Tribuna

Herramientas legales contra el crimen organizado

26.09.2015 | 04:22
Herramientas legales contra el crimen organizado

Se ha celebrado en los últimos días en Alicante un importante congreso policial contra el crimen organizado en el que ha asistido los responsables a nivel local y nacional de las investigaciones en relación con organizaciones y grupos criminales y el fenómeno del terrorismo que tanto ocupa y preocupa a nuestros ciudadanos. Participé en el mismo explicando las recientes reformas legales que ha habido y que van a servir para mejorar la lucha contra esta situación, pero destacando la gran labor policial que se ha venido desarrollando en nuestro país desde hace muchos años en la lucha contra el crimen organizado, y que en nuestra provincia es un gran referente al tener que celebrarse cada año nada menos que un centenar de juicios de estas características, lo que nos sitúa con Madrid y Barcelona a la cabeza en el trabajo que se desarrolla contra un fenómeno que no es nuevo, pero que en los últimos años ha experimentado un inusitado crecimiento acuciado por la irrupción en nuestro país de organizaciones y grupos criminales procedentes de otros países, lo que ha incrementado notablemente el trabajo policial y judicial.

En cualquier caso, nuestros responsables policiales han demostrado estar preparados para afrontar el incremento de este tipo de delincuencia que en el caso del fenómeno terrorista nos hace estar a la cabeza en las cifras de detenidos con Francia y el Reino Unido, gracias a la gran colaboración internacional que existe en la lucha contra estos hechos, que ya no son patrimonio de unos Estados concretos donde se suele atentar, sino que cualquiera está expuesto a un ataque de estas características. No obstante, para que los ciudadanos puedan estar tranquilos ante estas amenazas no bastaba con unos cuerpos policiales muy preparados, como se demuestra con la realización de jornadas como la celebrada en Alicante para formarse mejor y coordinarse todos los cuerpos policiales, sino que era preciso que el legislador «moviera ficha» y realizara una mejora de las herramientas legales de las que debe disponer todo Estado si quiere tener un sistema eficaz, –pero no «policial» como despectivamente se le quiere llamar a una estructura que refuerza medidas contra el crimen–, y que dé rápida respuesta al surgimiento de grupos que quieren cometer hechos graves en nuestro país contra ciudadanos y sus bienes y patrimonio. Pero no solo atentados terroristas, sino también ataques en sus domicilios y en las personas de todos los ciudadanos que desean vivir en tranquilidad y que bastantes problemas ya tenemos con la pérdida de empleo de muchos ciudadanos y la necesidad de poder trabajar para atender a sus familias, o los Estados dar cobijo a los refugiados que tienen que abandonar sus países, dejando atrás las pertenencias de toda su vida, ante la sinrazón del terrorismo y las guerras internas que hay en muchos países.

En esta línea, hemos destacado en estas jornadas la importante reforma legal que se ha aprobado en nuestro país este mes en la ley procesal penal que regula muchísimo mejor las medidas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden recabar de los jueces para llevar a cabo sus investigaciones, tales como intervenciones telefónicas, de la correspondencia o cualquier medida tecnológica que permita mejorar la investigación policial hoy en día, y en un mundo tan tecnologizado del que la propia delincuencia se ha aprovechado para atacar el patrimonio de las personas por internet, por ejemplo, o utilizando estos canales para asegurar la perpetración de delitos y coordinarse mejor en la consecución de su ideario criminal.

De esta manera, y ya era hora, se regulan ahora mucho mejor las intervenciones telefónicas, definiéndose cuándo se pueden interesar por la Policía, por cuanto tiempo y el alcance de estas medidas, lo que en nuestro país, ante la deficiente regulación que existía, ha dado lugar a innumerables problemas en la tramitación de las causas judiciales. Por ello, en la explicación de la ley que en breve va a ver la luz del BOE se justifica la reforma legal ante la exigencia motivada de las renovadas formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnologías, que han puesto de manifiesto la insuficiencia de una ley anticuada y concebida para tiempos bien distintos. Además, los flujos de información generados por los sistemas de comunicación telemática advertían de las posibilidades que se hallan al alcance del delincuente, pero también van a proporcionar poderosas herramientas de investigación a los poderes públicos, de lo que surge la necesidad de encontrar un delicado equilibrio entre la capacidad del Estado para hacer frente a una delincuencia de nuevo cuño y el derecho que tienen los ciudadanos a que no se les invada en su intimidad, para lo que siempre será precisa una autorización judicial que analice con detalle la petición policial. En cualquier caso, el paso dado por esta reforma es importante, porque por dotar de mejores herramientas legales a la Policía en la lucha contra el crimen organizado no se deterioran los derechos de los ciudadanos, sino que estos se deterioran cuando la carencia de ley facilita a la delincuencia para que les ataquen impunemente.

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