06 de noviembre de 2015
06.11.2015
Tribuna

La deuda de la Generalitat y su auditoría

06.11.2015 | 04:58

El nuevo Consell del País Valencià se ha encontrado con que la deuda de la Generalitat asciende a más de 40.000 millones de euros, lo que supone prácticamente el 40% de su producto interior bruto anual (el conjunto de la riqueza que en términos monetarios se mueve en el país). Esto significa que cada valenciano tiene una carga de más de 8.000 euros de deuda sobre sus hombros. La progresión de la deuda es notable (en el 2005 era 10.532 y en el 2010 de 20.119 millones de euros) y, por tanto también la del pago de sus intereses. Los dos territorios más endeudados después del nuestro son Castilla-La Mancha y Cataluña, con un 34 y un 33% de su PIB, cifras inmensas, teniendo en cuenta que la media del endeudamiento autonómico está en el 23% del PIB. Este endeudamiento es insostenible ya que su crecimiento interanual está muy por encima del de la generación de riqueza. En la actualidad, es una deuda que se debe fundamentalmente a la Administración central del Estado.

Esta deuda procede, en gran medida, de la debilidad de la imposición fiscal llevada a cabo por la Administración central, procedente de una escasa imposición a las rentas más ricas. Dicha debilidad impositiva actuó como un factor de vulnerabilidad ante la quiebra de los negocios inmobiliarios de los bancos y de las entidades financieras en 2008 y del traspaso de sus deudas al erario público (los «rescates»). Para pagar este «rescate» la Administración central ha ido disminuyendo sus transferencias y, por ello, la Generalitat ha tenido que recurrir a préstamos. La disminución de las transferencias tienen un objetivo, conseguir la disminución de los servicios públicos y aumentar la privatización así como el gasto que cada persona debe realizar de su bolsillo para pagar por la atención sanitaria y la educación. El «control del gasto público» y la «contención del déficit» son la otra parte de la pinza para conseguir este objetivo. La finalidad es traspasar beneficios sociales (nuestro salario indirecto), conseguidos a través de la lucha de las de abajo, a beneficios empresariales.

Sin contar con la deuda «histórica» (desde 2002) de 1.000 millones de euros anuales de la Administración central con la Generalitat, una valoración inicial de la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda (PACD) ha mostrado que la mayor parte de la deuda de la Generalitat es ilegítima. Eso significa que se ha contraído sin relación con las necesidades de la ciudadanía y en relación con intereses espúreos como, por ejemplo, la recapitalización de los bancos y entidades financieras, vía las tasas de interés de los préstamos. También son fuente de esta deuda ilegítima la política de la Generalitat de «grandes eventos», privatizaciones y gastos sin interés social, así como la escasa utilización de su capacidad recaudatoria sobre los más ricos.

La PACD forma parte del movimiento que busca liberarse de las cadenas de la deuda tanto en nuestro país como en el Estado y en Europa. Este movimiento plantea la realización de una auditoría ciudadana, en la cual la ciudadanía propone y toma decisiones para evaluar la legitimidad de la deuda. La auditoría es integral, no exclusivamente económica. Deben tomarse en consideración las deudas de género, salud, ecología, urbanismo? Y es un proceso continuado. Sirve no solo para revisar la deuda pasada, sino para velar por la correcta gestión y transparencia en el futuro, gobierne quien gobierne.

Poco tiempo después de las elecciones de mayo, la PACD se dirigió a las fuerzas políticas que accedieron al gobierno de la Generalitat pidiendo que se cumplieran las promesas electorales y el Pacte del Botànic, de 11 de junio, en los cuales se planteaba la creación de una Comisión de Auditoría Ciudadana y Transparencia, que se encargue de identificar qué parte de la deuda es odiosa, ilegal, ilegítima o insostenible al tiempo que nos permite conocer cuáles han sido los mecanismos de endeudamiento y quiénes han sido los responsables para iniciar acciones legales destinadas a depurar responsabilidades y pedir reparaciones. El Pacte del Botànic entre Compromís, el PSPV y Podemos, en su 5º y último apartado dice lo siguiente: «Auditoría ciudadana de la deuda de la Generalitat, de los diferentes departamentos y las entidades dependientes, con publicidad de los informes finales». Una propuesta con la que podríamos estar de acuerdo ya que se acerca a lo que propone la PACD.

Sin embargo, el 6 de septiembre, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se refería al tema de la deuda valenciana en los términos siguientes: «Reivindicamos que de lo que somos responsables nos hacemos cargo: el despilfarro, la corrupción, etcétera, cometida por gente que votamos los valencianos». La nueva y no avisada posición política del conseller invierte la realidad, los valencianos y valencianas no somos responsables ni del despilfarro ni de la corrupción, y por ello no podemos hacernos cargo de su coste. Con estas palabras, el conseller muestra que no tiene intención de realizar la auditoría y la sustituye con su propia hoja de ruta, a costa de que cada ciudadano cargue con 8.000 mil euros de deuda. Desgraciadamente, esta nueva hoja de ruta supone dejar en la indefensión los intereses de la sociedad y el incumplimiento de una promesa de gobierno clave. Por nuestra dignidad como ciudadanía y como pueblo, es por lo que la PACD exige la materialización de esta promesa de gobierno. La deuda pública ha de ser auditada y las responsabilidades identificadas.

(*) Firman también en representación de la Plataforma Auditoría Ciutadana del Deute-País Valencià Manuela Lopez Andújar, Fernando Paton y Andreu Tobarra.

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