Catorce años después de su sonado arranque, la infame historia del parking de la Rosaleda sigue ofreciéndonos nuevos capítulos tan escabrosos como inquietantes. Esta misma semana ha saltado a la luz pública una demanda de la empresa concesionaria (la UTE Ortiz/Auplasa) en la que se le reclaman al Ayuntamiento millón y medio de euros para compensar las cuantiosas pérdidas económicas de esta infraestructura privada. Hasta la fecha, sabíamos que el aparcamiento era claramente ilegal y que su aspecto externo suponía una grave ofensa para la vista y para el buen gusto arquitectónico; a partir de ahora, sabemos también que es un negocio ruinoso, ya que sus niveles de ocupación se mantienen muy por debajo de las expectativas previstas.
Analizando los números incluidos en la petición empresarial de socorro, se acaba llegando a una conclusión tristísima: el Ayuntamiento de Alcoy ha destrozado una hermosa zona verde, se ha visto metido en una interminable polémica política, se ha gastado un fortunón en pleitos judiciales y se gastará otro fortunón en reparar la plaza y todo este esfuerzo se habrá hecho para construir un aparcamiento que no le hacía falta a nadie. Las leyes de la lógica son inapelables: si existiera una demanda real de plazas para el parking, sus dueños estarían ganando dinero a manos llenas y no habrían presentado ninguna demanda contra el consistorio.
Situaciones como ésta nos demuestran que el capitalismo de amiguetes es un chollo de proporciones gigantescas, sólo comparable a esas entrañables tómbolas de feria que captan a su clientela al grito de «Siempre toca». El Ayuntamiento de Alcoy le hace un traje a la medida al tándem Ortiz/Auplasa para que obtenga la concesión del aparcamiento, obsequiándolo con todo tipo de ventajas para que asuma una explotación que tiene muchos visos de ser rentable. Luego, si el negocio sale mal, el mismo grupo empresarial le exige a la corporación que compense las pérdidas con fondos públicos. Quedan confirmados así los dos principios fundamentales de la era del ladrillo y del chanchullo: pase lo que pase, el promotor siempre gana y en caso de duda o de incidente inesperado, el ciudadano estará obligado a pagar los platos rotos.
Lejos de admitir su incompetencia o la existencia de graves errores en la planificación del proyecto, los concesionarios del parking responsabilizan al Ayuntamiento de su estrepitoso fracaso empresarial. Acusan a la corporación de arruinarlos por tolerar el aparcamiento ilegal en el barrio del Ensanche y sólo les falta exigir que los agentes de la Policía Local se conviertan en auxiliares uniformados de su plantilla. Critican los cambios de tráfico en la zona, arrogándose unas prerrogativas en materia de movilidad urbana que no le corresponden a una empresa privada. Y finalmente, cuestionan la apertura de zonas de aparcamiento en Alzamora y la Uxola, al considerar que la libre competencia es un incalificable atentado contra su legítimo derecho a forrarse.
A favor de la firma denunciante, hay que señalar que el texto de su demanda judicial es una verdadera exhibición de alta literatura. Definir este intento de sablazo como «una solicitud de reequilibrio económico-financiero» es un ejercicio poético sólo reservado para espíritus muy cínicos o muy sutiles. Toda esta finura se pierde cuando la empresa, ejerciendo algo que se parece mucho al chantaje, amenaza veladamente con cerrar el aparcamiento si no se atienden sus exigencias pecuniarias.
Cuando aún no ha resuelto el contencioso sobre la reforma de la plaza, el actual gobierno municipal de Alcoy se encuentra con un nuevo y carísimo fleco de la pesadilla de la Rosaleda. La herencia de los alegres días del dúo Peralta/Sedano es un filón inagotable de desastres y de sobresaltos en el que el nombre de Enrique Ortiz siempre acaba apareciendo por algún lado. Alcoy sigue siendo la tierra de las casualidades.
