Transcurridos cien días desde las elecciones, el Gobierno bipartito de la Generalitat afronta el primer simbólico día de su mandato, el Nou d'Octubre, con el crédito intacto y la voluntad política de iniciar una nueva etapa, tras la debacle del PP.

Como muy bien ha expresado en estas mismas páginas el flamante Conseller de Transparencia, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, el conjunto de tareas urgentes que es preciso acometer, como proceder al «desescombro», atender a necesidades básicas de muchas personas y colectivos, exigir una financiación justa, y orientar el modelo productivo y social en la dirección del progreso, ha de ir acompañada de la gestación de un nuevo relato, un relato que permita cohesionar y devolver el orgullo a las gentes de estas tierras, maltratadas por años de corrupción y despilfarro.

Un relato tiene que articularse sobre la base de las aspiraciones de la población entera, sin que se quiebre y se convierta en semilla de división. Tres son los escenarios que condicionan su articulación: 1) La cuestión social que afecta duramente a los valencianos y valencianas en relación con los mercados globales. 2) La gobernabilidad de la Comunidad en relación con el resto de España y de Europa. 3) La cuestión identitaria.

El primero tiene que ver con la necesidad de impulsar el tejido productivo y educativo orientándolo hacia la innovación y la inmersión en la sociedad del conocimiento, como base para superar la crisis y reequilibrar las relaciones capital/trabajo. Todo lo que la Generalitat pueda hacer en esta dirección, a pesar de los escasos recursos con que cuenta actualmente, será la base más firme para sostener a medio y largo plazo nuestro propio desarrollo y la cohesión social.

El segundo, la gobernabilidad, tiene como premisa el objetivo alcanzar una financiación justa para los valencianos en el conjunto de España, así como ganar peso en las negociaciones de España con la UE, de lo que dependerá en gran parte nuestro futuro. La gobernabilidad también significa arreglar nuestra propia casa, en el sentido de reequilibrar las diferentes partes del territorio de la Comunidad, hoy excesivamente escorada hacia el núcleo de la ciudad de Valencia.

El tercero, la cuestión identitaria, es la que más fácilmente se presta a construir un relato, pero también la más peligrosa. La tentación de convertir las cuestiones de identidad en un discurso nacionalista fuerte, al modo del nacionalismo catalán, está latente en ciertos grupos próximos al Gobierno Valenciano. Seguir esta ruta, alterando por ejemplo la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que tanta estabilidad y experiencia ha prestado a lo largo de los años, sería un serio error, si de lo que se trata es de caminar juntos respetando las diversas sensibilidades de una Comunidad que es compleja y respetuosa con sus reales señas de identidad. Ninguna ley (tampoco la Ley de señas de identidad, aprobada en solitario por el PP) debe servir para dividir a los valencianos y valencianas.

Creo que el President de la Generalitat lo ha expresado de manera firme y constructiva: «Coser el País». Gobernar para toda la sociedad valenciana y no sólo para unos pocos. Giro social.