Según Gardel, veinte años no son nada, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los acaba de cumplir y veinte años, según para quién pueden ser mucho. Cuando nació generó muchas expectativas, se introdujo la acción preventiva en las empresas, lo que suponía que los riesgos hay que analizarlos y tratar de evitarlos; se crearon las figuras fundamentales de los delegados y delegadas de prevención así como los comités de seguridad y salud dotando de esta manera a la clase trabajadora de unos representantes en la materia con una serie de facultades bastante extensa y potenciándose la participación y consulta en multitud de temas. Se estableció un catálogo de obligaciones para los empresarios en materia de salud laboral que auguraba una mejora tanto en las condiciones de trabajo como en la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Ahora bien, fueron pasando los años y como la ley es muy formalista y documental, muchos empresarios, las administraciones ni eso, fueron sustituyendo la prevención por la generación de una serie interminable de papeleo, que si bien no servían para proteger la salud y las condiciones de sus plantillas, por lo menos les protegían de posibles multas. A los delegados y delegadas de prevención les costó, les está costando y les costará mucho esfuerzo el que esa cantidad de documentos sirvan para lo que están concebidos. Mientras la siniestralidad laboral se fue manteniendo en niveles bastante altos, aumentado de manera bastante escandalosa durante el periodo de la burbuja inmobiliaria.

A todo esto, muchas empresas seguían sin cumplir toda la normativa preventiva existente y desde luego las administraciones también. Después llegó la crisis y las inversiones en prevención se recortaron de manera más que evidente, por otra parte, la siniestralidad fue bajando, lógicamente, debido al descomunal paro existente, aunque las cifras oficiales no reflejaban ni mucho menos el número real de accidentes laborales que se producían, básicamente, por la ingente labor de las mutuas derivando accidentes de trabajo a los servicios públicos de salud, aun así el montante total de siniestralidad bajó.

Pero como, parafraseando a Murphy, «Si algo puede salir mal, lo hará. Es más, saldrá mal de la peor manera, en el peor momento y de una manera que cause el mayor daño posible». A partir de 2012, más o menos, y en base a las reformas laborales del Gobierno del PP, se produjo un cambio drástico. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales fue creada y concebida en un modelo de relaciones laborales centradas en la negociación colectiva, con la supremacía del convenio colectivo frente a las relaciones individualizadas y con el predominio de la contratación indefinida, pues bien, con las reformas de Rajoy todo esto se fue al cuerno y empezó la tan cacareada «recuperación económica».

A partir de ese año, se ha producido la creación de un empleo precario, de bajísima calidad, con amplia temporalidad y constantes rotaciones que han dado como resultado un nuevo repunte de la siniestralidad tanto en el total de accidentes laborales como en el de accidentes mortales. Incluso para acabar de «arreglar» el tema, el Gobierno decidió la separación entre mutuas y servicios de prevención y la creación de la llamada Ley de Mutuas.

En el Estado Español, ahora mismo mueren aproximadamente dos personas cada día a causa de accidentes laborales, sólo en la provincia de Alicante hasta octubre han muerto 9 personas por el mero hecho de ir a trabajar. Ante esta situación nadie, y mucho menos los poderes públicos se pueden poner de perfil y mirar hacia el otro lado. El que nos vayamos, o mejor dicho, el que se vayan acostumbrando a estas cifras hace que esa indiferencia sea un apoyo a favor de la injusticia. Desde luego, o cambia el estado de la situación o tendremos muy poco que celebrar cada año que cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una buena ley pero incumplida y vapuleada demasiadas veces.