03 de noviembre de 2015
03.11.2015

Reforma constitucional

03.11.2015 | 03:32
Reforma constitucional

Sigue acercándose el choque de trenes; cada vez está más cerca. Ellos –Junts pel Si y la CUP– con documentos y acuerdos tendentes al inicio de un camino rompedor con España, y estos –el Gobierno de la nación– con el mismo discurso que hace meses, pero sin ejercitar el noble ejercicio de la política. Nadie tiene legitimidad democrática, en función de los resultados de las elecciones catalanas, para invocarse en un ilegítimo derecho y dividir a una sociedad como la catalana y decidir crear un nuevo Estado al margen del Estado español. Es una irresponsabilidad, una ilegalidad, y una decisión que no les corresponde. Pero también, y ya lo he escrito en alguna otra ocasión: la situación que hoy se vive en Cataluña es consecuencia de una decisión tomada por el PP en 2006, con una campaña de recogidas de firmas contra el Estatut Catalán y su recurso de inconstitucionalidad, así como por la sentencia dictada por el Alto Tribunal anulando determinados artículos del texto aprobado por el parlamento catalán. Este hecho produjo un antes y un después; no me cabe duda. Y mientras, toda una sociedad –la catalana– a la deriva. Los comedores sociales atienden a diario, en Cataluña, a cientos de miles de ciudadanos necesitados de alimentarse tanto ellos como sus familias y allí los partidos que apuestan por romper con España mirando hacia otro lado y dejando a las personas desamparadas de sus necesidades; sigue habiendo desahucios a diario en aquella comunidad autónoma y nadie les da cobijo y una salida digna; las farmacias catalanas siguen sin cobrar lo que la Generalitat les adeuda; o los recortes llevados a cabo en los últimos años tanto en sanidad como en educación, por parte del gobierno del señor Mas, están dejando desamparados a millones de ciudadanos y a un partido político como Convergencia Democrática de Cataluña entre la espada y la pared. Lo urgente es atender a las personas. El desgobierno del president Mas ha sido evidente en esta legislatura que acaba de terminar.
Focalizar todo el discurso en Cataluña respecto a la creación o no de una República y no sobre las necesidades reales de las personas es engañar a la población, ya que conlleva tapar las carencias políticas de unos gobernantes y de un partido –Convergencia Democrática de Cataluña–, además de dispersar y desenfocar sobre otro de los aspectos importantes que se están investigando por parte de los jueces: la presunta corrupción que sobrevuela en el partido de Mas y del expresident, Jordi Pujol. Lo más curioso es que a los socios de izquierdas y nacionalistas del señor Mas parece no importarles las necesidades de la gente ni los presuntos casos de corrupción de su socio convergente y solamente están interesados en crear un nuevo Estado fuera de España y de Europa.
Luego está la pregunta del millón: ¿Cómo se pueden tomar decisiones de este calado en contra de la mitad del pueblo catalán? El plebiscito planteado por Junts pel Si en las últimas elecciones catalanas y su resultado no les avala para hacer una declaración tan rompedora y de tanta importancia como la planteada en el documento acordado con la CUP y presentada a la Mesa del Parlament Catalán. Tampoco sirve el comportamiento anti todo del partido del señor Rajoy y su «dejar pudrir las cosas». El Gobierno español va a remolque de las iniciativas de los independentistas catalanes, y algunos tenemos la impresión de que la posición del ejecutivo es una estrategia premeditada para ganar votos fuera de Cataluña, aunque sea a costa de ir «haciendo» independentistas en aquella tierra en la que tanta familia tengo.
El momento es tan delicado en las relaciones entre el Estado español y aquella Comunidad Autónoma que nadie debería arrogarse el protagonismo en la solución. Ni el presidente Rajoy ni el actual líder de la oposición ni el emergente señor Rivera. Un gobierno en clave de Estado debería posibilitar un acuerdo colectivo con aquellas fuerzas políticas con representatividad parlamentaria y aquellas dos que tras el 20 de diciembre se postulan como nuevas en el arco parlamentario español, Ciudadanos y Podemos. Y ese acuerdo debería girar en torno a un nuevo proceso constituyente donde, entre otros asuntos, se recogiese la especificidad de la nación catalana dentro del Estado español y que, además, todos los españoles pudiéramos refrendarlo mediante una consulta. Y ese acuerdo básico no debería girar sólo en «cumplir y hacer cumplir la ley», ya que esto en un Estado de Derecho se da por sentado. La mejor manera de defender la Constitución es modificarla y no bunkerizarla. Evidentemente, para la tarea de iniciar un nuevo proceso constituyente no veo en el actual elenco de políticos nadie en clave de estadista. Qué pena. Ni más ni menos.

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