La pobreza, la precariedad y la desigualdad son los rasgos del nuevo modelo social asentado en España. En España se ha generado un nuevo modelo de sociedad como consecuencia de la desregulación laboral, la fiscalidad y el desmontaje social. Técnicamente ya no hay crisis, pero aquí pasa como con las riadas, ésta ya ha pasado, pero el panorama que ha dejado es desolador.
Los tres rasgos que caracterizan el nuevo modelo de sociedad son la precariedad, la desigualdad y la pobreza severa, que conlleva el peligro de caer en riesgo de exclusión social. La pobreza en sí misma es grave, pero una pobreza sostenida en el tiempo genera riesgos de exclusión social. La pobreza se resuelve con dinero, pero si se da el paso de la pobreza a la exclusión social, eso tiene otra dimensión y no se sale sólo con dinero.
Durante la crisis económica España fue uno de los países en los que más aumentó la desigualdad. El número de hogares sin ingresos sigue en más de 700.000 y tampoco se redujeron los parados de larga duración, mientras que el número de millonarios aumentó un 24% por la mejora de las finanzas.
14,1 millones de personas viven en situación técnica de pobreza, y de ellas, 6 millones están en situación de pobreza severa en relación con el umbral de renta de 2008. El colectivo más afectado por la pobreza es el de menos de 25 años, grupo que también protagonizó el mayor aumento del número de suicidios, del 20%. El rasgo de la precariedad a veces pasa desapercibido, pero en él, cualquier coyuntura adversa puede hacer caer en la pobreza, y salir de la pobreza es muy difícil.
La primera justificación de esta situación es esa afirmación que dice que «no hay alternativa», y que expresa muy bien nuestro presidente del Gobierno. Es la mayor mentira y desatino, pero nos están convenciendo de ello. Claro que se pueden hacer otras cosas. Debemos señalar a la desregulación laboral como primera política desencadenante del nuevo modelo social. La precariedad en el empleo es «escandalosa». Conviene destacar que 9 de cada 10 trabajos son temporales y de corta duración. Asimismo, los salarios percibidos son, en su mayoría, «de miseria».
La segunda causa que debemos señalar es la fiscalidad que hace recaer la carga fiscal en las clases medias y bajas, y permite a las grandes fortunas y a las grandes empresas pagar porcentajes menores de sus ingresos y beneficios que los que tienen nominalmente establecidos.
La última causa que debemos tener en cuenta es el desmontaje de las políticas sociales. Estamos regresando a un modelo de sociedad antiguo, con un retroceso en la educación y recortes extremos en sanidad y, sobre todo, en servicios sociales. En los últimos años se perdieron 0,22 puntos de incidencia en el porcentaje del PIB dedicado a servicios sociales, lo que podemos calificar como una política muy poco inteligente.
La lucha contra la precariedad y la exclusión pasa necesariamente por reivindicar -o incluso reinventar- los derechos y la disponibilidad de recursos para hacer factible la sostenibilidad de la vida, desde la defensa de las necesidades que en cada caso consideramos justo satisfacer en pro de la dignidad humana. Frente a la precariedad y a la exclusión debemos proponer una defensa de las condiciones económico y psicosociales que hacen posible la dignidad de personas y colectivos. Frente a la fragmentación en el empleo, debemos asumir que las necesidades a satisfacer van más allá de la remuneración recibida. Frente al desigual reparto de la riqueza tenemos que exigir la conversión y ampliación de los servicios sociales en derechos sociales universales.
Frente a las múltiples precariedades femenina, juvenil, inmigrante... tenemos que sindicalizar y politizar (es decir, convertir en demandas sindicales y políticas) la satisfacción de aquellas necesidades que hagan que mujeres, jóvenes, inmigrantes, sean plenamente sujetos dotados de derechos iguales.
