Julio Rodríguez, general del Ejército del Aire, jefe del Estado Mayor del Ejército en anteriores gobiernos, ha anunciado que se incorpora a las listas de Podemos para las generales de diciembre. Una noticia que, para los que vivimos la Transición y el papel del Ejército en ella, que desembocó en un golpe de Estado, nos sitúa ante una realidad que muestra el profundo cambio operado en una institución que tuteló activamente aquella etapa y el paso de un modelo autoritario a otro democrático.
No podemos olvidar y algunos lo hacen, las dificultades que los altos mandos pusieron entonces para que el proceso avanzara. La legalización de los partidos, especialmente el PCE, la de los sindicatos, ambas acompañadas de sendas dimisiones de ministros militares. La saña con la que se persiguió a la UMD, tanto que la amnistía no conllevó la recuperación de sus empleos por los condenados. Las conspiraciones frecuentes en los cuarteles. La pretensión del Ejército, cuando se redactaba la Constitución, de ser un poder no sujeto al civil, sino autónomo.
Muchos años costó cambiar mentalidades forjadas en una noción de Estado militarizado en el que los consejos de guerra se aplicaban no solo al terrorismo y a una amplia gama de delitos considerados políticos solo porque alteraban el orden público. Véanse las condenas a muerte de septiembre de 1975 para comprobar la contradicción que supone enlazar conceptos incompatibles entre sí como son la autoridad y jerarquía, esencia de lo militar, con independencia, inseparable de la Jurisdicción.
Toda reforma era valorada atendiendo a las posibles reacciones del Ejército, el cual se mantuvo quieto, relativamente, porque el Rey ejercía una autoridad que, no siendo cierta y fundada en poderes legales -desde 1978, no antes-, sí era moral y aceptada en el ámbito militar. Por las razones que fuera, el Rey, tan denostado por nuevas generaciones que demuestran una profunda ignorancia, mantuvo el Ejército y frenó las asonadas hasta el punto que pudo.
Todas las reformas se hicieron poco a poco, lentamente, pero de forma muy meditada, tendiendo a la creación de un Ejército despolitizado, neutral, profesional. La entrada en la OTAN y el contacto con otros ejércitos extranjeros fue determinante; la llegada a los altos mandos de quienes no habían vivido la guerra civil, clave. Hoy, nuestro Ejército es ejemplar y plenamente sometido al poder civil.
Lo pretendido fue, pues, conseguir la neutralidad en la institución frente a la excesiva politización del anterior régimen, dada su tradición golpista centenaria. Y ha cumplido. Hace años que en este país sus fuerzas armadas acreditan una profesionalidad digna de respeto y su influencia en la política es nula.
Por eso, la entrada en una formación política de un general que fue JEMAD es preocupante, por lo que supone de cambio de valores en una institución que debe ser neutral, mantenerse alejada de la contienda política, pues esa fue una de las mayores realizaciones de la Transición. Qué diríamos si otros generales se incorporaran a formaciones legales de la extrema derecha. Me imagino que las reacciones serían sonoras, cuando ambas conductas habrían de valorarse de igual modo. Abierta la puerta, la posibilidad existe y quienes ahora alaban, tendrán luego que omitir críticas a conductas que han propiciado con escasa prudencia.
Evidentemente, no existe obstáculo legal alguno para que el general Rodríguez se incorpore, una vez de baja en el Ejército, al partido que desee, pero se ha abierto una fisura en la institución armada rompiendo una tradición o norma no escrita, la neutralidad, que tanto ha beneficiado a la imagen de nuestras fuerzas armadas. E intuyo que los militares no estarán satisfechos ante este hecho que les hace entrar, sin querer, en debates ideológicos, cuando era la profesionalidad el único dato que aparecía públicamente como determinante en los nombramientos. Se ha politizado una institución innecesariamente.
No es posible, no obstante, prohibir a un ciudadano que se presente a las elecciones. No se puede dictar una ley en este sentido. Todo, pues, ha de fiarse a la responsabilidad personal.
Ya hubo militares en política, pero lo fueron aquellos que habían sido expulsados del Ejército por su pertenencia a la UMD, lo que se explicaba en ese hecho. Pero, nunca, que es lo determinante en este caso, un alto mando, el JEMAD, cuya incorporación a las filas de Podemos tiene un valor adicional que en otros países no tendría, pero que en España y aunque no existe riesgo alguno de involución, choca con una historia muchas veces latente en quienes vivimos épocas pretéritas.
Bueno sería de futuro que el Ejecutivo valore a quienes nombra para cargos de tan elevada influencia en el estamento militar. Evidentemente, en este caso erró quien lo nombró, no por su profesionalidad que no es discutible, pero sí por sus veleidades políticas que, cabe presumir, fueron determinantes para su nombramiento, aunque no suficientemente valoradas. Desgraciadamente, este dato, antes ajeno a la opinión pública, se analizará ahora por los medios de comunicación. Otro sector de la sociedad que quedará sometido a los intereses de los partidos.
