La posible implantación de una Zona Franca en las instalaciones del Puerto de Alicante parece más un acto de propaganda electoral que un serio revulsivo para su revitalización. Por mucho que intenten disfrazarlo mediante un estudio económico contratado al think tank empresarial INECA (Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante).
Varios motivos inducen a pensar que esto es así. En primer lugar por la pérdida de poder local y autonómica por parte del Partido Popular a favor de una izquierda que, aunque fragmentada, confusa y sin ideas, o más bien por todo ello, es causa de seria preocupación en el mundo empresarial y de los negocios, lo que les obliga a plantear iniciativas de apoyo al sector productivo provincial.
En segundo término porque, con independencia del diferimiento del pago de los impuestos aduaneros, una Zona Franca es algo más que un régimen aduanero, es también un destino, con lo que eso significa (las mercancías situadas en una Zona Franca no son objeto de presentación ni declaración aduanera mientras no se utilicen o consuman).
Y en tercer y último término porque, si lo que en realidad se pretende es el diferimiento en el pago de los aranceles e impuestos, esa función ya la hacen los depósitos aduaneros, de los que ya existen varios en el entorno más próximo tanto al puerto como al aeropuerto.
Sin entrar en más valoraciones técnicas por ahora, la función principal de una Zona Franca, de las que existen cinco en España (Cádiz, Barcelona, Vigo, Gran Canaria y Tenerife), es el almacenaje de las mercancías en espera de darles un destino definitivo, permitiendo a su vez diferir el pago de impuestos y aranceles. Es pues, un instrumento logístico al servicio de las empresas que les permite mejorar su eficacia en el comercio internacional así como su rentabilidad. Pero para ello no necesariamente ha de estar situada en el Puerto de Alicante, con limitaciones de espacio que le hacen inoperante en la práctica y con un fuerte rechazo por parte de su entorno más cercano a que en él se desarrollen más actividades industriales. Si desde un punto de vista económico se considerara interesante su implantación, cosa que dudamos por la cada vez mayor liberalización comercial internacional, una Zona Franca estaría mejor situada en el entorno de IFA, donde ya se prevé la creación de una importante plataforma logística y donde su acceso por parte de las empresas sería más cómodo y adecuado.
Se comprende perfectamente el temor de la derecha neoliberal española a que vuelvan por sus fueros los «zapateros» de turno y echen por la borda los logros macroeconómicos cosechados en los dos últimos años, que aunque insuficientes si muestran una senda correcta. Valoramos por ello la iniciativa de la Diputación Provincial, que acierta en la necesidad que tiene el Puerto de Alicante de ser algo más que un puerto turístico y deportivo pero que no vemos acertada su instrumentalización creando en ella una Zona Franca.
Mientras se discute la conveniencia de que las funciones de las Diputaciones Provinciales sean asumidas por la Administración autonómica, dando lugar así a su eliminación, no estaría mal que fijaran sus ojos en tratar de convertir a nuestro puerto en puente de enlace con Argelia, país que tiende a jugar un papel cada vez más importante en las transacciones de Europa con el continente africano.
