17 de septiembre de 2015
17.09.2015
Tribuna

Veinte años de una purga

17.09.2015 | 03:46

Dicen que la historia no se debe olvidar para evitar cometer los errores. No sé si es cierto, pero me vale para recordar hechos de hace veinte años. Este año 2015 ha sido el momento –por fin– del cambio político en la Comunidad Valenciana. Veinte años han pasado desde aquel 1995 en que el PP llegó al poder en la Comunidad Valenciana. Y fue el año en que tuvo lugar un hecho con cierta trascendencia en el ámbito educativo: aprovechando una sentencia judicial, se anulaba el nombramiento de más de cincuenta inspectores educativos de la Comunidad Valenciana. La sentencia llegaba en el momento en que el PP asumía el poder autonómico y aquella medida tenía cierto aspecto de depuración.

Creo necesario recordarlo, porque aquello supuso un cambio importante para muchos compañeros y compañeras que perdieron su puesto en la inspección, pero no recuperaron su puesto de trabajo anterior como profesores, por lo que algunos, con más de veinte años en sus centros, se vieron obligados a pasar por varios centros como sustitutos de otros profesores. En varios casos se les trató con un cierto aire de venganza. ¿Era la nueva política educativa del PP?

En 1986 habían accedido a la función inspectora este conjunto de profesorado mediante concurso de méritos, tal y como estipulaba la ley en aquellos momentos.

Al salir la sentencia por la que se anulaba esta convocatoria, muchas personas pensaron que había sido un concurso amañado. Hoy, cuando han pasado veinte años y se ha dado el cambio político, merece la pena recordarlo y clarificar lo ocurrido: la sentencia declaró nula de pleno derecho la convocatoria en la que habían accedido a la función inspectora todos estos funcionarios. ¿Por qué motivo? ¿Había sido una convocatoria irregular por sí misma?

En absoluto. El error estaba en una convocatoria anterior que consistía en un concurso de traslado para los inspectores del antiguo cuerpo de inspección. ¿Qué había pasado?

Diez años antes, en 1985, tuvo lugar la convocatoria de plazas de lo que en aquel momento se llamaba función inspectora. Ahora bien, al crearse esas plazas nuevas era obligatorio ofertarlas previamente al cuerpo de inspectores. Y es en esa convocatoria donde se produce el «error» al impedir participar a algún inspector que desde Galicia quería venir a Alicante. Fue esta persona, hoy fallecida, quien presentó el recurso que originó la anulación del concurso de traslados y de la convocatoria de acceso a los nuevos miembros de la función inspectora. Hay que reconocer que estaba en su pleno derecho. Lo curioso es que cuando sale la sentencia primera, esta persona ya no tenía interés en venir a la Comunidad.

Y hete aquí la sorpresa: la sentencia llega en 1995 y el responsable educativo del PP la aplica sobre los nuevos inspectores al dejarlos fuera de la inspección, pero no la aplica a los que había participado en el concurso de traslados, a pesar de que era en esa convocatoria donde se había dado el error, puesto que ellos mantuvieron sus nuevos puestos de trabajo. Algo olía mal en la decisión del responsable comunitario. Parecía que a la administración educativa del PP le venía muy bien la sentencia para librarse de inspectores que consideraba «peligrosos». Debo señalar que conocía al inspector gallego, tanto porque habíamos coincidido algún tiempo en la Universidad de Salamanca como porque en mis primeros tiempos de director en el Instituto de Novelda, él había sido inspector del centro. Y creo que tenía razón en su protesta.

Dos cuestiones debemos analizar para entender lo sucedido: en primer lugar debemos aclarar que es posible que ese «error» señalado anteriormente tuviera una intencionalidad: algunos sospechábamos que no había una buena relación entre dicho inspector y el nuevo director general de Enseñanzas Medias de la Conselleria de Educación. No merece la pena dar vueltas al tema, pero era evidente que se trataba de un fallo tan simple que no permitía creer en la mera casualidad. Lo curioso de esta situación es que fue el propio inspector quien ofertó después una propuesta para retirarse del recurso.

El segundo punto que necesita un recuerdo es rememorar e intentar comprender por qué, tras la sentencia, actuó así el entonces secretario general de la Conselleria de Educación, personaje que después se postularía para conseller y que acabó como comentarista en televisiones locales. ¿Qué razones le llevaron a actuar de esta manera? ¿Por qué se ejecutaba la sentencia con los nuevos inspectores y no con los afectados por el concurso de traslado?

Al aparecer la sentencia, algunos compañeros, como representantes de un sindicato, mantuvimos una entrevista con él. Fui protagonista de ella y me quedó grabada su imagen: mientras blandía en una mano la copia de la sentencia, nos anunciaba que esta sentencia le permitía tomar las decisiones que quisiera.

Parecía evidente que había un cierto ánimo de venganza, quizás agudizada por el hecho de que este personaje antes había tenido un puesto en la propia delegación de Educación de Alicante.

Es evidente que hubo un cúmulo de actuaciones bastante singulares, palabra que utilizo para evitar susceptibilidades. Y me ha parecido necesario recordarlo ahora, cuando se cumplen treinta años del acceso de estos inspectores, y veinte años de su cese definitivo que tuvo lugar el día 15 de enero de 1996.

Posteriormente, a algunos de aquellos compañeros se les ofertó volver a la inspección: unos aceptaron, otros no, y otros no tuvieron opción a elegir. En todo caso, cada uno tenía sus razones para hacerlo y no seré yo quien las cuestione.

Desde mi puesto de jubilado, pero comprometido con la escuela pública, he querido con estas palabras rendir un sencillo homenaje a mis antiguos compañeros: Pepe, Salva, Vicente, Miguel Ángel, Gracia, Dani, Eliseo, Juan?, así como al resto de compañeros de toda la Comunidad.

Y ahora, sin ánimo de venganza y sin ningún deseo de compensación alguna, ¿podíamos esperar un gesto de la nueva Conselleria?

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