En pleno siglo XXI ha saltado el gran engaño, la gran mentira. Una multinacional del automóvil, llamada Volkswagen, ha trucado millones de motores diésel por todo el mundo para no ser pillados por el exceso de emisión de partículas contaminantes. Mediante la incorporación de un software trucaban esos motores y así evitaban ser descubiertos en los controles. Han estado engañando durante años hasta que, desde tierras del presidente Obama, se descubrió el fraude y el trucaje. Parece ser que fue posible -el descubrimiento- porque en Estados Unidos los controles, según entendidos en la materia, son más rigurosos que en Europa. Y yo me pregunto: ¿nadie sabía nada, ni en Alemania ni en la Unión Europea, lo que el grupo Volkswagen estaba haciendo? Aquí en nuestro país, y más allá de las denuncias que particulares y organizaciones de consumidores lleven a cabo, es indignante el papel del Gobierno de España en este asunto. Mientras otros países como Estados Unidos, Francia o Alemania se han puesto manos a la obra para esclarecer y exigir al grupo automovilístico alemán responsabilidades económicas o penales, nuestro Gobierno, a través del ministro de Industria, señor Soria, está teniendo una tibieza incomprensible. Señor ministro, usted está en el ejercicio de lo público para defender los intereses de los ciudadanos y no vale mirar hacia otro lado cuando lo que se pone en cuestión son presuntas irregularidades o supuestas malas prácticas.
Es evidente que las emisiones de CO2, u otras partículas contaminantes por encima de lo permitido, nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿en qué medida ha sido perjudicial esta actuación de Volkswagen sobre el medio ambiente? ¿tiene incidencia sobre nuestra salud el que millones de coches estén expulsando más de un 40% de emisiones contaminantes por encima de lo permitido? Ahí lo dejo. Y un apunte sobre la frágil «gobernanza» europea: Europa no sirve cuando nos hace falta. Ni tiene un protocolo común en materia de asilo, ni tampoco lo tiene ahora para prevenir actuaciones que se prevén irregulares como esta. Es indignante que sólo haya protocolos o memorándum cuando se trata de salvaguardar la austeridad económica y apretar el cinturón a los ciudadanos. Entonces, ¿necesitamos realmente una Unión Europea y para qué? Ni Alemania, sede nacional del grupo Volkswagen, ni la Unión Europea han estado a la altura para descubrir el «dopaje» o trucaje de unos motores que aparentaban ser una cosa cuando, en realidad, eran otra cosa. Ahora que se está negociando por parte de Europa el Tratado de Libre Comercio, de manera reservada y cuasi secreta, pone el vello de punta pensar que Europa ceda poder para dárselo a las empresas. Los gobiernos deben ser los garantes democráticos para que nadie se salte la ley.
El mundo parece estar inmerso en una gran mentira. Desde los inicios de la globalización económica las empresas han reforzado su capacidad de decisión frente a los poderes públicos y éstos han recortado derechos para contentar a una clase empresarial. En el TTIP (Tratado de Libre Comercio) que Europa está negociando con Estados Unidos parece ser que se piden menos aranceles, menos regulación para los alimentos, menos derechos para los trabajadores y unos Estados con menos soberanía, y menos decisión política y jurídica hacia las empresas. Si esto fuera aprobado así, ¿en qué lugar quedaría la democracia participativa o representativa de los Estados democráticos?.
El siglo pasado fue un siglo donde, y a pesar de los conflictos bélicos mundiales y locales, se luchó por los derechos individuales y colectivos, por una regulación laboral adecuada, por unas leyes de justicia social, de igualdad y donde la sanidad universal era el objetivo de gobernantes demócratas y socialistas; en definitiva los actores políticos, sindicales y empresariales, tanto en nuestro país como en Europa, adecuaron y negociaron unas condiciones de vida y de trabajo que han servido, durante años, como foco y guía para millones de personas. Hoy, cuando ya hemos consumido casi los primeros quince años del nuevo siglo, es evidente que la batalla parecen haberla ganado la clase empresarial con la connivencia de determinados partidos políticos y determinados gobernantes. Se les posibilita menos controles y menos regulación para poder precarizar la vida laboral de la gente, hacer y deshacer en el ámbito de la contratación laboral y del despido, y en donde los trabajadores sean «peones» en manos de algunos empresarios sin escrúpulos y cuyo único objetivo es ganar más dinero a costa de lo que sea. No les importa trucar motores, hacer contratos laborales por horas -contratos basura- o pagar salarios indignos para ciudadanos con dignidad. El mundo occidental necesita una refundación y un reciclaje total, y también unos mandatarios que no se plieguen a los intereses económicos de unos pocos frente a la gran mayoría de ciudadanos. Ni más ni menos.
