Todo gobierno intenta influir en el poder judicial, pero cuando se superan ciertos límites por parte de la clase política, la independencia que debe tener todo poder judicial se resiente y con ello se produce un deterioro del Estado de Derecho. Estos límites los ha superado ampliamente el actual Gobierno popular.
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que representa a la justicia y tiene como deber defender la independencia judicial, tiene competencia para nombramiento de los altos cargos judiciales y ejerce la función inspectora de los tribunales. Actualmente está presidido por Carlos Lesmes afín al PP, y que, por la reforma del ministro Gallardón, se ha convertido el Consejo en un régimen presidencialista pues elige a los seis vocales que componen el nuevo órgano de la comisión permanente, únicos que tienen dedicación exclusiva y sueldo como magistrados del supremo, el resto de 14 vocales siguen en su cargo de juez y con su sueldo y sólo acuden cuando se les convoca a junta sobre asuntos ya perfilados por la citada comisión. Pues bien, la ley dice que serán renovables cada año. ¿Qué ha hecho Lesmes? Ha renovado a todo los anteriores, para que no puedan entrar otros vocales que nos sean de su entera confianza. Se ha merecido una demanda interpuesta por los demás vocales.
Los nombramientos del CGPJ responden al criterio del sector conservador al que pertenece su presidente Lesmes, Así, Manuel Marchena, de tendencia muy conservadora, ha sido nombrado presidente de la Sala II de lo Penal,, después de colaborar con su amigo Lesmes en la comisión que recortó el poder del CGPJ. Por su parte, Francisco Marín Castán, también de tendencia conservadora, ha sido nombrado presidente de la Sala I de lo Civil.
Pero hay otra maniobra más importante. Se tenía que renovar la presidencia de la Sala III del Supremo (de lo Contencioso Administrativo) que conoce de los pleitos contra la Administración y el Gobierno, y controla al propio Lesmes y al CGPJ. El presidente era José Manuel Sieira, un magnífico jurista independiente, que ha sido durante 21 años magistrado del Tribunal Supremo, fue propuesto para su renovación por todos los componentes de la sala, porque además era una norma no escrita, el que un presidente de Sala es renovado al menos para un segundo mandato. Pues bien, Gallardón sólo propuso al magistrado de la sección 4ª Luis María Díez-Picazo, que lleva sólo siete años en el alto tribunal y no es juez, sino catedrático, pero amigo íntimo de Lesmes y colaborador en la comisión que recortó el poder del CGPJ y lo hizo presidencialista. Para mayor inri, Sieira no fue nombrado para la sección 4ª, que hubiera sido presidente por su antigüedad, sino que se le nombró de la sección 6ª que ya tenía presidente más antiguo: Jorge Rodríguez-Zapata. Los presidentes de las secciones forman parte de la sección 1ª, que es la encargada de resolver los recursos y las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy y del CGPJ que preside Carlos Lesmes. ¿Por qué esta postergación del magistrado Sieira, frente a Díez-Picazo, y su no nombramiento de presidente de otra sección?
Señalan muchos compañeros que es un acto de venganza, pues había dictado resoluciones que no gustaron a Lesmes, quien hizo llegar al Gobierno del PP la necesidad de relevarlo. Sieira dictó la famosa sentencia que anuló el indulto del Gobierno del PP al conductor kamikaze (relacionado su despacho con el ministro Gallardón) y que obliga en lo sucesivo a que los indultos sean motivados, y también dictó la sentencia que permitía al Estado no tener que indemnizar a Florentino Pérez por el fiasco de Castor, el almacén de gas cerrado tras crear más de mil terremotos y que se estima que hubiera costado a los españoles 4.000 millones de euros. Y por último intervino como presidente de la Sala III en las resoluciones que obligan al CGPJ a que sus nombramientos sean motivados conforme al mérito y capacidad de los cargos electos, con gran enfado de Lesmes.
Otra maniobra gubernativa es la relativa al nombramiento de la secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional. La Sala de Gobierno acordó por unanimidad informar a favor de la reelección de Luis Martín Contreras, que lleva en el puesto desde 2010. Pero el ministro Gallardón -que tiene potestad para hacer ese nombramiento- rechazó prorrogar el mandato al actual secretario, y únicamente propuso a María Asunción Mosquera Loureda, compañera de clase de Mariano Rajoy en la Universidad de Santiago de Compostela. Y es que este cargo es muy estratégico pues tiene acceso con antelación de una semana ante cualquier detención por corrupción y un día antes tendrá acceso a las querellas y órdenes de arresto o registro de altos cargos políticos.
Conclusión: se deben dictar normas para restablecer la independencia judicial, empezando por su órgano representativo el CGPJ, entre ellas que sus vocales deben ser elegidos por los propios jueces, fiscales y catedráticos, que los cargos representativos, decanos y presidentes de tribunales, deben ser nombrados, en principio, según antigüedad. Y que se dicten normas más completas sobre causas de abstención y recusación para garantizar la imparcialidad de los jueces según directrices europeas, doctrinales y jurisprudenciales.
