02 de septiembre de 2015
02.09.2015

Parece mentira

02.09.2015 | 03:41
Parece mentira

Parece mentira que un partido político con su penúltimo alcalde en la cárcel por vulnerar la ley, y con el último bajo investigación judicial por supuestamente haberle seguido los pasos a su predecesor, se atreva siquiera a insinuar que el cumplimiento de la legalidad pueda ser perjudicial para la imagen de Torrevieja. Deberían Eduardo Dolón, quien además es vicepresidente de la Diputación y secretario general del PP de Alicante, y Joaquín Albaladejo medir mejor lo que dicen, entre otras cosas porque sugerir que mirar hacia otro lado cuando hay inspecciones policiales e informes técnicos que te marcan el camino puede tener consecuencias penales. Me pregunto si su partido comparte a nivel provincial y autonómico estos planteamientos.
Sé cómo actúa el PP, a qué se ha dedicado y cuáles son sus formas, sobre todo cuando pierden el poder, pero jamás imaginé que sería objeto de controversia política que un gobierno municipal trate por igual a las personas físicas y jurídicas del municipio, que haga cumplir la ley y las ordenanzas y que aplique con el debido rigor las herramientas a su disposición para que quienes están actuando contra el interés general asuman las consecuencias de sus actos. Entre otras cosas porque son la minoría y la mayoría estamos en el otro lado.
A este gobierno no le da igual que un local esté abierto sin licencia, que triplique su aforo legal, que no cumpla los horarios, la normativa de accesibilidad o la de seguridad, que incumpla la legislación sobre contaminación acústica o que, simplemente, como ha sido el caso, se instale un negocio dentro del dominio público marítimo terrestre sin ningún tipo de concesión ni licencia allí donde a un concejal parece que se le ocurrió. No somos jueces, pero tenemos obligaciones legales.
Entiendo el ejercicio de la política desde la obligación de que quienes a su actividad nos dedicamos tomemos decisiones y adoptemos actos de carácter reglado, no como una actividad de representación institucional. Haber ejercido los cargos públicos desde esa concepción, según mi parecer, ha sido el principal problema que ha generado el desgobierno y la ruina de la Generalitat, y en el caso que nos ocupa, de Torrevieja. Como total se trataba de representar a la institución, cualquiera con una aparente cierta imagen ha parecido durante mucho tiempo que podía servir para el cargo, independientemente de sus conocimientos y de su capacidad. Hasta que las administraciones se han colapsado. Estamos en 2015 y en ningún caso puede ser aceptable como norma que las cosas siempre hayan sido así, porque lo único que refleja esa forma de proceder es que siempre se han hecho mal.
Y desde ambas convicciones hemos actuado. Entiendo que haya jóvenes que se quejen, que haya empresarios que se sientan engañados por el PP cuando se les dieron bulas papales verbales, pero lo que no es admisible es que quienes han tolerado y consentido, por acción u omisión, todos estos y otros más desmanes en la ciudad salgan a dar lecciones morales o de imagen. La de Torrevieja resistirá a los peperos y a nosotros, pero lo cierto es que si alguien le ha hecho daño a la imagen de la ciudad, y no poco, ha sido el PP.
Torrevieja es, para bien y para mal, lo que el Partido Popular ha querido que sea después de haber gobernado 27 años. Durante ese tiempo ha manejado presupuestos por un importe de casi 1.800 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Súmenle a esa cifra todas las inversiones supramunicipales que han llegado a la ciudad. Y reflexionen sobre lo que somos y lo que hubiéramos podido ser.
Y a pesar de eso, hemos empezado agosto con más de 8.400 parados, sólo 300 menos que hace un año, aunque es cierto que en 2013 eran casi 9.500. La ciudad, esta y todas, necesita que todos los pasos que se den no admitan marcha atrás, que no sean en falso. Dar seguridad jurídica es también una forma de facilitar la inversión de los empresarios. Todo lo demás, es pan para hoy y hambre para mañana. Creo que no hacen falta más explicaciones después de lo que hemos vivido durante una larga crisis que si algo nos ha desvelado es lo que no debemos volver a hacer.
Pero uno de los problemas de los cambios de gobierno y de entrar a gestionar a mitad del año es que tienes que asumir el presupuesto de otros. En nuestro caso, un municipio de monocultivo turístico, además, lo haces al inicio de la temporada estival. Puesto que las medidas legales adoptadas en beneficio del interés general han sido aplicadas a finales del verano, ojalá sirvan para que el próximo, y nunca más, tengamos que recordar que las leyes hay que cumplirlas.
En un Estado de Derecho, esto es siempre así. Promover lo contrario es convertirse en un antisistema. Es que, si no, además, puedes acabar detenido. O en la cárcel, donde están Hernández Mateo o Carlos Fabra, donde acabará Rafael Blasco y ya veremos cuánta gente más de aquellos tiempos en los que gobernaba el PP. ¿Se acuerdan, no?

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