Estos días se habla mucho de pactos de Estado, fundamentalmente sobre el que ya existe a propósito del terrorismo islamista. Pero antes de que lo sucedido en París haya cubierto todo el escenario de la actualidad, desde la multitudinaria manifestación feminista del 7N se pretendía un pacto de Estado para erradicar la violencia de género, otro terrorismo, un terrorismo determinado, un terrorismo distinto que venimos sufriendo desde tiempo inmemorial las mujeres, agravado hoy día por la voluntad de éstas de ejercer derechos necesarios para vivir como ciudadanas, sin necesidad de estar controladas.

Sin embargo, pese a ser ésta una justa aspiración que cuenta ya con más de tres siglos de lucha feminista, es la hora en la que todavía no ha visto la luz, en la que todavía una causa tan noble es invisible o directamente rechazada. Así de férreo es el sistema patriarcal universal, sin que el conocimiento que ya tenemos del número de mujeres que viven sometidas, humilladas, violadas, en definitiva, mujeres a las que se les arrebata su condición humana incluso hasta la muerte por asesinato, se solucione con las medidas que el Estado adopta para cumplir con su obligación de defender la vida de su ciudadanía.

A veces los políticos se enzarzan en discusiones sobre en qué legislatura han asesinado a más o menos mujeres, cuando sabemos que nunca ha habido una tendencia en ese sentido, unos u otros hacen recuento de haber puesto una mayor o menor atención en este fenómeno, unas u otras herramientas más o menos bienintencionadas, más o menos útiles, sin verdaderos recursos económicos y, lo peor, sin conseguir resultados.

No sé si han entendido el terrorismo islamista pero sí es cierto que ponen todos los medios, todo el tiempo, todos los recursos del Estado para impedir estos execrables atentados, incluso son capaces de hacer un despliegue extraordinario de esos recursos para que se celebre un partido de fútbol. Sin embargo, estoy en condiciones de asegurar que, además de no ocuparse en profundidad de este inmenso problema, no entienden el terrorismo machista, la especificidad de este fenómeno, sus efectos y consecuencias, sus «leyes internas» y además desconocen los síntomas profundos que denotan el maltrato que sufre una mujer, razones todas ellas que, por ejemplo, lleva a los jueces a no poder condenar por falta de prueba. Por el contrario curiosamente los juzgados, a una velocidad poco frecuente en la Administración de Justicia, han acudido al SAP, un mal llamado «síndrome» por el que se presume que la madre no es apta para tener la custodia de las criaturas y lo han hecho aunque científicamente haya sido rechazado y simplemente sea una «ocurrencia» de alguien que, antes de suicidarse, propugnaba la pederastia y el incesto.

Llevamos una semana leyendo, viendo, escuchando a toda hora informes, opiniones, debates de expertos islamistas, de políticos, de investigadores que son perfectos conocedores de este fenómeno, de observadores que llevan años siguiendo este fenómeno terrorista, policías de élite que siguen también, desde hace años, a los sospechosos. Es decir, un necesario despliegue de todos los elementos con los que cuenta la sociedad. Sin embargo, así y todo son necesarios más medios especializados.

En el caso de la violencia de género el hecho de que en dos de las últimas semanas hayan asesinado a 12 mujeres no produce la más mínima reacción, no merece ni un comentario de los dirigentes políticos, los propios periodistas jamás preguntan sobre este asunto y mucho menos merece poner en marcha una alerta social.

Ese silencio cómplice alrededor de esta barbarie ayuda mucho a que la sociedad no contemple esto como un problema y solo interese a un 1,4% de la población según el CIS. La existencia de más de dos millones de mujeres que sufren maltrato en nuestro país, el hecho de que una de cada cuatro mujeres hayan sufrido a lo largo de su vida violencia de género no invita a las instituciones a estudiar, a desentrañar, a poner medios para erradicar esta violencia hasta el punto de que, negando esa realidad, hay voces «autorizadas» que hablan de denuncias falsas. Es decir las cuestiones de las mujeres continúan siendo negadas, ocultadas y, cuando ya salen a la superficie, estigmatizadas.

