Hay noticias que se pasean de puntillas por la actualidad alcoyana. Son acontecimientos importantes, que por alguna razón misteriosa pasan desapercibidos ante la opinión pública y ante los propios partidos políticos. Esta misma semana hemos tenido un claro ejemplo de este tipo de situaciones. Este periódico ha informado de que el TSJ ha condenado a la Generalitat Valenciana a pagarle 2 millones de euros al Ayuntamiento de Ibi por la construcción de un palacio de justicia que fue financiado con fondos municipales. A pesar de las cercanías y de las semejanzas, a nadie se le ha ocurrido recordar que la corporación alcoyana no tiene ni la más remota posibilidad de recuperar los 3,5 millones de euros que pagó en su día por otro edificio judicial de nueva planta; que para más inri, todavía no ha podido abrir sus puertas.
En el origen de este agravio está uno de los personajes más singulares de la política alcoyana de los últimos años: Miguel Peralta Viñes. Los dos palacios judiciales se gestan durante su etapa de conseller Justicia en el año 2006 y ambos son costeados con fondos municipales (el PP de la Generalitat había descubierto la fórmula mágica: yo inauguro y tú pagas la fiesta). Sin embargo, los dos proyectos reciben un tratamiento muy diferente: en la Villa Juguetera el Consell firma un convenio por el cual se compromete a pagarle el gasto al Ayuntamiento; en Alcoy no se firma nada y la corporación de Sedano asume la financiación de esta infraestructura con un difuso compromiso verbal de buena voluntad de las autoridades valencianas. Las diferencias no acaban ahí. Ibi inaugura sus nuevos juzgados en 2009, mientras las obras de los de Alcoy se prolongan hasta 2011 y triplican su precio tras ser sometidas a varias revisiones por presentar errores garrafales en la redacción del proyecto inicial. Una vez terminados los trabajos, las dependencias alcoyanas siguen cerradas a la espera de un complicado acuerdo de explotación entre el gobierno autonómico y el gobierno local. Conclusión: desde hace seis años, Ibi disfruta de unos juzgados flamantes y en breve empezará a cobrar la deuda que generaron; a muy pocos kilómetros de autovía, Alcoy sigue embarrancado en la cochambre del viejo edificio de la plaza de Al Azraq y ha de olvidarse del dinero que se gastó en la sede de la plaza de la Mare de Déu. Un conseller alcoyano castigó a su pueblo con un trato claramente discriminatorio y lo que es peor, un alcalde alcoyano aceptó esta injusticia sin rechistar, a pesar de que su irresponsable conformismo supuso un durísimo golpe para las arcas municipales. Los mecanismos internos que hicieron posible esta insólita componenda son, sin ningún género de dudas, uno de los grandes misterios de la política alcoyana de las últimas décadas. Ha pasado el tiempo y el asunto ha provocado fuertes debates, pero no ha llegado ninguna explicación convincente sobre un suceso que rompe todas las leyes de la lógica política y que ha condenado a la administración judicial de esta ciudad a sobrevivir en unas condiciones físicas tercermundistas.
Uno de los dos protagonistas estelares de esta historia tan poco edificante, Jorge Sedano, se sienta todavía en el salón de plenos, impartiendo lecciones de regeneración democrática y de buena gestión desde su nuevo papel de portavoz de Ciudadanos. Tal vez sería éste un buen momento para que algún compañero de corporación le hiciera un par de preguntas sobre este viejo asunto, que todo el mundo parece empeñado en olvidar. Tal vez sería éste un buen momento para que el ex alcalde les explicara a todos los alcoyanos por qué en Ibi se cobra y en Alcoy se paga.
