El Consejo de Estado acaba de emitir un Dictamen en que pone en solfa el Real Decreto que el Gobierno de Mariano Rajoy está a punto de dictar para regular el autoconsumo de energía eléctrica derivado de la luz solar. El revolucionario procedimiento de acumular energía en baterías «domésticas» y verter si cabe el sobrante a la red se contempla por parte el Gobierno como un peligro que dará al traste con los intereses oligárquicos de las grandes compañías eléctricas que hoy dominan, como señores feudales, a los maltratados consumidores, y ante las cuales el Gobierno se doblega servilmente.

El Dictamen del Consejo de Estado no es, como se sabe, vinculante, pero se suma a las cientos de miles, millones de personas, empresas e instituciones, que claman por negar a las autoridades el derecho a imponer tasas e impuestos por algo que es libre, el sol, un bien común, sobre el que nadie tiene derecho a apropiarse.

En medio del surrealismo que empapa la realidad cotidiana, se cuenta la historia, real y reciente, de la señora que se apropia en escritura pública del sol, al que, según parece, un notario considera «res nullius», algo que no es de nadie. Con idéntica malvada intención de apoderarse de algo que, no es que no sea de nadie, sino que es de todos, el Gobierno pretende sacar tajada de un hecho imponible que, además de ilegítimo y antinatural, no podrá sostener como fuente de ingresos. Alguien le debería aconsejar que abandone toda esperanza. Si no, la rebelión ante tamaña ofensa no se hará esperar.

Si algo está claro en medio de las maniobras de unos reguladores incompetentes, del auge de burbujas financieras y de otro tipo; si algo va bien, o relativamente bien, en el mundo desconcertante que nos rodea, es precisamente que crece la conciencia ecológica y la convicción de que la solución de muchos de nuestros problemas solo puede enfocarse desde la óptica medioambiental. El mayor riesgo al que nos enfrentamos no es el financiero, con ser éste desestabilizante, sino el clima y la contaminación.

España es uno de los países del mundo que más dinero da a ganar a las compañías eléctricas y que más atrozmente castiga a los consumidores con recibos de la luz incomprensibles y amenazantes. En esto se sigue la lógica del sistema establecido, según la cual se protegen los intereses de los más fuertes (cuando estos se protegen ya suficientemente por si solos), en lugar de proteger e incentivar a los particulares, emprendedores y pequeñas y medianas empresas, de todos los cuales depende que el país pueda salir adelante.

España (y más aún Alicante), con más de dos mil seiscientas horas de sol al año, es un magnífico lugar para asentar compañías, para experimentar un modelo de autoconsumo de energía solar descentralizado y para crear el campo de cultivo en que florezcan emprendedores que aprovechen las oportunidades. El sol es la clave; también las baterías, en cuya capacidad de almacenamiento se está avanzando a grandes pasos (en tres años es muy probable que tengamos baterías suficientemente potentes y capaces).

La economía del sol es un excelente aliado. Pone de manifiesto las bondades y la importancia de los bienes comunes: una vía cierta y practicable de anticipar el futuro.