En la magnífica entrevista realizada por el director de este medio, Juan R. Gil, y el periodista Pere Rostoll, al líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, publicada el pasado domingo, éste se mostró tajante respecto a la financiación del Estado a la Comunidad Valenciana. Sorprendentemente, su opinión fue tajante y contraria a la ofrecida, sin ambages, por tantos estudios e informes económicos, que nunca podrían ser acusados de dudosa procedencia, y que siempre han dictaminado el denostado papel que a la Comunidad Valenciana le toca desempeñar por la infausta Ley Orgánica de Financiación Autonómica.

La aplicación de esta ley, que debería haberse reformado el pasado año, si no antes, convierte a la Comunidad Valenciana en mecenas de otras comunidades más ricas que ella, suministradora de fondos que hacen disfrutar de medios, inversiones y apoyos a las que le superan en renta, y que a ella le faltan. Ocurre año tras año, sin que al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sabedor de la injusticia, le duelan prendas por no corregirlo, antes bien se dan largas, y sigue jugando el papel de cenicienta.

Tres veces, tres, y con rotundidad, negó el sensato político un aserto científicamente probado y reconocido por todos, propios y ajenos, políticos, científicos, investigadores, instituciones y organizaciones, cualesquiera que sea su color, sus signos de identidad, su ubicación territorial: la mala financiación de la Comunidad Valenciana, pero, es posible que, como hizo después Pedro, aunque sin que el gallo cantase, a estas alturas, esté arrepentido de que, quizás por desconocimiento, negase lo cierto y evidente.

Quizás se debiera a que esté demasiado imbuido en el hecho catalán, donde la queja por la financiación recibida es cotidiana. Pero la diferencia es notable, ya que Cataluña, como Madrid, deben ser solidarias porque su renta es superior a la media de las comunidades, cosa que no ocurre con la valenciana, en donde somos los únicos contribuyentes netos, en la medida en que, estando el nivel de renta por debajo de la media nacional, se recibe mucho menos de lo que se entrega, y así que resulta imposible atender la educación, sanidad y protección social, sin incurrir en déficit de gestión. Un déficit que, año tras año, agranda la deuda ya elefantina.

Quizá esté el respetado político sobrepasado, porque en sus visitas a otras comunidades todas ellas le muestren quejas por la financiación, algo que es muy propio de esta España plañidera, pero debe diferenciar que si alguna de ellas tiene razón es la valenciana, porque está sufriendo la mayor discriminación en el reparto de fondos. Cualquiera que fuese la razón que asistiera al moderado político, es evidente que puso de manifiesto una ignorancia supina en una cuestión tan determinante para el presente y futuro de esta Comunidad que debería subsanar.

Lástima que su bien ganado prestigio se haya visto ensombrecido por su tenacidad en incurrir en un error tan notable. Habría bastado con haberse ilustrado, aun someramente, con las conclusiones de estudios tan reveladores como el encargado por el propio Ministerio de Hacienda al grupo de trabajo dirigido por el catedrático Ángel de la Fuente que se concluyó el pasado año, los realizados sobre las balanzas fiscales por éste y R. Barberá, los análisis hechos por el Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, los la Fundación BBVA, el del IVIE, y tantos otros más, como los de corresponsabilidad fiscal, de Carlos Monasterio, Francisco Pedraja, etcétera, que coinciden en dictaminar el maltrato que sufre la Comunidad Valenciana.

Y es que las cifras son tan determinantes que causa estupor su triple respuesta a la aseveración de los periodistas de que la valenciana es la autonomía peor financiada de toda España: «Eso no es cierto», dijo; «Pero lo dicen los datos», «No, no es cierto»; y por tercera vez, ante la información que se le da de que ahí están los números del propio Ministerio, sostiene: «No es verdad». En su respuestas se ve que confunde la velocidad con el tocino, porque nadie niega la bondad del principio de solidaridad que enarbola para que las comunidades ricas ayuden a las peor situadas; pero que una de éstas, como la valenciana deba contribuir a favor de las que están mejor que ella, es como la historia de Robin Hood, pero al revés.

En el mismo día, página 24, en un artículo de Alejandro Fernández, se mostraba el agravio del Gobierno central a la Generalitat que crea un agujero anual de 1.394 millones de euros en sanidad y educación, y de cómo el desfase es el mayor de entre todas las comunidades. Así que la Comunidad Valenciana sólo puede cubrir con los fondos que recibe del Estado, el 85,2% de los gastos sanitarios y educativos, y el menosprecio supone estar 18,8 puntos por debajo de la media nacional, y a 44,3 de La Rioja, como la mejor financiada: todo un sinsentido.

Valgan estas consideraciones como un crítica constructiva antes que como un rechazo a una formación y a un líder que se merecen el mayor respeto por su buen hacer. Si de humanos es errar, también lo debe de ser el puntualizar la realidad cuando se daña, como es el caso, dejando en entredicho una verdad tan incuestionable y merecedora de inmediata solución como es la discriminación financiera de esta Comunidad.