresos equivalentes a los de la mitad de la población y mientras que los trabajadores sufren la progresiva devaluación de los salarios, la banca y las empresas del Ibex 35 obtienen fabulosos beneficios, ejercicio tras ejercicio. Además, en este contexto de empobrecimiento, la deuda pública no ha dejado de crecer, alcanzando a día de hoy más del 100% del PIB.
En la medida en que el marketing electoral impide «confesar» el daño social producido por la austeridad, el Gobierno de Mariano Rajoy no deja de vender su gestión como la única posible para sacar al país de la crisis. Se presenta como el Gobierno que ha salvado a España del rescate y ha abierto la senda de la recuperación económica y la creación de empleo. Falso. En 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy solicitó y obtuvo de la Unión Europea un rescate bancario del que no se espera ya devolución alguna y que la ciudadanía está pagando; la recuperación económica basada en la leyenda de que hay que crecer primero para repartir después no pasa de ser una entelequia que elude la evidencia de que la distribución justa de la riqueza es condición necesaria para el desarrollo económico; la mejora de los datos de paro se debe, fundamentalmente, al abandono de la población activa del mercado de trabajo y no a la creación de empleo que, en todo caso, sigue siendo, en su inmensa mayoría, precario. De ahí el agujero de 15.000 millones de euros de la Seguridad Social. Increíble, pero cierto.
La desigualdad social y la deuda pública constituyen la parte del legado más grave del Gobierno de Mariano Rajoy. Ello es así porque la desigualdad social es el factor determinante de la crisis iniciada en 2007. En efecto, debido a la escasez de demanda derivada de la devaluación de las rentas del trabajo en beneficio del gran capital, el sector financiero centró su expansión en la concesión de créditos baratos para asegurarse pingües beneficios a costa del endeudamiento de la población. La alta rentabilidad de las operaciones financieras-especulativas concentró la inversión en ellas, en perjuicio de las inversiones productivas, lo que condujo a la crisis. El Gobierno de Mariano Rajoy no sólo ha eludido esta realidad sino que, además, ha añadido desigualdad a la desigualdad dejando el terreno abonado para la reproducción de la crisis y el crecimiento de la deuda pública, tanto por la debilidad de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía como por la limitación de la capacidad recaudatoria del Estado, ligadas ambas al empobrecimiento. Esta combinación desigualdad social-deuda pública puede conllevar una seria hipoteca de futuro. Sobran motivos para un profundo cambio.
