Es un principio tristemente extendido entre los políticos ser cortoplacistas y fijar la mirada de sus proyectos en el presente más inmediato. Supeditados como están a fijar su plan de actuación a cuatro años vista, siempre sujetos a las citas con las urnas para revalidar el poder que ostentan, nuestros gobernantes se han aficionado a buscar fórmulas de financiación para conseguir sus metas, que trasladan la mayor parte, o todas, las cargas financieras a un futuro muy prolongando en el tiempo. Es la única forma -se justifican- de que se puedan ejecutar actuaciones muy costosas. Ese «carpe diem» en la gestión pública conduce, sin embargo, a una peligrosa y complicada gestión de futuro como se vislumbra en los nuevos tiempos que corren. No hay más que ver la hipoteca que debe soportar la Generalitat en cuanto a infraestructuras, lo que le va a impedir poner en marcha cualquier proyecto relevante en nuestra provincia, para percatarnos de los grandes inconvenientes que el sistema empleado conlleva. Ese pago diferido en el tiempo, más los intereses que conlleva, no son más que una expresión añadida a ese fatídico lema -vivir por encima de nuestras posibilidades- que algunos utilizaron para explicar las causas de una profunda crisis de la que parece que empezamos a vislumbrar ahora su salida. Suele ocurrir, además, que no se tienen en cuenta las imprevisibles consecuencias que los desajustes económicos pueden provocar en las inversiones de futuro. Ello nos conduce a un presente tan hipotecado lo que, como es el caso, nos obliga a retrotraer la mirada a aquellos tiempos donde la bonanza económica borraba cualquier atisbo de problema y a no mirar más allá del hoy. Cuando lo ideal hubiera sido combinar el pago con ejecución del proyecto y el financiado para mantener ese difícil equilibrio entre presente y futuro.
