La incorporación al proceso abierto por los presuntos amaños del PGOU del informe sobre los negocios que el empresario Enrique Ortiz hizo con Bancaja sitúa aún más lejos el fin de una investigación que va camino de convertirse en una de las más longevas de la historia judicial de la provincia, con permiso de la de Mercalicante. Sin cuestionar la decisión del magistrado, cuya función es la de escarbar hasta donde esté en su mano para determinar la verdadera naturaleza de los hechos que se indagan, no estaría de más plantearse un modo de ir poniendo coto a una instrucción que ya se ha prolongado un lustro, sin contar los tres años que anduvo por Orihuela antes de desgajarse la matriz en casi una veintena de causas. La apertura de piezas separadas, como Gómez Bermúdez hizo en el caso de la CAM (que ya cuenta en su haber con una juzgada y sentenciada y otras dos prácticamente acabadas, aunque queden cinco pendientes de concluir) podría ser una solución para evitar prolongar el daño que acarrea arrastrar la condición de imputado durante tanto tiempo, máxime cuando, a tenor de la exposición razonada que el propio magistrado envió al Tribunal Superior, no a todos se les puede atribuir la misma responsabilidad.
