Para que un debate pueda llegar a buen puerto es necesario que nos pongamos de acuerdo en el significado exacto de las palabras y términos que utilizamos. Con estas líneas queremos contribuir a aclarar lo que es una ATE (Actuación Territorial Estratégica), lo que pueda ser un macrocentro o lo que entendemos por consultivo al referirnos al Consejo Local de Comercio.
Con acertado criterio de jurista, el alcalde Echávarri afirma (Información, 25.09.2015) respecto de IKEA que «si solo les interesa la ATE?, el Ayuntamiento poco puede hacer, porque sobre ese suelo la soberanía no es nuestra, es de la Generalitat». Nos ratifica así que, por Ley, una ATE es un procedimiento supramunicipal impulsado por el Gobierno Autonómico, el cual ya ha exigido a la organización solicitante toda una serie reglamentaria de compromisos y avales. Es la Generalitat la que, en exclusiva, ostenta la competencia de abrir y cerrar dicho proceso, tras cumplimentar una fase de informes técnicos y consultas cívicas. En ese periodo de consulta y participación (que se cerró hace tiempo), colectivos como el nuestro emitimos alegaciones y mejoras, que deben de obrar en poder del Consell, a quien ahora compete la doble decisión de aceptar o rechazar dichas alegaciones y de decidir la empresa que ejecutará el proyecto, que lógicamente será, si reúne la adhesión o propiedad del 51% del suelo, la que generó y presentó la idea de la ATE.
Parece claro, pues, que, en el ámbito de las enmiendas, no cabe ninguna de rechazo frontal a la ATE (porque, seguramente, vulneraría directivas europeas), como tampoco la anulación de ninguno de sus componentes esenciales (Parque Metropolitano, Parque I+D+i e IKEA y zona comercial), de los que el único que no es un factor de negocio, sino de compensación y de resarcimiento plusvalístico y medio-ambiental, tanto a la ciudad como a la comarca, es el Parque que, por cierto, forma parte de la primera fase de actuación que, en un periodo inferior a 36 meses (y no de 10 años como erróneamente se ha afirmado), debe ejecutarse junto a la urbanización total del ámbito afectado. Sería realmente patético que Alicante, alegando deficits y penurias, renunciara al patrimonio de un millón de metros cuadrados de bosque, jardines y adecentamiento de las antrópicas Balsas de Rabasa.
A título descriptivo y sin más comentarios, la tienda IKEA, que nadie parece cuestionar, habrá de ser ejecutada también dentro de ese plazo de 36 meses. No se iniciará ninguna otra fase si no se han acabado las obras de esta primera fase.
El Parque Científico Empresarial, que será de iniciativa privada y, lógicamente, también de gestión privada, se ejecutará en la segunda y tercera fases. Estas inversiones de riesgo, tan escasas como necesarias en nuestra provincia, se irán produciendo al reclamo de la multinacional sueca y por la situación privilegiada de Rabasa. No podemos menos que saludar iniciativas como ésta que no comprometen un solo euro público y que vienen a paliar nuestras lastimosas deficiencias en I+D+i.
La Zona de Comercio Abierto, que también se ejecutará en la segunda fase y que supondrá entre 80.000 y 85.000 m2 de techo, acogerá firmas comerciales diversas y negocios de restauración, ocio, hostelería? Se trata de una actuación parecida a la Zona Comercial La Zenia, en las playas de Orihuela, que, como se puede consultar en Internet, cuenta con 161.000 m2 construidos y 80.000 m2 alquilables y donde ya se ubican más de 150 comercios. Curiosamente, lo que aquí, en Alicante, machaconamente se tilda de macrocentro, en la costa oriolana lo denominan Bulevar Comercial. Por eso insistimos en la importancia de ponernos de acuerdo en el significado de los conceptos.
En Información de 16.09.2015, pág. 25, el señor presidente del Colectivo de Comerciantes de Alicante, en busca de alternativas al proyecto IKEA, afirma: «No aceptaremos ni macrocentro comercial ni una reducción del mismo. Queremos 0% de superficie comercial anexa». Como opinión, totalmente respetable; como intereses, claramente entendibles; como alternativa, absolutamente nula. Entre neoliberalismo salvaje y planes quinquenales bolcheviques pensamos que deben de existir otras vías, otros espacios de diálogo. Y omitimos comentar la afirmación de que es dicho Colectivo el que, filantrópicamente, sufraga los gastos de iluminación, de limpieza, de seguridad, etcétera, de nuestras plazas y calles. ¡Sencillamente inaudito!
Estas líneas no se habrían publicado si no se nos hubiese tachado claramente de demagogos por un artículo anterior. La implantación de IKEA es una cuestión que, como representantes vecinales y de otras asociaciones de comerciantes y empresarios, nos parece, honestamente, beneficiosa para el conjunto de la Ciudad y de la provincia en cuanto a empleo, innovación y modernidad. Y, además, con el máximo respeto a otras opiniones y otros intereses, pero no a ninguna filia ni fobia. Pedimos, exigimos diálogo. Y sentido común. Y manifestamos nuestra preocupación al advertir que, cada vez más, crece el número de particulares, colectivos y hasta Administraciones que, públicamente, hacen gala de obviar y de incitar a obviar las leyes y reglamentos que, en nuestro Estado de Derecho, instituciones democráticas han promulgando e, incluso en ocasiones, han elevado a refrendo popular, como es el caso de nuestra Constitución de 1978.
Las leyes no son eternas y deben ser cambiadas y adecuadas a su tiempo. Pero, en el ínterin, deben ser acatadas y cumplidas. Así, el primer compromiso de un cargo público es el de cumplir y hacer cumplir las leyes. Por lo que mucho nos incomodaría tener que recordar estos extremos en algún foro de debate o consulta como, por ejemplo, el Consejo Local de Comercio, con funciones y cometidos bien definidos y precisos. Funciones y cometidos de consulta y no de decisión. Y respetando todas las leyes locales, autonómicas, nacionales y europeas.
