Ayer se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores. Es buen momento para conocer cómo está la problemática de este colectivo en nuestro país. Si la actual crisis se ha cebado en los sectores más desfavorecidos, el de los pensionistas no se ha librado de ella. Al contrario, han abusado de un sector que, por sus características sociales, ya venía sufriendo crónicas discriminaciones.

La puntilla han sido estos cuatro últimos años con Rajoy. La extensión del copago farmacéutico y la exclusión de muchos fármacos de la cobertura de la Seguridad Social, no sólo han repercutido en el bolsillo de los afectados, sino también, y de manera más silenciosa y dramática, en la salud de muchos de ellos. La degradación y privatización de la red pública sanitaria ha empeorado la atención y el cuidado de nuestros mayores. Así como el desmantelamiento de las escasas redes de asistencia y bienestar social existentes que o han sido suprimidas o privatizadas como el modelo Cotino en el País Valencià, para hacer negocios en el sector.

Únase a ello que, con la crisis, un 30% de los hogares españoles tiene en la pensión de sus mayores el principal sustento de los mismos. Con unas pensiones históricamente escasas, muchos sobreviven y, encima, ayudan a los hijos y nietos. El mundo al revés. El Estado del Bienestar es sólo selectivo: unos lo disfrutan y otros oyen hablar de él.

Las estadísticas oficiales nos describen un panorama desolador: a uno de septiembre de 2015 el número de pensionistas, por jubilación en el régimen general, es de 3.914.755 personas y la pensión media es de 1.169,39 euros/mensuales. Si vamos a los autónomos, aún es peor: hay 1.252.061 en este régimen y su pensión media es de 690,80 euros/mes. Cifras astronómicas como se ve. Para que no sepan qué hacer con sus pensiones, el Gobierno del PP lleva subiéndoles un 0,25% cada año. Así, piensa Rajoy, se evita el derroche o las malas inversiones. En todo caso el Gobierno se ha aprobado una subida del 1% para 2016. Ellos en un año se suben lo que a los pensionistas en cuatro. Siempre ha habido clases y eso de que todos somos iguales es sólo para quedar bien.

Si estos datos no fueran suficientemente degradantes, después de haber estado trabajando en muchos casos más de 40 años, el desglose de ellos aún resulta más escandaloso: La pensión media por jubilación, en el régimen general, para los 2.663.418 hombres es de 1.302,19 euros/mes. Para las 1.251.301 mujeres, en ésa misma situación, es de 886,74 e. al mes. Casi un 40% menos. La discriminación salarial con las mujeres se lleva también después de jubilarse. Hay que mantener la tradición, dirán algunos.

Incluso por territorios se mantienen diferencias. Se supone que ligadas al modelo económico imperante en las zonas. En las más desfavorecidas o con modelos de servicios ligados a la temporalidad se notan las consecuencias: En el País Valencià la pensión media en el régimen general de jubilación es de 1.045 euros/mes frente a la estatal de 1.169,39. Más de 100 euros/mes menos a los jubilados valencianos. Y para los alicantinos nos salen 980 euros/mes. Menos que la media valenciana y estatal. Nuestra Comunidad sale malparada con respecto a otras 13, superamos a tres: Andalucía, Extremadura y Murcia y empatamos con Galicia. En Madrid es de 1.370 euros; País Vasco, 1.490 euros; Cataluña, 1.201 euros y Asturias, 1.395 euros/mes, por poner algún ejemplo.

Miedo da pensar cómo serán las pensiones de nuestros jóvenes o no tan jóvenes, con esos contratos temporales y parciales tan estupendos, que nos ha traído la célebre recuperación económica de España y ser la locomotora de Europa y de lo que se presente.

Los sindicatos CC OO y UGT han lanzado una campaña de concienciación sobre este tema y piden que se acabe con la discriminación de los pensionistas. Los nuevos gobiernos locales y autonómicos tienen retos importantes en este sector y en evitar que el panorama aún sea peor para los que vienen detrás. Ahí sí hace falta ver cambios en las prioridades del Gobierno.