En Cataluña el mensaje de los ultranacionalistas o soberanistas para convencer a los ciudadanos catalanes de que voten por la independencia (a ellos) se apoya fuertemente en las ventajas económicas que supondrá para su población dicha independencia de España, estimando que rondaría 16.000 millones al año que se corresponde con lo que no tendrían que aportar (neto) al Estado. Además de que esa cifra es un disparate en sí misma (véanse los trabajos de Zabalza, De la Fuente, Borrell y otros sobre cálculos de balanzas fiscales), no deja de sorprenderme el reconocimiento de lo profundamente reaccionarios que son los partidos que defienden esta idea. Al fin y al acabo no es mas que la insolidaria postura de no contribuir desde áreas de renta per capita elevada a zonas de menor renta, y además con argumentos como «que los españoles roban a los catalanes», «que en el sur no se trabaja de manera eficiente y viven de subvenciones», etc. Muy similar a los partidos de extrema derecha alemanes sobre la contribución del norte de Europa a los vagos del sur de Europa (los PIGS) o la Liga de Norte sobre el sur de Italia («Roma ladrona», etc.).

Pero en este artículo me gustaría referirme a los argumentos que los economistas proclives a la independencia han facilitado a estos partidos y que el Sr. Mas, el Sr. Jonqueras y la Sra. Forcadell repiten machaconamente. El primero y poco sofisticado es el indicado anteriormente de que los catalanes recibirían un maná por año de 16000 millones de euros. Incluso admitiendo una cifra positiva, esa idea es una falacia porque como bien saben estos economistas han partido de un principio de primero de economía que es la cláusula o supuesto de «Ceteris Paribus», esto es «suponiendo que todo siga igual». Esta idea se utiliza (a veces muy tramposamente) para analizar los efectos del cambio de una variable económica sobre otra partiendo de la idea de que el resto de las variables económicas no están afectadas. Para eso está la Macroeconomía, para resaltar que no es posible y que las variables están interrelacionadas produciéndose múltiples efectos de retroceso. Aquí la trampa es manifiesta, dado que su idea es que con las empresas que hoy existen en Cataluña, con las ventas al resto de España, con la renta que se genera de su PIB actual etc., afirman que la independencia sería positiva para los catalanes (los mismos ingresos pero menos gastos). Sin embargo una ruptura unilateral supondría lo que en economía constituye un shock «negativo» (sistémico) para Cataluña que modificaría sustancialmente el «suponiendo que todo siga igual» de partida. Las repercusiones de salir del mercado español, de la Unión Europea y de la Unión Monetaria serían incalculables para el nivel de bienestar de Cataluña, desde la deslocalización de empresas (de automoción, financieras, de edición en castellano, etc) hasta la pérdida de mercados por los aranceles y tratamiento de país extra comunitario que recibiría desde ese momento y hasta que, como se les ha indicado por líderes europeos, volvieran a renegociar, desde la cola, la adhesión como nuevo país a la UE (lo que dicho sea de paso necesita de una decisión unánime de los parlamentos de otros países y por tanto de España).

Conscientes de ese enorme efecto negativo que tendría de manera inmediata una ruptura traumática de Cataluña con el resto de España, esos economistas han desarrollado un segundo principio de economía para defender la independencia y que últimamente repiten constantemente. Este principio se conoce como el de «consistencia temporal». Básicamente consiste en razonar que una vez se produzca la independencia, el escenario cambia y ambas partes deben intentar «optimizar» la nueva situación, lo que les lleva a la conclusión de que al final España tendría que aceptar dicha situación y facilitar una separación amistosa permitiéndoles seguir en la UE y en UME. De esta forma Cataluña contribuiría positivamente como socio leal (sic) de España y ambas partes estarían mejor. Dado que lo contrario (juego de suma negativa) acabaría dejando peor a todos, la solución cooperativa acabaría imponiéndose. De ahí los desesperados intentos de estos ultranacionalistas por convencer a los ciudadanos españoles (que les robaban) de llevarse bien una vez inicien la separación.

Pero esto es otra falacia dado que a España (y a Europa) lo que le conviene aquí sería una estrategia de «castigo» no solo para evitar contagios en otras zonas de Europa, sino para lograr un período inicial o de partida (tiempo) en el que se produzcan mejoras para España (y pérdidas en Cataluña). Esto es para atraer al territorio español aquellas empresas que se localizaron en Cataluña porque era parte del mercado español y europeo. Baste como ejemplo que los grandes bancos con sede en Cataluña (Caixa y Sabadell) perderían el acceso al crédito del BCE, sufrirían una retirada masiva de depósitos del resto de España y serían tratados como banca extranjera por el mismo BdE, lo que podría provocar una fuerte restricción crediticia para las empresas y familias de Cataluña. Esto sin contar que no tendrían moneda propia, subiría su prima de riesgo para financiar su déficit público etc. Una crisis económica que reduciría su PIB (hoy en torno a 190.000 millones de euros) en un porcentaje muy superior a lo que lo ha hecho la actual crisis. Afirmar que Cataluña es viable económicamente es de nuevo engañar a los ciudadanos catalanes. Claro que lo es, pero el punto importante es que puede serlo pero a un nivel de renta per capita sensiblemente inferior.

Todos sabemos que la separación perjudicará a ambas partes si esta se hace de forma traumática, pero serán los ciudadanos catalanes los que la sufran en mayor medida. El problema es que a estos solo se les cuenta la parte positiva y falsa de la separación que estos líderes iluminados por la construcción de «Cataluña Una Grande y Libre» (¿les suena?), repiten constantemente desde los medios de comunicación adictos al régimen. Han hurtado a los ciudadanos catalanes el análisis elemental de Coste-Beneficio que toda decisión económica y política conlleva.

Como he escrito antes, creo que es un juego de suma negativa, sobre todo en una primera fase que puede durar años, y sería más provechoso para todos seguir en la unión de la España constitucional de 1988 y en el proyecto europeo, que al final diluirá todos los viejos nacionalismos en una nueva identidad que permita superar de una vez la enfermedad del nacionalismo en Europa. Los problemas económicos a los que nos enfrentamos hoy y que sin duda surgirán en el futuro requieren que las energías de este país se centren en resolverlos, en optimizar nuestros recursos en busca del pleno empleo y no en estériles debates sobre la identidad y agravios comparativos imaginarios.