Siempre me ha sorprendido el cinismo y la crueldad que utilizan los sectores más correosos de la derecha en el PP contra los más débiles. Es algo genético que deberían de mirárselo a fondo, porque ni es compartido por todos los responsables y votantes de este partido, ni mucho menos forma parte de los valores de la sociedad española, que siempre ha dado lecciones de tolerancia, convivencia y solidaridad muy por encima de la irresponsabilidad con que nos sorprenden algunos dirigentes políticos.
La suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional de la Ley valenciana que garantizaba el acceso de los inmigrantes al sistema sanitario público es una consecuencia automática desde el momento en que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso ante este alto tribunal invocando el artículo 161.2 de la Constitución para impugnar esta ley, lo que genera la suspensión inmediata de la disposición legal recurrida, si bien el TC deberá ratificar o anular esta suspensión en un plazo máximo de cinco meses. Pero con toda seguridad, el alto tribunal la levantará al igual que ya ha hecho en idénticos recursos a leyes vascas y navarras de atención a los inmigrantes.
Por ello creo que deberíamos hacer a Rajoy y a su Gobierno algunas sencillas preguntas: ¿Qué ha ganado nuestra sociedad dejando sin atención sanitaria en la Comunidad Valenciana a miles de inmigrantes por el hecho de carecer de permisos de residencia en vigor? ¿Cómo justifican que añadan caprichosamente sufrimiento, dolor y enfermedad a miles de personas y pongan en riesgo incluso la propia salud pública en nuestra Comunidad? ¿Qué grado de irresponsabilidad moral y cinismo político hay que tener para anunciar durante la precampaña de las pasadas elecciones locales que su Gobierno derogaría su controvertido Real Decreto 16/2002 que eliminó la atención sanitaria a estos inmigrantes sin papeles para devolverles estas prestaciones, sin que siete meses después el mismo Ejecutivo haya movido un solo dedo para ello y ahora recurra una Ley que reconoce lo que el mismo Gobierno anunció en marzo que corregía? Si el propio ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y el mismísimo Mariano Rajoy, cuando anunciaron electoralmente que devolvían la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles dentro del Sistema Nacional de Salud, lo justificaron alegando que así «no se seguirían colapsando las urgencias», ¿pretenden ahora que las urgencias hospitalarias sigan colapsadas, muy por encima de sus posibilidades, medios y capacidades simplemente por una decisión basada en un simple cálculo electoral?
La respuesta a todas estas preguntas nos conduce a un mismo lugar: el PP está actuando de esta manera partidista contra el Gobierno de una comunidad autónoma que no es de su mismo signo político al no perdonarle que consiguiera desplazar a los populares al frente de la Generalitat valenciana tras veinte años ininterrumpidos en el Palau. Y todo ello se hace sin que importe poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Porque no es verdad que esta decisión afecte únicamente a los inmigrantes, ni mucho menos, un colectivo al que este Gobierno trata habitualmente como si fueran animales sin derechos. Como han demostrado sociedades médicas y profesionales, en contra también de recomendaciones sanitarias, científicas y académicas, siendo muy grave dejar sin acceso a la sanidad a un colectivo tan importante como son estos inmigrantes indocumentados, lo es también al poner en riesgo la salud pública del resto de la población.
Sobran argumentos médicos y de racionalidad sobre el sistema nacional de salud para demostrar el gigantesco error que cometió el PP al quitar a los inmigrantes los cuidados sanitarios. La propia Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP, lo ha comprendido y ha decidido que estos inmigrantes vuelvan a ser atendidos de nuevo en todo el sistema sanitario madrileño sin que nadie en el PP por cierto la haya rectificado. Pero me parece importante comprender que la decisión de recurrir ante el TC la Ley valenciana forma parte del testamento político de un Gobierno que ha finalizado su mandato entrando en plena campaña electoral agotado y sin capacidad de respuestas. Rajoy y su partido han demostrado a lo largo de toda su legislatura una absoluta incapacidad para dialogar y llegar a acuerdos ante numerosos problemas relevantes que se han ido presentando con cualquier otra institución que no sea dirigida por personas de su propio partido, alimentando con ello fracturas sociales y frustraciones políticas innecesarias.
La etapa de mayorías absolutas que ejercían un poder autoritario ha terminado y las próximas elecciones generales lo van a certificar. La sociedad reclama un diálogo continuo sobre temas importantes y que nunca más se vuelvan a pisotear los derechos de los más débiles, como se ha hecho en esta legislatura. Pero este Gobierno y el PP siguen sin querer comprenderlo, continúan sin entender que con la salud y la vida de las personas no se juega, de la misma forma que tampoco se puede actuar de manera partidaria con la inmigración, porque ya se sabe que quien juega con fuego puede quemarse algún día.
