Pobres de solemnidad. Olvidados por unos y otros, seguimos siendo los desheredados de la Comunitat. Somos la quinta provincia que más aporta al Producto Interior Bruto (PIB) de España y ese es un dato indudablemente positivo. Sin embargo, cuando se corrige este importe en función del número de habitantes nos quedamos en nada. En el ranking nacional ocupamos el puesto 44 en términos de PIB per cápita, algo que no es precisamente meritorio. Nada que ver con la vigésima primera posición en que se sitúa Castellón o la vigésimo cuarta en la que se coloca Valencia. Solo ocho provincias se encuentran por debajo de nosotros. Vaya, que no tenemos ni para pipas.
Con un panorama tan chungo, sería de agradecer algún gesto de discriminación positiva hacia Alicante por parte de la Generalitat Valenciana. Y es que, tras 33 años de autogobierno, cabría esperar que las diferencias entre las tres provincias hubieran disminuido y no ha sido así. Cierto que hace una década las cifras se aproximaron pero, a partir de entonces, Alicante cayó en picado. Desde que Francisco Camps llegó al poder el PIB per cápita de los alicantinos ha ido descendiendo, considerablemente, hasta la fecha. Por el contrario, Castellón y Valencia siguieron creciendo -a pesar de lo perdido durante la crisis-, marcando aún más las distancias.
La responsabilidad del Consell en esta situación de desequilibrio es indudable. No puede limitar su papel al de mero observador, ajeno a una realidad que afecta directamente a sus competencias. Corregir las desigualdades territoriales es una de las principales funciones exigibles a nuestro modelo autonómico. Si no se cumple este objetivo, en mayor o menor medida, habrá razones para plantearse qué demonios hacemos manteniendo este rumbo. Y, por loable que sea, lo de proteger la historia y las tradiciones de un pueblo no da de comer ni remedia agravios.
Es evidente que algo falla cuando dos provincias se sitúan prácticamente a la par, mientras la tercera se hunde en el vagón de cola. Aún así, parece que en Valencia están convencidos de que el servilismo alicantino es un rasgo caracterial, más que un estado coyuntural. Cambian los partidos en el poder pero, en absoluto, el comportamiento hacia esta tierra. Un año más, los presupuestos de la Generalitat nos confrontan directamente con la cruda realidad. De nuevo somos los que menos recibimos del pastel.
Las cuentas públicas son el mejor instrumento del que dispone un gobierno para corregir desequilibrios. La capacidad de que el sector público se convierta en motor de la economía se justifica, precisamente, por la necesidad de reducir las desigualdades. Cuando estas diferencias son tan importantes entre los territorios no cabe repartir por igual. Lo del «café para todos» agrava aún más la situación. Peor todavía, en este caso ni siquiera hay café para todos. A la hora del reparto, Alicante nuevamente recibirá migajas. Digo yo que, tratándose de un gobierno que se autodenomina progresista, debiera corresponderle mayor porción al más pobre. No ha sido así. En fin, eso define a la progresía de salón.
La inversión territorializada es un indicador que se utiliza, habitualmente, para analizar el grado de equidad en la distribución presupuestaria. De acuerdo que tiene muchos sesgos -el primero, su más que posible incumplimiento- pero es el único dato disponible a priori. En buena lógica, el orden debería ser inverso a la riqueza, priorizando a Alicante sobre Valencia y a ésta sobre Castellón. El gobierno de Ximo Puig ha decidido mantenerse en la línea de sus antecesores y, por tanto, el resultado es similar. Mientras Castellón percibirá un 83% más que el promedio per cápita, Alicante volverá a conformarse con un 11% menos que la media autonómica. Me dirán que hay más, que está la inversión que no se dirige a una provincia en concreto. Vieja trampa que generalmente esconde más desigualdad porque, como siempre, acaba recayendo allí donde la Generalitat dispone de más centros o instalaciones: Valencia. De hecho, la inversión prevista en el Hospital Clínico de Valencia ya se ha computado como un gasto que corresponde a toda la Comunidad. Ahí tienen el primer ejemplo del engaño que, insisto, es una treta frecuente y no exclusiva del actual gobierno autonómico.
De nada ha servido la reclamación de la vicepresidenta Mónica Oltra que, en plena campaña electoral, reivindicaba el reequilibrio territorial. Las palabras se las lleva el viento, pero las mentiras quedan en la memoria. Si desde Compromís callan ahora, en Podemos aplauden y ya han confirmado su apoyo a los presupuestos. De los socialistas, poco que esperar. Los mismos que en agosto reclamaban justicia ante el maltrato del gobierno de Rajoy hacia Alicante, hoy otorgan cuando son los suyos los que nos ningunean. No hay alcalde, diputado, senador o mamporrero de partido que levante la voz ante este nuevo agravio. Y de los populares tampoco esperen nada, que ni les queda una pizca de moral para demandar, ni tienen más interés que meter cabeza donde se pueda antes de que el barco naufrague al completo. Está por ver la postura de Ciudadanos, que esperemos sea más certera que la que defendió Albert Rivera en relación a la financiación autonómica.
Hubo tiempos en los que vertebrar esta Comunidad pudo dejar de ser una quimera para convertirse en algo realmente factible. Pero la historia no cambia tan fácilmente y, menos aún, cuando se prima el servilismo sobre la justa reivindicación. Dicho sea de paso, el mal no viene de Valencia sino que parece intrínseco a ese provincianismo anquilosante que caracteriza a los alicantinos. Que no nos quieren es evidente. Que somos un tanto corderitos, aún más. Cuestión de preguntarse qué fue de nuestra sangre fenicia.
¿Le queda algo a esta provincia para defenderse? Coincidirán conmigo en que hay motivos para desconfiar de nuestros representantes. A la vista de los acontecimientos, los nuevos mandatarios se diferencian en bien poco de los anteriores a la hora de partirse el pecho por esta provincia. Los tiempos en los que la Cámara de Comercio puso la cara acabaron con la jubilación de Fernández Valenzuela. La confederación empresarial alicantina (COEPA) nunca se ha caracterizado por ponerlos encima de la mesa y así han acabado, con ese proceso de liquidación por saldo en que andan inmersos. Queda el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (INECA), que parece haber aceptado el reto. Esta semana denunciaban el reparto presupuestario pero, o mucho me equivoco, o se van a quedar solos en esta cruzada.
En cualquier caso, la solución ya la apuntaba Mónica Oltra en su visita a Alicante, en aquel entonces como candidata a presidir la Generalitat. «No sólo cabe exigir en Madrid una financiación justa, sino exigirnos a nosotros mismos que esas inversiones sean equilibradas y den solución a la discriminación actual», decía la actual vicepresidenta. Quizás falta algo más: cumplir la palabra, que de eso también andamos bastante necesitados.
