La multinacional sueca Ikea, o al menos su filial en España, tras una década de oscurantismo informativo se lanza a la calle a defender lo suyo, los 35 millones de euros que dio los nórdicos admiten que han pagado pero no concretan cuánto, al empresario Enrique Ortiz como adelanto para su implantación en Alicante, en Rabasa, y que están comprometidos puede que hasta gastados, sin que se haya puesto un ladrillo en un proyecto que está paralizado en el laberinto administrativo del Consell, con la petición expresa del tripartito de Alicante de que la Actuación Territorial Estratégica sea anulada. Ayer, los de Ikea quisieron tomarnos por tontos, pero la directora de Expansión de Ikea en España, Asunta Enrile, incurrió en contradicciones como que pese a que «los accesos viarios son críticos» para el proyecto, escogieron la ubicación de Rabasa que requiere de 200 millones de euros sólo para evitar colapsos en la autovía porque «es perfecta» (literal). La conversación, solicitada por la firma que asegura hablar «desde el corazón», no fue fácil. En un momento de tensión, al insistir sobre otras ubicaciones posibles en Alicante que supuestamente estudiaron para acabar escogiendo Rabasa como la «perfecta», la ejecutiva soltó que «no tengo que dar explicaciones de las alternativas que he ido descartando». De las localizaciones que figuran en el ATE, presentadas por Ortiz, demostraron no tener idea. La cuestión de por qué insisten en la ubicación en Rabasa, que parece imposible ahora, quedó sin una respuesta aceptable. Pero no hace falta, ¿por qué va a ser sino por defender su dinero?
