19 de octubre de 2015
19.10.2015
Crónicas del limbo

Democracia en el Derecho

19.10.2015 | 04:44
Democracia en el Derecho

Al margen de las evocaciones que el concepto de democracia pueda sugerirnos, la cristalización de la democracia es inseparable, en las sociedades civilizadas, de su vinculación al Estado de Derecho y al Estado Social. La Constitución española, como las democracias avanzadas de nuestro entorno, inscribe el concepto de democracia en la siguiente tríada: «Estado social y democrático de Derecho».

Cuando se abandona el marco en que la democracia efectivamente se puede ejercer, ésta adquiere una dinámica propia que termina destruyendo el marco de convivencia y arrasando libertades y derechos. Lo vimos en los oscuros años treinta del siglo pasado en Europa –en condiciones que algunos juzgan similares a las actuales–. Lo hemos visto también en Latinoamérica, donde las anhelos de democracia de pueblos sometidos a crueles dictaduras han dado paso, en algunos casos, a dictaduras fácticas que, en nombre de la democracia, pisotean derechos elementales. Lo vemos todavía en algunos países que se dicen democráticos pero que están bajo el control de un partido único y de una burocracia blindada. Y lo seguiremos viendo en el futuro, siempre que se utilice la palabra democracia para amparar exclusivamente posiciones de poder.

Muchas cosas se pretenden alcanzar en nombre de la democracia. Los populismos que se despliegan por Europa, estimulados por la crisis económica, enarbolando banderas, himnos y antorchas, representan un peligro real de regresión, en su intento de sustituir la precitada tríada –Estado Social-Democrático-de Derecho– por esta otra: «democracia»-populismo-nacionalismo, con sus múltiples y perversos matices.

He echado de menos, en el pseudo-debate abierto en Cataluña a propósito del desafío independentista, una discusión más a fondo sobre el concepto de democracia que maneja el Sr. Mas y sus acompañantes, entre los cuales, como bien sabemos, hay distintos modelos de independencia: el Sr. Mas sueña tal vez con una suerte de estado asociado avalado por la Corona; los republicanos con una República Popular; la CUP con una república asamblearia desvinculada de Europa (por no hablar de los que secretamente piensan en convertir Cataluña en paraíso fiscal).

Lo que a todos ellos convoca es un concepto distorsionado de democracia, concretado en la idea de que una parte de la población de Cataluña, no necesariamente mayoritaria, tiene «el derecho a decidir» en cuestiones tan básicas y determinantes para el conjunto de esa población como el derecho a la nacionalidad, el estatus jurídico y político de todos los catalanes, la pertenencia a una determinada comunidad política, incluyendo a todos aquellos que no estén de acuerdo.

Pero tal derecho a decidir –un eufemismo para encubrir el hecho de secesión unilateral– no existe; es tan solo el disfraz que se utiliza para ocultar lo que no es más que una imposición, un acto de violencia interpretativa y política que nos hace recordar las peores experiencias históricas del pasado. De ahí a exigir pureza de sangre, solo hay un paso; de ahí a instalar una suerte de autoritarismo, es el paso que se pretende dar. Los secesionistas no son las víctimas y los mártires, sino más bien los victimarios, al tratar de imponer su proyecto autoritario a cualquier precio. En una palabra, se trata de la vuelta al decisionismo, de infausto recuerdo, que divide y juzga moralmente entre buenos y malos, buenos y malos catalanes, malvados españoles y bravos catalanes, producto de un adoctrinamiento largamente larvado.

Acabo de recibir un libro, convenientemente publicado por juristas secesionistas, titulado «El derecho a decidir: un nuevo derecho», cuya autoría prefiero no mencionar. Al margen del infantilismo que reluce en el texto, los autores se las ven y se las desean, precisamente, para fundamentar jurídicamente ese «nuevo derecho», que debe estar alojado por ahora, exclusivamente, en la cabeza del Sr. Mas y sus acólitos. ¡Qué más quisiera el Sr. Mas que tal derecho existiera para de esa manera obtener una apariencia de legitimidad!

La democracia no puede pensarse y muchos menos ejercerse fuera y por encima del marco del Estado Constitucional de Derecho –que abarca los derechos de todos, en Cataluña y en el resto de España. Este es un asunto de todos, pero lo es especialmente de todos aquellos sectores, profesorales, profesionales e institucionales vinculados al Derecho, que deberían alzar su voz en lugar de permanecer callados.

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