Tribuna

Cuestión de estado

14.11.2015 | 06:36
Cuestión de estado

El Gobierno y la oposición que se configure después de la Navidad deberán asumir retos políticos y sociales si quieren devolver confianza y cohesión a las gentes de España. Es algo que está por ver y demostrar.

Indudablemente el tema territorial ha sido, es y será de primer orden en tanto existan sentimientos de discriminación e identitarios tan arraigados en las personas como ignorados por las políticas de confrontación diseñadas para exclusiva gloria partidista tanto dentro del Gobierno central como en algunos autonómicos. Esa es mi opinión, forjada desde el triste recuerdo de aquella campaña infame de recogida de firmas y aquel recurso y sentencia constitucional que multiplicó por tres el indepentismo en Cataluña y que, de muchos modos distintos, sigue siendo alimentado, aquí y allá.

Es la situación a la que hemos llegado la que ha hecho evidente que nunca se trabajó por las soluciones y que otros fueron y son los intereses en juego y que, lejos de resolverse, el problema territorial de España sigue sin ser abordado.

En paralelo, casi en mismo lapso de tiempo, otras cuestiones permanecen sin resolver y no pueden ocultadas de la agenda política y mucho menos «aparcadas» sine die sin ser conscientes del riesgo su deterioro hasta el peligroso punto de la irreversibilidad. Una de ellas es la educación, tema capital para el futuro de cualquier país o Estado que aspire a progresar. Hay otras.

Hoy sábado, 14 de noviembre, la educación y la sociedad valenciana vuelve a estar llamada a protestar y denunciar la infamia a la que está siendo sometido el sistema educativo público. He dicho infamia.

El lema de la manifestación es «Por la escuela pública, No a LOMCE, el 3+2 universitario y los recortes en educación». Es un todo indivisible que hoy ya está cuantificado y que, contra la lógica y el interés general, sigue el curso marcado a pesar del rechazo frontal unánime y razonado a unas políticas educativas impuestas contra cualquier criterio científico, profesional o pedagógico y contra las opiniones del Consejo Escolar del Estado, la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo de Rectores Universitarios.

De la LOMCE ya está dicho todo y los hechos lo ratifican: es una ley segregadora de estudiantes y familias, clasificadora de centros, masificadora de aulas, adoctrinadora de conciencias, sexista en la forma y el fondo, empobrecida en su presupuesto, empobrecedora y precarizadora del mercado laboral y de la profesión docente y antidemocrática en la gestión (expulsa a la comunidad educativa del debate y de la toma de decisiones). Nadie sabe por qué el Partido Popular la llamó Ley de Mejora de la Calidad, pero todo apunta al cinismo de un ministro y de una secretaria de Estado que fueron premiados con el mayor «viaje de novios» a París que nadie ha tenido jamás.

Son los hechos y los datos oficiales los que las avalan mis palabras y mi crítica a unas leyes que decían y dicen perseguir calidad mientras se han infringido en esta legislatura los mayores recortes a la educación, pública casi en exclusiva:

–El presupuesto educativo ha bajado del 5,1% del PIB en 2009 al 3,9% actual y seguirá bajando si nadie lo impide hasta el 3,7% en 2018 para cumplir el «Programa de Estabilidad 2015/2018 del Reino de España» enviado recientemente a Bruselas por nuestro Gobierno.

–El 3,7% del PIB es lo que España dedicaba a educación en los años 80. Entonces no había enseñanza obligatoria universal hasta los 16 años, educación infantil generalizada, ciclos formativos de grado medio y superior, ni grados y postgrados universitarios? Es absolutamente imposible mejorar nada empobrecimiento así nuestro sistema educativo.

–Esos recortes en educación han significado pérdida de gratuidad de la enseñanza, pérdida de ayudas y becas, pérdida y encarecimiento de servicios complementarios, subidas de tasas y créditos, reducción de plantillas, masificación y cierre de aulas, etcétera.

–Los últimos cinco años el sistema educativo público ha «perdido» casi 30.000 docentes (más de 4000 son del PV) al mismo tiempo que aumentaba el número de estudiantes en 1.036.489 personas y crecía la precariedad laboral del sector hasta alcanzar de nuevo el 20% de media.

–En la Universidad ocurre lo mismo, su presupuesto se ha reducido en 1.500 millones desde 2012 al tiempo que se han encarecido los precios de las matrículas y los másteres. El conjunto de la universidades españolas han «perdido» 8.000 puestos de trabajo y 77.000 alumnos y alumnas con respecto al curso 2011-12 (3.000 alumnos menos sólo en la UA). Al mismo tiempo, las becas han disminuido casi un 50% su cuantía.

–La reforma universitaria conocida como «3+2» trae un recorte adicional de 1.000 millones a las universidades. Son evidentes las consecuencias de esa nueva «transformación» consistente en «privatizar» otro año de estudios universitarios, haciendo pasar de facto, los másteres actuales de un año a dos de duración para triplicar de media su coste.

Hoy vuelve a ser necesario denunciar y rechazar esas políticas y exigir otras de inversión, estabilidad y pacto por la Educación, es cuestión de Estado.

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