Cuando hace unos días nos enteramos que José Luis Olivas, imputado por el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, iba a recibir por orden judicial una asignación mensual de 3.500 euros mensuales para sus gastos al tener sus bienes y cuentas bancarias embargadas, no pudimos evitar preguntarnos hasta cuándo la Comunidad Valenciana dejará de ser portada de telediarios y periódicos por asuntos de corrupción surgidos durante los 20 años de gobierno popular. Mucho nos tememos que el pozo sin fin de corruptelas generadas por exprimeras espadas del Partido Popular valenciano seguirá siendo materia judicial durante varios años más hasta que se consiga terminar, definitivamente, de investigar y enjuiciar determinadas actitudes de numerosos dirigentes autonómicos y municipales del PP que entendieron que las sucesivas mayorías electorales absolutas que consiguieron les daban carta de libertad para hacer lo que les viniese en gana y sin ninguna cortapisa, es decir, para hacer negocios privados a cargo del erario público y poder enriquecerse con ello. Aunque la Fiscalía Anticorrupción solicitó que la cantidad fijada fuera de 648 euros al mes, el juez instructor atendió la petición de cantidad del expresidente de la Generalitat Valenciana imputado por varios delitos como blanqueo de capitales así como por haber falseado las cuentas de Bankia para permitir su salida a bolsa.
José Luis Olivas, que entró en política militando en la extinta UCD hasta que en 1987 se afilió al Partido Popular para comenzar una fulgurante carrera política que le llevó a convertirse en el cuarto presidente de la Generalitat, cedió su puesto a Francisco Camps tras menos de un año en la Presidencia a cambio de poder continuar su vida política en el ámbito financiero. Gracias a la Ley de Cajas del año 2004 pudo ser presidente del Banco de Valencia y de Bancaja lo que le permitió no sólo tener un generoso sueldo sino poder formar parte también de consejos de administración de numerosas empresas adscritas al grupo bancario con sus correspondientes remuneraciones extras.
Cuando decidió la fusión de Bancaja y del Banco Valencia en Bankia, Olivas lo hizo acuciado por la desastrosa situación económica en que dejó a ambas entidades financieras, al borde de la quiebra y con un agujero de los que hacen historia. Algo que en realidad no nos debe sorprender habida cuenta los préstamos que concedió a amigos empresarios de hasta 500 millones de euros para realizar operaciones de compra de terrenos y hoteles en el Caribe, parte de los cuales, en concreto unos 130 millones de euros, parece que se desviaron, presuntamente, a bancos de Suiza y Andorra ocasionando unas pérdidas de 250 millones según informes del Banco de España.
Aunque pueda parecer lo contrario, hundir un banco no es nada fácil. Más aún si tenemos en cuenta que las dos entidades que dirigió fueron durante decenas de años, al igual que la CAM, elegidas por la mayoría de los valencianos para guardar su dinero y para pedir créditos. Sólo gracias a una metódica actitud de saqueo y despilfarro, y no precisamente a cambio de nada, Olivas y otros como él consiguieron hundir y hacer desaparecer estas tres entidades. El agujero de 23.000 millones de euros de Bankia del que finalmente tuvimos que hacernos cargo los españoles sufriendo por ello los mayores recortes del Estado del bienestar conocidos hasta ahora, constituye el ejemplo de lo que durante tiempo fue una forma de hacer política y economía: despilfarrar en obras faraónicas utilizando los recursos públicos a través de créditos otorgados por cajas de ahorro de participación pública donde se podía situar a gerentes y directivos dóciles que firmaban lo que se les pusiera delante para poder conservar su puesto, su sueldo, sus comisiones y la posibilidad de recibir regalos de todo tipo o de ser invitado a extrañas fiestas, por llamarlas de alguna manera. Este es el resumen de los 20 años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a la gestión financiera y económica.
Por todo ello nos resulta chocante la actitud de la nueva presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, lanzada en tromba a asegurar, con un lenguaje bronco, que la culpa de todos nuestros males la tiene el tripartito con poco más de tres meses de gobierno, pretendiendo que los valencianos olvidemos quien nos ha gobernado durante dos décadas dejando al actual Consell una deuda de 40.000 millones de euros que convierte a la Comunidad Valenciana, como advertía hace unos días el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una Administración Pública fallida y al borde constante de la quiebra.
El sambenito tan repetido por los ultraliberales de que el sistema de protección social, sanitario y educativo español no se puede mantener se constata como una falacia: es el despilfarro y el desvío del dinero público a manos privadas lo que ha motivado el deterioro del Estado social y democrático de Derecho que establece nuestra Constitución en su artículo primero.
