Desde mi llegada en el año 1990 a la Dirección del Museo Arqueológico Municipal de Elda, y como arqueólogo municipal responsable técnico del patrimonio histórico eldense, he podido comprobar como en muy pocas ocasiones se ha cumplido la legislación local y autonómica, el PGOU de Elda de 1983-1984, que negligentemente sigue en vigor demostrando la validez de los gobiernos municipales desde entonces hasta hoy. Aquéllas normas urbanísticas redactadas entonces por un gabinete de urbanismo catalán dejaba muchas lagunas en la protección del patrimonio histórico eldense, además incluía un listado de áreas de protección especial, como la de dicho patrimonio, en realidad el comportamiento municipal permitió que ese listado se convirtiera en una auténtica lista de los caídos: casa Tienda, casa de la C/ Nueva donde está hoy la sede de la mancomunidad, villas romanas de Arco Semper y de Las Agualejas, Sector 9- El Melick, castillo de Elda, y muchos más, y desde los años 90 del pasado siglo los refugios de canteros de Bateig.

Este caso vuelve a salir a la palestra ahora, pero no por seguimiento de los gobiernos del PSOE antes, del PP después, y ahora es todavía una incógnita aunque es pronto, pero también urgente que el nuevo equipo tome definitivamente cartas en el asunto. Ha sido el conocido y valiente Ximo, secretario de la Asociación de Amigos del Castillo de Elda, quien ha puesto el dedo en la ya putrefacta herida, ha sacado a la luz que un refugio ha sido destruido, otro está a punto de correr igual suerte, y otros siguen en peligro.

En este asunto los políticos deben tener en cuenta que esto no es cuestión de sensibilidad o que te guste el patrimonio histórico, que está por ver en todos nuestros gobiernos municipales, bueno en el PP ya se ha visto que ha sido como Atila. La cosa es que es una obligación municipal pues la ley de Patrimonio Cultural valenciano, o la misma raquítica legislación municipal, exigen que se cumpla la legislación urbanística, en el área de Patrimonio Etnológico y Rural también, más claro, todas las destrucciones son una infracción urbanística, por lo que corresponde al concejal de urbanismo de turno garantizar la salvaguarda de este patrimonio, coordinándose con la concejalía de Patrimonio Histórico que debe colaborar en que aquél cumpla la ley, de lo contrario se convierte en cómplice, como ha venido ocurriendo en Elda, al menos desde 1982, pues las comisiones de urbanismo han sido siempre una merienda de negros para el Patrimonio Histórico de Elda.

Ahora lo que toca es que los políticos cumplan con sus responsabilidades, que además exijan que se cumpla la ley vigente, esa que obliga al infractor a pagar una multa y desde luego a reponer el bien destruido hasta dejarlo como estaba antes de la agresión. Por otra parte, un asunto delicado es por qué las empresas que explotan Bateig desde hace años no han pagado un canon adecuado a la ciudad de Elda por la explotación de sus canteras? Por qué se mira a otra parte? Tiene que ver algo que algunos empresarios de las canteras recibieran la invitación del entonces alcalde del PSOE de que fueran mecenas del Eldense o del club de Baloncesto Elda?

Algo no ha olido bien nunca en este asunto y lugar, Elda ha perdido dinero e historia, cuánto tiempo más? A finales de los 90 y entre el 2000 y el 2004, sólo el partido IU de Elda se interesó y peleó a fondo por resolver lo económico y lo del patrimonio histórico, consiguió que se redactase un documento legal que no fue exigido por el gobierno municipal que encabezaba el PSOE. Mucho nos tememos que bienes protegidos del PGOU que se ha de aprobar en breve tendrá que eliminar lo ya destruido.