27 de noviembre de 2015
27.11.2015
Tribuna

¡Que viene el lobby!

27.11.2015 | 04:44
¡Que viene el lobby!

Las políticas económicas suelen ser de tipo regulador, de gasto y macroeconómicas, cuyos efectos más recurrentes serían la redistribución de los recursos y la eficiencia, entendiendo este último objetivo como aquel que mejora la situación de los ciudadanos sin empeorar la de otros, es decir, el que ofrece un resultado «pareto-eficiente». Debemos entender, por tanto, que dependiendo de qué políticas económicas deseen implementar los distintos gobiernos que salen de las urnas así afectará también a sus políticas públicas y por tanto a nuestro bienestar.

En general, en un sistema democrático, los gobernantes tratan de buscar resultados pareto-eficientes, aunque nunca o casi nunca suele ser así a causa de la existencia de prácticas partidistas que olvidan fácilmente el interés general. El pluralismo y la existencia de los grupos de presión y su política de lobbying reequilibran, tratando de ejercer influencia en los poderes públicos, los distintos intereses colectivos, y como si de un mercado libre se tratara logran dotar de mayor eficiencia a las políticas redistributivas.

Al igual que los partidos políticos, los grupos de presión y de interés están asociados al surgimiento de los regímenes liberales y al auge político de la burguesía durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero es en los EE UU donde encontramos el origen de los grupos de presión parlamentarios o lobby, expresión inglesa que significa pasillo por ser en estos lugares (normalmente de hoteles cercanos a la Colina del Capitolio) donde se producían las visitas a los congresistas. La influencia ejercida en las instituciones europeas y su presencia en el proceso político de la UE es evidente al existir más de 2.500 grupos de interés que operan en su ámbito, el 70% representan a grandes empresas u organizaciones empresariales.

En España, con un modelo corporatista, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales se constituyen como grupos institucionalizados al amparo del artículo 7 de la Constitución, lo que les reserva un papel relevante junto al Gobierno de turno y los partidos políticos en la concertación y el diálogo social. Sin embargo, y a pesar de la tendencia general al aumento de las asociaciones voluntarias en todas las áreas de la vida social, económica y cultural, en nuestro país todavía no podemos decir que existan verdaderos grupos de presión como tales. Ni siquiera han de considerarse así los grupos institucionalizados que gozan de un status semipúblico, como son los sindicatos y las organizaciones empresariales. Este sería uno más de los déficits democráticos que arrastramos, pues los grupos de presión y de interés son elementos imprescindibles de participación en la vida política y en la gobernabilidad del país.

Lo que sí viene surgiendo en España en los últimos años son los think tank u organizaciones independientes que llevan a cabo investigaciones y programas educativos para formar e influir a la clase política y a los grupos de opinión. Estas organizaciones suelen estar formadas por intelectuales y analistas que reciben contratos o encargos, tanto de instituciones públicas como privadas, para analizar ideas y proponer proyectos. En su mayoría están ligados a los partidos políticos, lo que les deja fuera de ser considerados grupos de presión. Otros, declarados apolíticos, suelen estar ligados a organizaciones empresariales o a instituciones públicas con pretensiones de convertirse en lobby.

Y este parece ser el papel que pretenden asumir aquellas diputaciones provinciales que ven peligrar su poder político institucional, el de transformarse en un grupo de presión frente a las comunidades autónomas o frente al Gobierno del Estado. Para ello, no dudan en encargar estudios que utilizan políticamente como estrategia electoral y de enfrentamiento hacia instituciones gobernadas por fuerzas políticas no afines. Así hemos entendido los últimos estudios realizados por Ineca y contratados por la Diputación de Alicante referidos a la necesidad de implantar una zona franca en el Puerto de Alicante o el último estudio socioeconómico de la provincia presentado recientemente y que abarca el periodo 2003-2013. Estudios de muy buena factura pero que adolecen, en primer lugar, de inoportunidad política, ya que se presentan a la opinión pública en plena campaña electoral estando dirigidos principalmente al ámbito empresarial, siempre predispuesto a posiciones políticas más proclives a partidos clásicos de derechas. Y en segundo término, ambos mantienen algunas incógnitas sobre nuestro modelo productivo, ya que en el tema de las zonas francas una motivación de la existencia de las mismas consiste en la explotación del negocio inmobiliario que genera la venta o concesión de suelo en las proximidades de puertos y aeropuertos. En cuanto al segundo se vuelve a insistir en que el motor de la construcción es fundamental para el desarrollo de la provincia y muy particularmente para Alicante capital.

Los estudios que presenta el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) gozan siempre de interés, especialmente por el rigor y la profesionalidad en la que se emplean los expertos economistas y académicos que lo realizan. Sería bueno que sus propuestas y estudios fuesen sufragados por las organizaciones empresariales u otros grupos de presión y no tanto por las instituciones públicas, precisamente para poder gozar de independencia frente a un poder político que regula, recauda y gasta, normalmente en demasía. En definitiva, frente a los que se supone han de redistribuir los recursos eficientemente.

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