A pesar de todas las definiciones que se le han tratado de dar a lo largo del tiempo, el sentido común es un concepto muy difícil de describir, todo y con eso, es un atributo muy utilizado y muchos se refieren a él sin darse cuenta de la verdadera subjetividad que éste implica.

Podríamos decir que el sentido común es lo que la gente piensa a nivel general sobre un tema en particular. Es como una especie de «acuerdo natural» que las personas hacen sobre algo. Es una forma de juzgar razonablemente las cosas, sin necesidad de que una determinada información esté comprobada científicamente; lo único que importa es que la mayoría de las personas lo consideran cierto.

Dicho esto podemos afirmar con rotundidad que en Cataluña se ha perdido el sentido común. Más allá del voluntarismo político de los impulsores del proceso soberanista en Cataluña, la ley es muy clara al respecto. Una declaración unilateral de independencia sacaría inmediatamente a este territorio de la Unión Europea, privaría a los catalanes de los derechos que disfrutan como ciudadanos europeos, excluiría a esta Comunidad Autónoma del sistema monetario del euro y supondría la vuelta a las fronteras y a los visados porque los catalanes dejarían de disfrutar de la libertad de movimiento en un espacio de seguridad jurídica mutua que garantiza el Tratado de Schengen.

En el Tratado de la Unión Europea, queda proclamada con toda solemnidad «la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión» en su artículo 4.2. Pero es que además, ese tratado deja claro que la UE está constituida no solo por Estados, sino también por ciudadanos, a los que garantiza sus derechos fundamentales a través de la Carta que forma parte del Tratado de Lisboa. Es decir, «si Cataluña se independiza de España sus ciudadanos se separan de la Unión».

La salida de Cataluña de España supondría además su salida del Eurosistema, del Banco Central Europeo y del euro. Nada impide a un país no miembro de la UE utilizar el euro, pero eso no significa estar en la eurozona ni en el sistema del euro, porque no podría participar en las decisiones del Banco Central Europeo, ni su economía beneficiarse del BCE, ni emitir moneda.

Junto a todas esas consecuencias está otra de gran calado. Una Cataluña independiente dejaría de tener acceso preferente a la financiación del Banco Europeo de Inversiones.

En un supuesto de independencia, las exportaciones catalanas pasarían a estar gravadas por la Tarifa Exterior Común (TEC). La aplicación de la TEC supondría, en el caso del patrón exportador catalán, un incremento sobre el precio de las exportaciones catalanas del 5,7% con la consiguiente pérdida de competitividad en su comercio exterior.

Este aumento de precios conllevaría una pérdida de competitividad de las exportaciones catalanas a la UE y países con los que la UE tiene acuerdos preferenciales, que según estimaciones, se traduciría en una reducción de las exportaciones de Cataluña a la UE por valor de 7.400 millones de euros, es decir en torno al 13% del volumen total de exportaciones de Cataluña y un 3,8% del PIB catalán.

En cuanto a la deuda pública catalana, según datos del Banco de España, asciende a 53.665 millones de euros a septiembre de 2013, siendo la Comunidad Autónoma más endeudada (27,2% de su PIB).

Adicionalmente, si Cataluña se independizara y asumiera una parte de la deuda pública del Estado español proporcional a su peso relativo en la economía española (18,9% del PIB), la deuda del nuevo estado catalán alcanzaría el 78,4 % de su PIB.

De todo ello podemos concluir que una hipotética independencia de Cataluña llevaría a una caída del PIB catalán alrededor del 20% con unos supuestos conservadores, en donde no se valoran los probables efectos sobre la salida de capitales, inestabilidad financiera y establecimiento de una nueva moneda ni los servicios a los que tendría que hacer frente y que hasta ahora proporciona el Gobierno central, como Defensa, Seguridad, Diplomacia? por lo menos en los primeros años de la independencia.

Además, y a nivel nacional, una declaración unilateral de independencia chocaría frontalmente con los artículos 1 y 2 de la Constitución Española, que establecen que «la soberanía nacional reside en el pueblo español» y que «la Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

Recomendamos al señor Mas que acuda a su sentido común, si aún le queda algo, y lo aplique en este descomunal enredo del que se ha erigido como capitán. El señor Mas capitanea a 5.500.000 catalanes y no solo al millón corto que aboga por la independencia.