Los trasvases de agua son complementarios. La afirmación de la nueva consellera de Agricultura, Elena Cebrián, la misma que sostiene que no conoce la problemática del Júcar-Vinalopó , ha vuelto a confirmar, desgraciadamente, que el problema del agua en Alicante ni importa en Madrid ni importa en Valencia, gobierne quien gobierne. Sólo por semejante revelación, Cebrián debiera dedicarse a otra cosa, si realmente, como dice, no se ha enterado de una infraestructura que Alicante reclama desde 1420, y contando además, como cuenta, con el asesoramiento de dos cargos públicos, Francisco Rodríguez Mulero y el alicantino Manuel Aldeguer, que este trasvase, precisamente de éste, saben un rato. Cebrián se ha plegado, como lo hizo Císcar, a los intereses de los poderosos regantes de la Acequia Real del Júcar poniendo su granito de arena para que los «acuerdos» entre agricultores vuelvan a saltar por los aires y todo sean nuevos argumentos para secar a una provincia a la que empiezan a negarle hasta los caudales que se extraen a 500 metros de profundidad en pozos camino de la salinización. Grave lo de Cebrián, grave lo de los insolidarios agricultores del Júcar, y gravísimo lo del Ministerio de Agricultura, que es el que tiene las competencias del reparto del agua en España y hasta ahora ha mirado hacia otro lado. Cebrián sigue un guión aprendido que recuerda mucho al de los colectivos antitrasvasistas, y que no es otro que negar todo metro cúbico de agua para la provincia que no dependa de la desalación, la que no pueden pagar los 60.000 agricultores que luchan desde 2005 contra el cambio de toma de un trasvase, que costó 600 años conseguir y que hoy no sirve para nada. Claro que los trasvases son complementarios, como lo es el agua de la lluvia, la de los pozos, la del mar depurada y la que pudiera llegar de Marte. En Alicante hace falta agua de calidad y a buen precio. Dos máximas que a la provincia niegan sistemáticamente Madrid y Valencia. Con estos padres de la patria, casi mejor pedir también la independencia, al menos de la Generalitat Valenciana, empeñada en condenar a los alicantinos al margen del color de la camisa de quien gobierne. Triste realidad.