Pero, ¿por qué sucede todo esto? La negativa a admitir el análisis crítico feminista es la base de tanta dificultad, es el desconocimiento y la cerrazón del sistema patriarcal, con el que se aborda esta realidad, el responsable. El pacto de Estado requiere que se acuda al Movimiento Feminista si se pretende adoptar medidas eficaces.

Podemos preguntarnos dónde están las investigaciones que puedan demostrar si estamos ante una víctima de maltrato, algo que es fundamental en estos delitos sobre todo por la dificultad de probarlo judicialmente, tanto por la propia naturaleza del delito como por aplicar un procedimiento que no sirve en estos casos y que tampoco se investiga. Dónde alguna unidad policial especializada que se ocupe de estos asuntos, de tratar con las víctimas, de investigar a los sospechosos, que aquí sí son conocidos, dónde tenemos un mapa de su ubicación. ¿Y la coordinación entre las fuerzas de seguridad? ¿Dónde están las unidades médicas para valorar el riesgo que puede estar sufriendo la víctima como establece la ley? Rellenar un formulario en una comisaría y pasarlo por una máquina que indica el grado de riesgo es lo más parecido a una burla (una de las últimas mujeres asesinadas junto a su madre, lo fueron después de que una de esas máquinas dijera que el riesgo era bajo).

Todo lo que se les ocurre es invitar a presentar denuncia cuando éste es un momento de grave riesgo. Hay que informar de la necesidad de buscar una estrategia profesional para cubrirse ella y sus criaturas antes de presentar la denuncia. También para ello hacen falta recursos.

Ya hemos comprobado lo que dan de sí las casas de acogida y sabemos que es necesario abrir centros de recuperación integral de las víctimas (mujeres y menores) para que la familia pueda recomponerse psicológicamente.

Se hace imprescindible que los jueces cautelarmente no establezcan custodias, ni visitas cuando hay pendiente juicio de violencia de género. En caso de absolución por falta de pruebas se mantenga un seguimiento imprescindible en estos casos si es cierto que queremos descubrir a los maltratadores, si de verdad tuviéramos la convicción de actuar en interés de las/os menores.

Para tratar la violencia de género carecemos de cualquier tipo de medios y aún menos de medios especializados por parte de las administraciones. El Movimiento Feminista cuenta con expertas en todos los sectores (salud, educación, justicia, etcétera) a quienes no llaman para los poquísimos debates o tertulias en las que siempre de pasada y en los últimos minutos se pregunta a los tertulianos de plantilla. O también cuentan con algunos «popes» cuya palabra tiene la autoridad que se niega a las expertas feministas, lo que no sería tan grave si supieran de qué hablan.

La prevención es capital para intentar parar esta sangría. Lo que hemos venido diciendo desde el feminismo respecto de que las nuevas generaciones no serían más igualitarias porque sí, ahora ya lo sabe todo el mundo. Sí, efectivamente el maltrato juvenil ha aumentado un 30%. ¿Y? Se oye decir que padres, madres y la escuela están llamados a educar en igualdad, sin tener en cuenta que todos esos pilares de socialización carecen de las herramientas necesarias para ello. ¿Por qué la Universidad no admite el bagaje científico feminista? ¿Por qué se empeñan en no admitir uno otro análisis de la realidad? ¿Por qué no interesa profundizar en las causas del crecimiento de un auténtico contra-movimiento que está más vivo que nunca? ¿Por qué el patriarcado se enroca cuando se siente atacado?

Si se pretende por parte de algún partido político hacer un pacto de Estado habrá que empezar por saber que tratándose de un fenómeno multidimensional que tiene un tratamiento específico y requiere una mirada distinta a la habitual, no se puede resolver sin contar con el Movimiento Feminista.

Hay un ingente trabajo que acometer si queremos de verdad que las mujeres puedan acceder a cuestiones tan básicas como es el ejercicio de su libertad, sin que por ello se jueguen la vida, a que sus derechos se contemplen en pie de igualdad con los que se les reconoce a los hombres, a luchar por un cambio real hacia una mayor democracia en esta sociedad que vive tan de espaldas a un problema que hoy día es vital y si es cierto que tratamos de conseguir mejores cotas de salud cívica.

(*) Firma también este artículo, Obdulia Martínez Asensi, miembro de Mujeres Juristas Themis