Los españoles que viven en Cataluña, nacidos o no allí, han ejercido el derecho de voto para elegir a los representantes legislativos de la Comunidad Autónoma Catalana, ya que por la Constitución Española (137 CE) goza «de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Su presidente, Artur Mas, con su partido CDC, y otros políticos independentistas, conscientes de los privilegios y prerrogativas conseguidos desde la segunda legislatura de Felipe González hasta la fecha, por mor, gracia y justificación de la gobernabilidad del Estado para el desarrollo de las competencias de la Autonomía -se hace camino al andar-, día a día, y adoctrinamiento en las escuelas habían conseguido propalar y exacerbar un germen de desunión, insolidario y letal de España. Estaban en el convencimiento que había llegado el momento de rebelarse contra el Estado y proclamar la independencia de Cataluña y la constitución de un nuevo Estado independiente, si mayoritariamente en estas elecciones conseguían una amplia mayoría. El presidente Mas, con el plus de evitar su descalabro electoral por la errática política gubernamental y sus socios de circunstancias, pretendían proclamar la independencia de Cataluña, creyendo que habían logrado el caldo de cultivo para conseguirla. Pretendían estos «aprendices de independentistas» arbitraria y unilateralmente, alzarse violenta y públicamente contra la Constitución Española que proclama, en su artículo 2, es «fundamento en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

Pero, aunque era inaceptable el carácter plebiscitario que han querido darle a estas elecciones parlamentarias, el pueblo catalán, consciente de su trascendencia, acudió a votar mayoritariamente. La candidatura independentista, Junts pel Sí, no consiguió el 50% de los votos. A los que no votaron por los independentistas se suman los que no fueron a votar, sin duda por querer seguir siendo también españoles. Cuando desde algún partido de nueva hornada se propugna romper con el «régimen» nacido con la Constitución de 1978, nos llena de inquietud y preocupación al apreciar que han olvidado que la Constitución fue forjada con grandes renuncias de todos los partidos políticos del arco parlamentario en aras a la convivencia pacífica, convencido que ello era posible. Es intocable ese excepcional Título I, «De los derechos y deberes fundamentales», artículos 10 al 55, donde se desgrana la defensa de valores inmutables como la dignidad, libertad e igualdad de los españoles. Y «aquí y ahora», como gustaba decir a Ortega y Gasset, es preciso recordar una vez más que esa Constitución Española fue redactada y aprobada por consenso por diputados y senadores elegidos libre y democráticamente por el pueblo español para salir de una dictadura y olvidar los horrores de una guerra civil, que constituidos en sesión plenaria del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978 y sancionada por SM el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. Esos «aprendices de independentistas» lanzaron a los cuatro vientos, para el que los quisiera oír, su firme decisión y propósito, un reto arbitrario a todas luces, a la Constitución Española si conseguían obtener una mayoría significativa en estas elecciones a las Cortes Catalanas, para proclamar y «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» que es Cataluña, proclamar la república catalana y constituirse en Estado. Hoy ya, estos ciudadanos conocen que la mayoría de los catalanes no quieren dejar de ser españoles. Y que segregar a Cataluña de España es, a todas luces, imposible por carecer de soporte legislativo alguno al residir la soberanía nacional en el pueblo español (artículo 2 CE) y sus cabecillas se convertirán automáticamente, ipso iure, en «ciudadanos extranjeros» y estarán totalmente inmersos en el delito de rebelión que definido en el artículo 472.5º del Código Penal: «Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: ? 5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional», y penado en el siguiente artículo 473: los que «induciendo a los rebeldes hayan promovido o sostengan la rebelión y los jefes principales de ésta serán castigados a la pena de prisión de quince a veinticinco años». Ahora puede que haya indicios racionales de criminalidad.

La Constitución Española tiene establecidos sus propios mecanismos de defensa y de reforma: «los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España» (30 CE) y las Fuerzas Armadas «tiene como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional» (8 CE); su modificación está prevista y su aprobación lo será por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Y sometida a referéndum (artículo 167). Es imposible su modificación por la fuerza.

La Constitución Española pretendió acabar con las dos España y evitar que una de ellas helara el corazón a la otra y logró plasmar, negro sobre blanco, en tinta indeleble, nuestro sentimiento profundo y nuestra palmaria necesidad de darnos un abrazo sincero entre españoles, con voluntad de permanencia. Nuestra Carta Magna ha permitido la alternancia en el poder y la culminación de la democracia. El nombre de los partidos, como el hábito, ni hace a la ideología ni al monje. Derecha, centro e izquierda seguirán alternándose en el poder. Y solo nos queda pedir, a los de Junts pel Sí, que van a gobernar Cataluña que tiendan su mano a los que se sienten españoles y catalanes y aparquen ese sentimiento nostálgico extemporáneo en el siglo XXI y se unan a ese gran proyecto, con el resto de españoles, de una España respetada y próspera que quiere vivir en paz y libertad en una Europa unida. Nosotros, empecé a ejercer la abogacía en Barcelona en 1959, seguiremos, en nuestras visitas a la Ciudad Condal, bebiendo el agua de la fuente de Canaletas, con la seguridad de volver a esa tierra que es la «joya de la Corona» de España. Y poder gritar: ¡Viva España, Visca Catalunya!