Tribuna

Nuevos retos en la protección a la infancia

11.09.2015 | 04:29

En los últimos años, y con el escenario del incremento de la pobreza en nuestro país como justificación, estamos asistiendo a imágenes y situaciones bochornosas que parecían ya olvidadas: padres recogiendo comida en bancos de alimentos, menores acudiendo a comedores escolares en verano, servicios de catering a domicilio en vacaciones, recortes en la educación, dificultades para proporcionar calefacción, abrigo y libros a los menores en muchas familias. Situaciones que como país deberían avergonzarnos y que han generado situaciones de alarma social.


Sin ir más lejos, en la Comunidad Valenciana se han sufrido recortes muy acusados en educación, sanidad, y sobre todo en el sistema público de servicios sociales, justo cuando el aumento de la demanda por parte de los ciudadanos por el impacto de las políticas de ajuste desbordaba estos dispositivos ya de por sí sobrecargados. La escandalosa reducción en las ayudas económicas a familias acogedoras de menores en situación de riesgo que llegó a situarse por debajo del 50% o la falta de cuidado hacia las familias educadoras, así como la prolongada permanencia de menores en instituciones públicas por falta de recursos familiares alternativos, son lamentables ejemplos de los efectos de las políticas sobre menores que se han llevado a cabo en esta Comunidad. También a nivel nacional, distintos organismos internacionales nos han llamado la atención por la insuficiente protección sobre menores víctimas directas de la violencia de género hacia sus madres.


Recientemente se ha producido una reforma de la legislación que afecta a la protección de menores, desarrollando de manera más amplia conceptos, competencias y procedimientos clave de actuación que la antigua ley tan solo apuntaba de forma muy genérica, pendientes de desarrollar por cada comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias.


La protección a la infancia es una cuestión absolutamente fundamental para cualquier país que obliga a los poderes públicos y al conjunto de la sociedad. No en vano, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, de 30 de septiembre de 1990, recogen de forma inequívoca que: «No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana». Ahora bien, para las administraciones públicas la protección de las personas menores de edad debe constituir una prioridad sin ningún género de dudas. Por ello, es fundamental que el desarrollo de la nueva legislación vaya acompañado de los recursos, servicios, procedimientos y mecanismos necesarios para lograr una protección infantil tan real y eficaz como dice querer promover; lo contrario son brindis al sol. De esta forma, las políticas hacia los menores tienen que situarse por encima de los ajustes presupuestarios, de los intereses partidistas, cambios de gobierno, recortes económicos o intereses mediáticos, siendo capaces de configurar así un sistema de protección fuerte y sólido que atienda fielmente al principio universal de supremacía del interés del menor.


Es necesario, por tanto, que se aprenda de errores pasados para no volver a caer en ellos, articulando un sistema capaz de dar respuesta a las necesidades de la infancia, entendiendo este nuevo momento como una oportunidad de iniciar un proyecto común, compartido por todos, donde se encajen perfectamente todo el entramado de instituciones implicadas en la infancia: Sanidad, Educación y Servicios Sociales, junto con las propias familias, sus menores y la sociedad civil, cuanto menos.


Es imprescindible que todos los ámbitos de intervención con menores contemos con los medios necesarios para poder desarrollar nuestro trabajo y podamos hacerlo con la dedicación que merece, sin estar completamente desbordados como hasta ahora, con la sensación de estar acudiendo continuamente a sofocar incendios sin posibilidad de prevenirlos porque no contamos con el tiempo ni los recursos mínimos necesarios para ello.


Es obligatorio que se desarrollen mecanismos de coordinación y de trabajo en equipo reales entre las diferentes administraciones que faciliten la prevención, el abordaje interdisciplinar y la toma de decisiones. Hasta ahora hemos venido sufriendo la falta de planificación y coordinación de las administraciones públicas, subsanada gracias la voluntad y el empeño de los profesionales, más que por una implicación real en las líneas políticas trazadas.


Y también es urgente, igualmente, que se establezcan dispositivos de evaluación continuados, objetivos y fiables, que permitan la corrección de errores, la planificación, la agilidad en las respuestas de nuevas necesidades así como la evaluación de las problemáticas surgidas ante una población tan vulnerable como son las personas menores de edad. Si todo ello no se pone en marcha, la nueva legislación corre el riesgo de caer en papel mojado y nuestros niños seguirán siendo víctimas directas de las decisiones y errores de los adultos.

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