En estos tiempos se están usando con profusión los términos Smart City y Smart Mobility, con las traducciones aceptadas de «Ciudad Inteligente» y «Movilidad Inteligente». Aunque mantengo mi escepticismo respecto a que las ciudades y la movilidad puedan ser inteligentes, vamos a aceptar las definiciones generalmente aceptadas.
Según el informe Mapping Smart Cities in the EU, de la dirección general para políticas internas del Parlamento Europeo, de enero de 2014, se considera que una «ciudad es inteligente» si tiene al menos una iniciativa relacionada con una o más de las siguientes características: Smart Economy (economía inteligente), Smart People (gente inteligente), Smart Mobility (movilidad inteligente), Smart Environment (entorno inteligente), Smart Governance (gobernanza inteligente) y Smart Living (forma de vida inteligente).
La toma en consideración de la Smart City tiene un ámbito global y tanto la UE como el Gobierno español no pueden estar al margen, por lo que éste ha elaborado el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Este plan incorpora la siguiente definición: «Ciudad inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente».
El citado Plan Nacional de Ciudades Inteligentes da continuidad a todas estas iniciativas, proponiendo para ello un conjunto de nuevas medidas que supondrán la movilización de un volumen de recursos cercano a los 190 millones de euros.
Desde el año 2012 está constituida la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), cuyo objetivo es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad. Actualmente son más de 60 las ciudades españolas integradas en RECI.
En esta red participa el Ayuntamiento de Alicante que declara «estar inmerso en el desarrollo y ejecución de proyectos consistentes en la mejora continua de la ciudad en los ámbitos de eficiencia energética, recuperación de espacios públicos, sostenibilidad medioambiental, Administración electrónica y, en general, en todas aquellas acciones encaminadas a la mejora de la prestación de servicios al ciudadano y al ahorro de costes tanto en la prestación de dichos servicios como en la gestión de la ciudad». La declaración del Ayuntamiento de Alicante en cuanto a su apuesta por ser Smart City, no parece mostrar un énfasis específico por el tema de la movilidad.
Cuando tratamos el concepto movilidad en una ciudad inteligente nos estamos especialmente refiriendo a la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia de los sistemas de transporte e infraestructuras, así como a la accesibilidad tanto local como nacional e internacional.
Las medidas a tomar en la ciudad referidas de movilidad se pueden, y deben, enmarcar dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que es un conjunto de actuaciones cuyo objetivo principal es la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles que hagan compatibles el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente, lo que garantiza una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
Con las actuaciones sobre la movilidad urbana, en las ciudades se pretenden lograr cambios significativos en el reparto modal de la misma con el aumento de la participación de los modos más eficientes (transporte público, bicicleta...) y en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación.
En cuanto a las nuevas inversiones en infraestructuras de transporte deben estar orientadas fundamentalmente a reducir las congestiones de tráfico, informar a los usuarios en tiempo real y, por supuesto, minimizar los recorridos y los tiempos de viaje de los ciudadanos; así mismo, teniendo en cuenta los fracasos de las inversiones tranviarias de la última década, las nuevas infraestructuras deben ser económicamente sostenibles.
De hecho, las actuaciones sobre el comportamiento de la movilidad persiguen una transición hacia modos de transporte más sostenibles, lo que tendrá un efecto directo sobre el medioambiente, lo que a su vez redundará en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, avanzando hacia un futuro bajo en emisiones de CO2. Debemos tener en cuenta que el 40% de la energía consumida en Europa corresponde al transporte y el 90% de la energía consumida por los transportes mecanizados es de origen petrolífero.
En una ciudad intermedia, como es el caso de Alicante, el objetivo sería que una parte de la movilidad motorizada que utiliza vehículos particulares optara por el uso del transporte público disponible (autobús y tranvía). Asimismo, el desarrollo de la Smart Mobility debiera vincularse al PMUS aprobado en el año 2013, o en la revisión del mismo, en su caso.
En otra ocasión, nos referimos al listón bajo de la movilidad sostenible en el municipio de Alicante, donde únicamente el 12% de los ciudadanos utilizan el transporte público para sus desplazamientos; seguimos insistiendo en dicho diagnóstico.
Por otra parte, en estos tiempos, ninguna ciudad puede optar al título de inteligente si no ha resuelto de manera inteligente los problemas de la movilidad, transporte y accesibilidad de sus ciudadanos. En definitiva, las ciudades solo pueden ser inteligentes si quienes las administran saben tomar decisiones inteligentes para la solución de los problemas.
