Una de las frases más desafortunadas de Pablo Iglesias fue decir que si fuera él presidente del Gobierno, los catalanes no desearían separarse de España como ahora con Rajoy. ¿Quiere decir que dependa de quién y cómo se gobierna desde Madrid, los catalanes quieran o no ser independientes? Es una deducción peligrosa. ¿De qué estamos hablando? No se trata del derecho de segregación de Quebec, con mayoría católica, con el único idioma oficial que es el francés, con el derecho civil napoleónico y que se unió en 1867 con las demás provincias de Canadá, que son de habla y derecho inglés o common law y religión protestante; tampoco se trata de Escocia, un reino siempre aislado que se unió a Inglaterra en 1707 (en contra de muchos escoceses), una región pobre sin ninguna autonomía hasta hace poco, donde su parlamento se tenía que reunir en Londres, y su trono (una piedra) de los reyes de Escocia estaba debajo del asiento trono del rey de Inglaterra. En ambos casos se produjo un pacto con el gobierno central para hacer sendos referendums que resultaron negativos para la independencia. En cambio, Cataluña durante siglos está unida y forma parte integrante a España, representa el 15% de su población y el 20% de su PIB, donde su idioma y su derecho civil deriva del romano como en el resto de España. Veamos el disparate de los que propugnan la separación de España, una independencia declarada unilateralmente.

El 80% de la población española, sería extranjera en Cataluña. No podrían ser funcionarios públicos, ni elegir ni ser elegidos en elecciones catalanas, no tendrían derecho a la sanidad pública catalana, ni cotización social si no hay acuerdos recíprocos, se podrían poner fronteras por uno o ambos países, exigiendo pasaporte o visados, y todo ello sin hacer un referéndum entre todos los españoles que sería lo democrático, ya que hablan los separatistas de democracia, parece que sólo es para ellos. Recíprocamente, los catalanes serían extranjeros en España, perderían la nacionalidad española, salvo que declaren que quieren continuar siendo españoles, como recogen las actuales leyes españolas, pero esto puede no reconocerlo Cataluña, y sería una doble nacionalidad conflictiva. Los catalanes no podrían ser funcionarios públicos, ni elegir ni ser elegidos en España. Los exportadores catalanes podrían tener problemas de aduanas, de cuotas y aranceles españoles, como cualquier país extranjero que no forme parte de la Unión Europea, y Cataluña no podría entrar si no obtiene la unanimidad de sus miembros, por lo que deberá tener su moneda propia que le acarrearía una devaluación enorme.

A todo esto debemos añadir que el partido de derechas Convergencia se precipita por sus líderes en el separatismo para ocultar su desgobierno y la corrupción de la que está invadido, y los partidos llamados de izquierda catalanes pactan con aquél bajo el argumento de que ante todo es la independencia y luego ya veremos, con la defensa de un derecho de autodeterminación o derecho a decidir la segregación, que nunca se le ha reconocido ni internacionalmente ni por el resto del Estado español.

Como dice el catedrático José Asensi, de llevarse a cabo antidemocráticamente medidas unilaterales (como la resolución que se prepara en el Parlament) de desobediencia a las leyes, el caos se apoderará de Cataluña, cuyas principales víctimas serán las clases populares y medias, a quienes los nacionalistas dicen representar y proteger. Parece mentira, añado yo, que la izquierda siga esa dinámica. Preguntado Carod Rovira cuál era su política de izquierdas contestó: mi política es Cataluña. ¡Vaya izquierda de viva Cartagena!