Pagaría por saber el porqué el tripartito de Alicante ha preferido realizar una cuestionable auditoría externa (que ellos se niegan a que se les mente como tal porque tendrían que admitir que es ilegal e ingenuos puede que haya alguien, pero tontos, no), en vez de una auditoría oficial con todas las de la ley por parte del interventor municipal. Alguna explicación habrá, pero lo que lo dicho hasta ahora no parece razonable. Los alicantinos merecen conocer con rigor y datos indiscutibles los abusos que pudieron cometer con el dinero público los anteriores gestores del PP, del mismo modo que también deben saber que los actuales gobernantes, en una contrata tan singular, han optado por alejarla de los canales de transparencia que demandaban cuando estaban en la oposición. Una auditoría externa disfrazada de informe porque no lo permite la ley, contratada de manera directa, con el jefe de Protocolo al frente (ahora se afirma que es un error), y con cláusula de discrecionalidad sobre el resultado no parece lo más adecuado si lo que buscaba el tripartito era la verdad de las cuentas del PP, que todos deseamos conocer.
