17 de octubre de 2015
17.10.2015
El mundo por de dentro

Hacienda no somos todos

17.10.2015 | 04:56
Hacienda no somos todos

«Hacienda somos todos» pregonaba una de las campañas más exitosas del fisco, pero resulta que no. Al menos, eso parece dar a entender el ministro del ramo Cristóbal Montoro, con sus últimas declaraciones: ni siquiera sus compañeros de partido quieren incluirse en ese todo, incluso se avergüenzan, según el propio Montoro, de las medidas que han tomado y lo que es peor procuran esconder al ministro y no hacerse fotos con él, además le ponen pegas para llevarlo en las listas; ¡con lo que ha peleado con tirios y troyanos! Pero Hacienda no somos todos, no porque lo diga el susodicho ministro que está más solo que la una; sino porque lo afirma solemnemente la Organización Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el G20. Y lo dice con lo que llama el Plan BEPS. «El plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios» eso es lo que quiere decir el plan de acción BEPS, el proyecto que la OCDE puso en marcha hace dos años a propuesta del G20. O sea, en román paladino, un plan contra el fraude fiscal y el traslado de beneficios a paraísos fiscales o a los países con menos impuestos.

Los ministros del grupo de países ricos acompañados de medio centenar de otros ministros y presidentes de los bancos centrales han aprobado el día 8 de este mes en Lima, el proyecto definitivo, el que van a presentar en la reunión del G20 que se va a celebrar en Antalya (Turquía) a mediados del mes próximo. El plan afirma que si se producen las prácticas BEPS se debe fundamentalmente a «las lagunas e inconsistencias presentes hoy en día en las normas de fiscalidad internacional que pueden permitir que los beneficios o utilidades desaparezcan de la base imponible o bien sean desviados a jurisdicciones de baja o nula tributación donde la actividad económica es escasa o inexistente». Vamos que el fraude fiscal y los paraísos se deben a que no hay normas internacionales que les metan mano a los defraudadores. También la OCDE se siente sola y afirma con toda la razón «que la confianza de los ciudadanos en la justicia de su sistema fiscal también está en juego, en la medida en que existe la percepción de que algunos logran eludir legalmente sus obligaciones tributarias», y estima que la pérdida anual en la recaudación global por impuestos sobre sociedades está en torno al 4-10%, es decir hasta 240.000 millones de dólares anuales. Sólo en el impuesto de sociedades, y probablemente se queden cortos. Así se entiende que el 1% de la población mundial tenga el 50% de las rentas; mientras el 99% restante tenemos el 100% de los ajustes.

El paquete de medidas BEPS propone 15 acciones o grupos de medidas que pretende en primer lugar que los contratos internos –entre empresas filiales– de las multinacionales tengan unos precios objetivos de transferencia, incluidos lo que se refiere a activos de propiedad intelectual como patentes o intangibles, exigiéndoles la documentación correspondiente en informes estandarizados a partir de 2017. Intenta limitar los convenios fiscales (como los que tiene Luxemburgo) para evitar que la sede se traslade a los países donde menos cotizan. Para los conflictos preconiza, como el tratado trasatlántico TTIP, adoptar el arbitraje obligatorio y vinculante; o sea olvidarse de los tribunales de justicia; sistema de arbitraje que el Parlamento Europeo ha rechazado. Plantea nuevas normas en materia de transparencia fiscal (lo que llaman normas CFC); y para garantizar que el IVA se recaude allí donde se encuentra el consumidor (que ahora no pagan empresas que nos venden desde fuera de España). Algunas medidas se pueden adoptar inmediatamente, como las directrices de precios de transferencia, según la propia OCDE, que reconoce que otras medidas requiere modificar la legislación interna de los países o las de la Unión Europea. Si lo ponen en marcha el G20, o en particular Estados Unidos y la Unión Europea se habría resuelto gran parte de la crisis económica y fiscal. Me gustaría creerlo.

Yo, de momento, me conformaría con que se estableciera la versión europea de la tasa Tobin, que nuestro dimisionario ministro de economía De Guindos, con el resto de sus colegas europeos, aprobó ponerla en marcha a primeros de 2016. Claro, que era la época en que aspiraba a ser presidente del Eurogrupo, y las cosas han cambiado.

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